Marcial Rodríguez Saldaña

Movilización popular por normalistas de Ayotzinapa

Han transcurrido 27 días desde que tres alumnos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón y Julio César Ramírez Nava; un adolescente jugador del equipo de futbol Los Avipones de Chilpancingo, David Josué García Evangelista, el Chofer Víctor Manuel Lugo Ortiz; y una mujer, Blanca Montiel Sánchez, fueron asesinados a mansalva en Iguala; y 43 estudiantes de esa institución están desaparecidos.
1. La responsabilidad que tienen todas las autoridades, del ámbito federal y del estado, es aplicar la justica contra quienes asesinaron a los estudiantes y a otras personas ese 26 y 27 de septiembre en Iguala; no basta con que se haya detenido a los policías que intervinieron en los hechos, debe aplicarse la ley, sancionarse a los mandos superiores, a quienes ordenaron cometerlos, a quienes no tomaron las medidas oportunas para evitar que después del primer atentado se cometiera el segundo, ya que entre uno y otro transcurrieron más de tres horas, tiempo suficiente para evitar la desaparición forzada de los 43 alumnos desaparecidos.
2. La actuación del presidente Enrique Peña Nieto en estos hechos ha sido deplorable, toda vez que su primera respuesta fue desobligarse de la responsabilidad de un hecho de tal magnitud, de un crimen de lesa humanidad, al remitir el asunto a las autoridades de Guerrero y luego, al darse cuenta de la presión de los organismos internacionales protectores de derechos humanos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Organización de Estados Americanos (OEA), Amnistia Internacional, Human Rights Watch y las protestas internacionales, reaccionó tardíamente ordenando la atracción del asunto a las autoridades federales.
3. Por su parte, el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero se mantiene en una posición de incertidumbre ante quienes apoyan el reclamo de justicia de los familiares de los estudiantes asesinados y desaparecidos; algunos senadores del PRD han exigido que renuncie al cargo, y la fracción parlamentaria del PAN en el Senado ha plateado la solicitud de desaparición de poderes, cuya resolución se ha pospuesto para los siguientes días a petición de los senadores del PRI, con el propósito de administrar políticamente este conflicto y ver cuál es el escenario que política y electoralmente les resulte más favorable.
4. En tanto, la exigencia de justicia, de solidaridad se multiplica; en Guerrero se han realizado marchas con la asistencia de miles de personas en ciudades como Chilpancingo, Tlapa, Atoyac, Acapulco, Iguala y Tixtla; lo mismo ocurre en otras partes del país como en el Distrito Federal, Guadalajara, Veracruz, Oaxaca y Michoacán; y en el extranjero, como en España en donde miles de estudiantes, ciudadanos y ciudadanas se manifiestan en las calles exigiendo que se castigue a todos los responsables de estos crímenes y se presente con vida a los estudiantes desaparecidos.
5. El gobierno de Peña Nieto no ha dado los resultados que esperan las víctimas. La investigación para sancionar a los responsables de los crímenes se mantiene estancada sólo en la detención de los policías que intervinieron, pero no ha avanzado hacia los mandos superiores del gobierno municipal de Iguala ni de los funcionarios de los gobiernos del estado y federal. Es incomprensible que, después de 27 días de la desaparición forzada de 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa, el gobierno federal y el gobierno de Guerrero, con todos los recursos a su alcance, no tengan ningún avance respecto del paradero de los estudiantes normalistas. Frente a esta situación, no queda otro camino que mantener la solidaridad con la exigencia de justicia y la presentación con vida de los alumnos desaparecidos mediante la movilización popular.

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