El fallo militar es por homicidio, no por desaparición forzada, aclara la fiscalía especial

Aurelio Peláez

El vocero de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Eduardo Maldonado, afirmó que el fallo de la justicia militar a favor del general Mario Arturo Acosta Chaparro, es en relación al caso por homicidio que siguió la Procuraduría de Justicia Militar, mientras que el delito que persigue el organismo de la PGR es por desaparición forzada.

En entrevista telefónica, Eduardo Maldonado recordó que la investigación de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) comenzó antes de crearse la misma Femospp (por decreto, en noviembre de 2001, aunque entró en funciones en febrero de 2002), la cual depende de la Procuraduría General de la República.

Así, luego del acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer el 5 de noviembre de 2003 como imprescriptible el delito de desaparición forzada, la Femospp asumió nuevas facultades para enjuiciar a los responsables de la guerra sucia, entre ellos mandos policiacos y militares, algunos de ellos en retiro.

En tanto, el proceso militar siguió su curso y un juzgado cuarto de lo militar decidió exonerar a Acosta Chaparro por el delito de homicidio. Sin embargo, el general y ex jefe de la Policía Judicial en Guerrero está detenido en el Campo Militar Número 1, sentenciado a 14 años por su relación con el narcotráfico.

La Procuraduría Militar comenzó la investigación en contra de Acosta Chaparro en julio de 2000, y por el delito de homicidio, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) se declarara incompetente para dar curso a la denuncia que familiares de detenidos desaparecidos presentaron, en relación a la desaparición de 143 ciudadanos en Guerrero.

Maldonado contó que a la Fiscalía que encabeza Ignacio Carrillo, le toca la ejecución de la justicia civil, y que en el caso de Acosta Chaparro y otros militares                                             aún reciben las denuncias.

Recordó que organizaciones de derechos humanos que se han acercado a la Fiscalía han entendido que el militar y el civil son dos juicios diferentes, y señaló que en el segundo caso se estaría en la fase de la integración de averiguaciones.

A partir del acuerdo de la Suprema Corte, la Fiscalía liberó tres órdenes de aprehensión a partir de noviembre en procedimientos que ya tenía integrados.

La primera fue contra el ex comandante policiaco en Guerrero, Isidro El Chiro Galeana, por la desaparición de Jacob Nájera. No obstante, éste falleció en enero, antes de que se ejecutara la captura.

Las otras dos órdenes de aprehensión fueron contra los ex jefes policiacos Luis de la Berreda y Miguel Nazar, por la desaparición de Jesús Ibarra, en Monterrey. El primero de ellos escapó y apenas fue amparado por un juez, y el segundo permanece detenido.