Demandan audiencia con Peña Nieto padres de desaparecidos; rechazan el informe de la PGR

Se debe corregir la línea de investigación, piden padres y alumnos de Ayotzinapa. Que retome las declaraciones de los sobrevivientes de Iguala y no se les quiera vincular con el crimen organizado, exigen. Por falta de resultados se levantan de la mesa de diálogo con autoridades federales, informan

Lourdes Chávez

Tixtla

Dirigentes estudiantiles de la Normal Rural de Ayotzinapa y padres de familia rechazaron el infome el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, que dice que a los 43 estudiantes desaparecidos se los llevaron porque sus captores los vincularon con la delincuencia organizada, según testimonios de los policías municipales y líderes de la banda delictiva Guerreros Unidos en prisión que están acusados de atacarlos a balazos y llevárselos.
La versión que difundió Murillo Karan dice que el ataque a los estudiantes fue porque se dijo que éstos pertenecían a Los Rojos, banda de la delincuencia organizada rival de Guerreros Unidos, a la que pertenece el ex alcalde José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, y policías al servicio de éstos.
En ese informe, que dio a conocer el miércoles 22, Murillo Karam dijo que la única línea de investigación que actualmente tiene la PGR es la de la delincuencia organizada.
Ayer, en la conferencia de prensa, los padres y estudiantes pidieron que la  PGR corrija esa conclusión y abra otras líneas de investigación. Los padres de los estudiantes desaparecidos demandaron una audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto, par que directamente los escuche.
El papá del alumno Mario César González Cortés denunció que su hijo llegó de Tlaxcala tres meses antes de su desaparición forzada, “y ahora las autoridades dicen que es narcotraficante”.
Advirtió que a casi un mes de esperar resultados los padres están cansados pero dispuestos a hacer lo que sea, si es preciso morir por los desaparecidos, como anunciando acciones de protesta más fuertes, “si vamos a perder la vida por nuestros hijos la ofrecemos, ya basta de burlas, estamos cansados de tantas reuniones y siempre es lo mismo, no hay nada”.
Por la falta de resultados, otro papá que se identificó como Felipe de Jesús informó que este jueves se levantaron de la mesa de diálogo con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Gendarmería Nacional y de la Procuraduría General de la República (PGR) donde les iban a informar de los avances de la investigación sobre los desaparecidos.
Aclaró que no habrá más pláticas hasta que el presidente Enrique Peña Nieto escuche personalmente a los deudos de tres estudiantes asesinados el 27 de septiembre en Iguala, y a los padres de los detenidos-desaparecidos hace 29 días.
En conferencia de prensa, el secretario general del Comité estudiantil, Pedro David García López recordó que los normalistas son humildes, hijos de campesinos y amas de casa que se organizan con la convicción de luchar contra las injusticias y la falta de libertades en el país.
Precisó que los estudiantes fueron a Iguala a recaudar fondos para protestar en la marcha del 2 de octubre por la matanza de Tlatelolco en la ciudad de México, pero el Estado denosta, persigue y mata a quien alza la voz contra las injusticias.
Exigió también que Peña Nieto reconozca que la Normal Rural es un centro de formación de educación en el país, pues hace dos días recriminó públicamente sus acciones de protesta por la presentación con vida de sus compañeros.
Los padres insistieron en que las autoridades saben en dónde están los estudiantes desaparecidos y no quieren decirles, tampoco comprenden por qué les niegan la información.
Reiteraron la demanda de presentación con vida de los 43 estudiantes, a pesar de que la PGR no ha dado indicios de que esto sea posible y sólo los ha buscado muertos en fosas clandestinas.
De la espera, el líder estudiantil explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo al principio que los buscaría con todos sus recursos, pero criminaliza la lucha social al relacionarlos con la delincuencia organizada.
Recordó que exigieron que la federación atrajera la investigación, y a 19 días sin resultados sobre los estudiantes hizo lo mismo que el gobierno estatal: desviar las líneas de investigación hacia la delincuencia organizada, así que los padres y estudiantes no están dispuestos a esperar más.
Demandaron que la PGR corrija la dirección en las líneas de investigación, y retome las declaraciones de los sobrevivientes de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, porque las agresiones son parte del patrón sistemático de criminalización y represión a la Normal Rural de Ayotzinapa desde hace décadas.
“Pero si las autoridades prefieren seguir perdiendo el tiempo investigando a los padres de familia y a los estudiantes, que lo hagan”, ya que padres y estudiantes están dispuestos a colaborar, dijo García López.
En cuanto a la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero y su posible sustitución, los padres de familia aseguraron que no les importa que se vaya ni quién lo sustituya, porque son parte del mismo sistema, tienen los mismos objetivos y no les tienen confianza.
Rechazaron la versión de que los estudiantes, antes de ser atacados, agredieron a los trabajadores de un lavado de autos y a un chofer de los camiones urbanos en Iguala, pero que si hubiera una falta que pagar, “nada justifica” la masacre de tres estudiantes, las lesiones graves a dos y la desaparición forzada de 43.
Recordaron que sigue impune la ejecución de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y de Gabriel Echeverría de Jesús en el desalojo a balazos de una manifestación en la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011.
Entonces como ahora, el gobierno quiso criminalizar a los estudiantes, dirigiendo las investigaciones contra ellos por la explosión de una bomba expendedora en una gasolinería,  y la muerte de un empleado en ese lugar.
Consideraron que, aunque deje el cargo, Aguirre Rivero debe responder por la masacre de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas, así como por las violaciones graves contra estudiantes el 12 de diciembre, los asesinatos de luchadores sociales y la persecución de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en su periodo de gobierno.
En cuanto al llamado del obispo Alejo Zavala Castro a mantener un diálogo tranquilo y en paz con las autoridades, opinaron que es una posición obligada de la Iglesia, pero no puede haber paz sin justicia, y para recobrar la confianza en las autoridades deben de presentar a salvo a los 43 normalistas en la escuela.