Respaldan normalistas de Ayotzinapa la decisión de su defensor de salir del país para resguardar su integridad

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Las amenazas contra el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, preocupa a la comunidad de la Normal Rural de Ayotzinapa, informó el dirigente estudiantil, Diego Castro Domínguez, porque dijo que han observado una política de represión y muerte contra los estudiantes, las organizaciones y los ciudadanos que luchan por causas justas.
Consultado sobre las amenazas al abogado que encabeza la defensa de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, tras el desalojo a balazos de estudiantes en la Autopista del Sol, el joven declaró que “es preocupante que estén siendo amenazados”, y lamentó que el trabajo de los defensores avance por caminos contrarios al del gobierno.
“Cuando los defensores de derechos humanos velan por los intereses de los más desprotegidos, al gobierno estatal o federal no le convienen que haya este tipo de personas, que defiendan al pueblo”.
Añadió que está demostrado que el gobierno quiere callar estas voces secuestrando y asesinando, y a las personas que se encargan de defender los intereses del pueblo y de organizaciones sociales, se les criminaliza, se les hostiga y hasta desaparece.
Compartió la decisión del defensor de salir del país, para resguardar su integridad física, que es lo más importante.
Recordó que la represión del 12 de diciembre, donde asesinaron a dos normalistas, fue un fuerte golpe para los estudiantes, pero también para el gobierno del Ángel Aguirre Rivero, porque quedó demostrada su responsabilidad a través de las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Por lo tanto, dijo que llevar esta defensa es, para los integrantes del Centro de Defensa de Derechos Humanos, un trabajo muy peligroso, “y ahora están acosando al abogado para que ya no dé entrevistas y abandone su trabajo”.
Destacó la labor de Vidulfo Rosales y el Centro Tachinollan, que siempre han apoyado y observando a profundidad las demandas sociales, y que se encargaron del caso contra la construcción de la presa La Parota en Acapulco, de las mujeres indígenas violentadas por al Ejército y Ayotzinapa.
Consideró que el Estado no ofrece bienestar, está en contra del pueblo, y lo confirman las amenazas hacia Vidulfo Rosales, “y por lo tanto es conveniente que tengan mejores condiciones de seguridad en otro país”.
Recordó que en 2011, los normalistas también vivieron la amenazas y el hostigamiento de las autoridades, “sabemos cómo se siente, y cualquier acto en contra de los normalistas y los defensores, responsabilizamos al gobernador Ángel Aguirre, él tiene que ver con mucho de las cosas que están pasado”.
Sin embargo, dijo que los sorprendió la noticia porque había un ambiente de calma en la Normal Rural, “pero nos queda esta preocupación”.
Para finalizar, declaró que los normalistas no van a desistir de su demanda de justicia y el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH, “esperemos que en unos días, si no nos dan solución, vamos a comenzar nuevas movilizaciones”.