Héctor Manuel Popoca Boone

Reconciliación y reconstrucción estatal (I)

 

En Guerrero hemos tocado fondo. Estamos viviendo en los linderos de la ignominia. El descrédito no es solamente nacional sino mundial. En el pueblo pervive un clima de incredulidad, incertidumbre, miedo, apatía que se enraíza cada vez más en el alma guerrerense. Vivimos un presente sin mayor porvenir. Nada bueno se columbra. Existe una fatalidad como designio y un pesimismo perenne. Para colmo, aparece el divisionismo social.
Cierto, la crisis de gobernabilidad se ha venido gestando desde tiempo atrás. No es coyuntural ni meramente superficial. Es una eclosión institucional de carácter estructural ya esperada. Nuestros cimientos del quehacer estatal están corroídos por el embate constante de la corrupción, simulación, demagogia, inequidad, ineficacia e impunidad, entre otros flagelos, inmunes a cualquier compromiso ideológico.
Soluciones hay, pero a condición de que se emprendan en conjunción y coordinación con el pueblo. El Estado mexicano ha sido desbordado regionalmente por la delincuencia y la buena gobernanza demostró su claudicación. El solo esfuerzo gubernamental no da para más, está entrampado en su propio laberinto enmarañado. La función pública pervertida. Necesario es que la autoridad institucional se acompase con la participación popular para salir de la barranca. Ya hay suma irritación social y es prioridad darle cauce constructivo.
Es imperativa una genuina alianza pueblo-gobierno para extirpar la delincuencia organizada, ahí donde esté, con quien esté y en las fechorías que esté cometiendo. La barbarie y el horror a que han llegado, como en el caso de Iguala, sobrepasan todo lo inimaginable. La complicidad desfachatada de la narco política era lo último que nos faltaba. Todos estamos exigiendo la presencia de los 43 normalistas y el castigo ejemplar a todos los responsables de su desaparición. Sin justicia seguiremos en desolación cívica.
La estrategia de seguridad pública no sólo debe descabezar a las mafias regionales, sino deshacer sus estructuras de sustento, empezando por sus diversas fuentes de financiamiento ilícito, principalmente las montadas en las espaldas del pueblo a base de robos, extorsiones y secuestros.
Con la participación del pueblo podemos. Recordemos que la Policía Comunitaria nació por los altos niveles de delincuencia prevalecientes en las regiones de la Costa Chica y la Montaña a causa de la impunidad que imperaba. La policía institucional de la mañana era la delincuencia sin uniforme de la noche. Entonces, las poblaciones se echaron a andar con sus policías comunitarias y el resultado fue que la violencia y los delitos bajaron en un 80 por ciento.
Liberar a los dirigentes de las policías comunitarias junto con los luchadores sociales encarcelados es un primer paso para la reconciliación estatal.
Insisto, hoy la prioridad es restablecer la seguridad pública en todo el estado porque sin ella todo lo demás será imposible que prospere y fructifique, reforzar la salvaguarda popular con la aplicación de la ley, pero no a la manera de siempre, propia de un Estado de chueco. El pueblo la reclama en forma justa, imparcial, transparente, firme y expedita. En otras palabras, que no siga al servicio del mejor postor o del mal poder.
Es verdaderamente urgente prestar atención a los jóvenes, ampliando desde ya las opciones laborales, educativas, deportivas y culturales a efecto de contrarrestar su reclutamiento por las bandas delictivas.
No está de sobra iniciar, de veras, el real combate a la corrupción que engendra la impunidad y que se retroalimentan mutuamente. Son fuentes de la expansión de la delincuencia y de su capacidad delictiva. El activo monitoreo y denuncia ciudadana, debidamente protegida, acompañada y apoyada por la buena policía de un gobierno honesto ayudarán en mucho a no estar bajo el yugo de los transgresores profesionales de la ley y el orden.
En conclusión, con el pueblo avanzaremos, sin él poco haremos.

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