Urgen a especializar a las defensorías de derechos humanos en América Latina

Es necesario garantizar el poder competir con las elites del poder en el diseño de prácticas sociales, considera el director de Derechos Humanos y lucha contra la discriminación de la UNESCO, Eduardo Cifuentes

Aurelio Peláez

El director de Derechos Humanos y lucha contra la discriminación de la UNESCO, Eduardo Cifuentes, consideró que las instituciones y defensorías de derechos humanos en Latinoamérica, que han tenido un papel activo en la promoción de los derechos sociales y culturales, deberían especializarse para poder competir con los especialistas de las élites del poder en el diseño de las políticas sociales.

Esto, para garantizar que en estas se cumplan los derechos sociales constitucionales que avalen la equidad y la dignidad humana.

Cifuentes fue magistrado de Colombia a partir de 1991 y hasta 1999, cuando es designado Defensor del Pueblo, cargo al que renuncia en julio del 2003 para integrarse a la UNESCO, teniendo como oficina París, Francia.

En su país tiene fama de abogado liberal, y antes de abandonar el cargo reclamó al presidente de la República, Alvaro Uribe, su objeción a que la Corte Internacional considere crímenes de guerra en Colombia. Fue presidente de la Comisión Nacional de Valores en su país en 1982, donde evitó que continuaran los autopréstamos bancarios. Recibió varias amenazas de muerte.

El funcionario de la ONU estuvo en este puerto este sábado, donde ofreció una conferencia magistral en la VII Conferencia de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz, exposición con la cual se clausuró al encuentro efectuado por cinco días en este puerto, y al que asistieron representantes de unos 20 países.

Cifuentes recordó que las Defensorías de Derechos Humanos de Latinoamérica están inspiradas en las de Portugal y España, creadas en 1976 y 1978, las cuales tienen como tarea no tanto supervisión de función pública, como la Defensoría en Suecia (de donde saldría el concepto Ombudsman, y que tiene como fin la permanente vigilancia de la función administrativa), sino un principio básico que es que todas personas ejerza la misma libertad y dignidad a partir de lo consagrado en sus constituciones.

El papel de los defensores

En su conferencia, Ciefuegos invitó a los asistentes a reflexionar acerca del papel que cumplen o pueden cumplir los defensores y las instituciones de derechos humanos, sobre todo en los países de Latinoamérica, donde existen problemas de miseria y pobreza, desigualdad social, desempleo, provocados por la liberalización económica.

Afirmó que aquí la labor de las defensorías ha sido buscar preservar el Estado Social de Derecho, que es un concepto que tiene su origen en el constitucionalismo social en México en 1917, donde el Estado se convierte en un titular activo en la consagración de los derechos y en garantizar la igualdad de oportunidades.

En ese sentido, las defensorías no han trabajado sólo en función de la atención a quejas de ciudadanos, sino que se han convertido en órganos de movilización en términos de justicia y participación ciudadana, así como de reivindicación de los derechos sociales y culturales. Así, con esta función, “¿cómo relacionarse con los poderes Ejecutivo y Legislativo, con los tribunales?”, planteó Ciefuegos. ¿Cómo contribuir a efectividad de estas instituciones?”, recordando que éstas tienen como objetivo cumplir con el mandato institucional, en donde se encuentran los derechos humanos, de los cuales no se pueden excluir los derechos sociales y culturales.

Eduardo Ciefuegos destacó que en Latinoamérica, las Defensorías de Derechos Humanos (en el caso de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones y los institutos estatales) han tenido funciones pedagógicas; de mediación; de litigante social; legislativas; de opinión pública y de formadores de opinión.

Así, en estos países, ante el divorcio entre el texto de la ley y su aplicación, y en los cuales describió que se encuentran estados en formación, las defensorías han tenido que convertirse en órganos de impulso a los poderes legislativo, a los tribunales, a los gobernantes y a la sociedad.

Señaló que la labor pedagógica se refiere a la educación en el respeto a los derechos humanos como condición de paz, pues a diferencia de otros países donde estos derechos están interiorizados “en Latinoamérica esto es todavía es un desafío por construir. La educación no es transmisión, sino transformación de comportamiento”.

Las defensorías se han convertido además en mediadoras por su participación en conflictos para atender problemas congénitos o emergentes relativos a la organización para la paz o derechos humanos.

Su labor esencial es en la recepción de quejas, y así han ocupado un lugar intermedio, “su domicilio está entre el poder del estado, de los funcionarios, con los individuos. Rompen la asimetría entre Estado e individuos y practican el magisterio de la persuasión”, y es una institución del pueblo que participa en donde falla el derecho público y en situaciones prácticas”.

Otra de sus funciones ha sido la de litigio, al acudir a los tribunales para que imponga derechos, en una función activa, como ha sido en países como Colombia.

En cuanto a su labor en la formación de opinión pública, esta ha sido importante para consolidar para democracia, sobre todo en donde los medios son controlados por los grupos económicos, y en los cuales los derechos humanos no son tema de agenda. El trabajo de los institutos ha sido decodificar situaciones.

A su vez, han tenido iniciativa legislativa en torno a situaciones como los derechos de los niños, de las mujeres y de los adultos mayores y destacó que aquí, una decisión que se tome en torno a un caso impacta a miles.

“El mandato de esta institución (en cuanto a hacer cumplir los derechos constitucionales) nos obliga a concluir que una actitud de idoneidad es la de ampliar las funciones para hacer cumplir los derechos sociales y culturales”, como ya se ha hecho en la práctica.

Reiteró que la labor de las instituciones de derechos humanos no sustituye a los aparatos de estado, sino que los moviliza para que los ciudadanos puedan acceder a todos los derechos exigibles.

Demandó a las instituciones de defensoría a trabajar de manera sistemática en la demanda del cumplimiento de los derechos, “con todo un repertorio competencial para hacer efectivos estos derechos”, entre ellos la de convertirse en expertos, “para poder dar seguimiento a políticas públicas en materia de derechos humanos y tener un conocimiento experto”.

Ello implicaría la posibilidad de dar recomendaciones en materia de reclamos en derechos en salud, educación, trabajo.

Recordó que en Latinoamérica, el problema es que históricamente las élites del poder controlan el conocimiento experto, pues son formados en universidades extranjeras. Así, diseñan las políticas públicas a favor de los grupos que representan.

Por ello, urgió a las defensorías a hacerse de ese conocimiento, pues “no se pueden dar el lujo de ser ignorantes en conocimientos especializados en políticas públicas, de litigar sin conocer”. Les llamó a crecer internamente, a manejar conocimientos y tener un plan de acción, “porque una política que se resuelve a favor de uno se resuelve a favor de miles, de niños, de trabajadores, de adultos, de mujeres”.