Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Xochistlahuaca: la justicia al revés

El vacío jurídico que prevalece en nuestro estado en materia indígena y en el tema de los derechos humanos, es fiel reflejo del atraso y del empantanamiento político y jurídico en el que seguimos atrapados. No sólo no existen leyes específicas que protejan los derechos humanos y de manera particular los derechos de los pueblos indígenas, sino que tampoco hay voluntad política por parte de las autoridades, para avanzar en estas materias. No se visualizan como asuntos prioritarios y estratégicos, mas bien, se les vanaliza y se les subordina a los    intereses de las agendas partidistas.

Mientras tanto, los ciudadanos seguimos inermes ante las acciones de fuerza y de tipo faccioso de las autoridades, somos víctimas de sus abusos, incompetencias y falta de ética. Somos objetos de un sistema de justicia que avasalla impunemente al ciudadano, que no lo respeta en su dignidad y que se pasa por alto sus derechos humanos.

Las reformas legislativas propuestas por algunos diputados, en lugar de proteger los derechos ciudadanos, se empeñan en vulnerarlos, criminalizando el movimiento social que enarbola precisamente, la lucha por los derechos económicos, sociales y culturales de los trabajadores.

Los pueblos indígenas de Guerrero además de cargar con la discriminación, el despojo, la pobreza y el olvido de siglos, en la actualidad prevalece la postura de negarles el derecho a desarrollarse y a autogobernarse como pueblos. Un buen número de autoridades estatales siguen navegando en el limbo, con una visión racista y etnocéntrica, que es propia de los colonizadores. Son los que siempre se ostentan como los que poseen la verdad y los que actúan con soberbia y altanería para ocultar su debilidad e ignorancia. Cuando nos hacen el favor de analizar la realidad de los pueblos indígenas, siempre concluyen de manera “sabionda” que la cultura, las costumbres y las lenguas de estos pueblos son las causas de su atraso y obviamente que no ven otra alternativa más que hacerla de redentores. Sobresale entonces su corazón bondadoso para “civilizar” a los indígenas de manera “ejemplar”; despojándolos de sus territorios, destruyendo su patrimonio, extirpando idolatrías, imponiendo otra cultura y otra lengua, incrustando una identidad estigmatizada, sometiéndolos con leyes extrañas y ubicándolos como un vestigio de la barbarie y al margen de la legalidad que los oprime.

La forma como la Procuraduría General de Justicia del Estado aborda los casos de ciudadanos que pertenecen a un pueblo indígena, es reproduciendo esta visión racista que dista mucho de lo que los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen como principios básicos “los pueblos indígenas tienen derecho al goce pleno y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. El convenio 169 especifica que “al aplicar la legislación nacional a los pueblos indígenas deberán tomarse debidamente en consideración, sus costumbres o su derecho consuetudinario”.

El caso de las autoridades tradicionales de Suljaá  (Xochistlahuaca) que tienen 12 órdenes de aprehensión, por el solo hecho de poner en práctica sus sistemas normativos, es un claro ejemplo de cómo las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia, actúan bajo consigna, de no reconocer ni respetar los sistemas normativos del pueblo amuzgo y al mismo tiempo, desmantelar su gobierno autonómico, a través de la detención y criminalización de sus autoridades. No se buscó tender algún puente de diálogo para resolver de manera pacífica el conflicto, más bien se esperó el momento propicio para atacar con la ley en la mano. No se tolera que los indígenas sean gobierno, que accedan a la justicia de manera efectiva, a través de sus sistemas normativos, que se organizen al margen de los partidos políticos y que mantengan el control de sus territorios.

En cambio si se toleró y se protegió a las autoridades municipales, que en enero de 2001 desalojaron y reprimieron violentamente a los indígenas que tenían tomado el palacio municipal y que en ese entonces demandaban respeto a sus autoridades comunitarias elegidas por usos y costumbres. No es gratuito que los indígenas que fueron víctimas de esa agresión por el hecho de defender a sus autoridades y sistemas normativos, sean ahora considerados como presuntos delincuentes por haber puesto en práctica sus sistemas normativos, que regulan desde hace siglos –antes de que surgieran los estados nacionales– su vida comunitaria. Lo inaceptable es que quienes reprimieron a los indígenas gocen de libertad y de buenos sueldos del gobierno.

Las paradojas e injusticias de un estado supuestamente democrático se expresan en estas acciones justicieras de las autoridades encargadas de procurar justicia, que buscan congraciarse con los que ostenten el poder económico y político en la región, apostándole al miedo y al silencio de la población amuzga indefensa, que aguarda en su corazón y en su mente, el sentido profundo de su lucha, que es por la justicia y la dignidad de los pueblos indígenas de México.