María Luisa Garfias Marín

Guerrero: ¿el fin de la Comision Estatal de Defensa de los Derechos Humanos?

Han pasado 18 días de la masacre de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos, así como el asesinato de un joven futbolista de Chilpancingo, y en este periodo una multitud de guerrerenses, oaxaqueños, defeños y de otros estados y mexicanos en el extranjero se han unido para exigir justicia, castigo a los responsables intelectuales y materiales y la presentación con vida de los muchachos cuyo delito es haber ido a un lugar donde quien manda es el narco en complicidad con funcionarios. La masacre ha tenido repercusión internacional, tanto que diputadas y diputados del Parlamento Europeo han solicitado que se retrase la firma del acuerdo global con México para renovar en 2015 la liberalización comercial, pues lo primero, dicen, “es reconstruir la confianza en la aplicación efectiva del respeto de los derechos humanos, a lo que el Estado mexicano se ha comprometido a nivel nacional e internacional”. Para ello, dicen, debe pararse la violencia, acabar con la impunidad, castigar a los responsables y urgentemente saber en dónde están los estudiantes desaparecidos. La declaración del Parlamento Europeo no es gratis, los países del mundo conocen que en nuestro país la complicidad de algunos políticos y funcionarios con los grupos delincuenciales es una realidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Red Iberoamericana de Jueces, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y la propia Organización de las Naciones Unidas se han pronunciado por el esclarecimiento de los hechos y han llamado al gobierno mexicano a que resuelva la masacre de Iguala, que se castigue a los responsable y que se acelere la búsqueda de los estudiantes.
En Guerrero, desde el 27 de septiembre, cuando se regó la noticia de los asesinatos, una parte de la sociedad no ha descansado, está al pendiente, está participando, está solidarizándose. Las redes sociales han estado activas, todas y todos en espera de noticia, queremos que los encuentren vivos. La participación de miles en las marchas del 8 de octubre mostró una vez más al pueblo de guerreras y guerreros que salieron a la calle, que llenaron el bulevar, y que repartieron agua y frutas para los caminantes. Marcharon estudiantes universitarios como antaño, habitantes de colonias, sindicatos universitarios, maestras y maestros de la CNTE, mujeres de organizaciones; llegaron organizaciones campesinas, de derechos humanos. Viejas y viejos luchadores sociales nos dimos cita, no podíamos quedarnos en nuestras casas, era el momento de volver.
Mientras nuestras voces han tomado fuerza para exigir justicia, otra, que en otros tiempos habló, ahora se mantiene en silencio, callada, pasando desapercibida, tal vez para no lastimar con su posicionamiento a quién hoy se le acusa de la corresponsabilidad de los hechos ¿En dónde está la Comisión Estatal de Derechos humanos? ¿Acaso desapareció? ¿Acaso es el fin de su autonomía? Se le olvido a su presidente interino que el compromiso de la institución es superior a las ligas que él tenga con el gobernador, aun y a pesar de que sean paisanos, compadres o cuates, y que la institución debería estar acompañando a los estudiantes y familiares de los estudiantes masacrados y desaparecidos e interviniendo para la emisión de una recomendación.
Es verdad, los organismos de derechos humanos fueron creados por el Estado por la presión de la sociedad civil ante las violaciones de los derechos humanos en los años setentas y estos nacieron para proteger a las autoridades, tan es así, que no tuvieron la confianza, ni la credibilidad de las organizaciones defensoras de derechos humanos, y por ello se ciudadanizaron y se les dio autonomía, y en Guerrero este trabajo de legitimización social fue desarrollado durante 24 años por su expresidente, el Licenciado juan Alarcón.
Ya lo decíamos en enero de este año, que la injerencia del gobernador en el nombramiento del presidente interino de la Codehum, violentando la normatividad interna, lo único que generaría sería el control político del ejecutivo sobre esta instancia y debilitaría socialmente al organismo. Espero que el consejo técnico, aún y a pesar de haber permitido dicha violación, mantenga su independencia política y conozcamos su posición de los hechos que hoy enlutan a nuestra entidad y que nos ponen a nivel mundial nuevamente en el ojo del huracán.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!