Humberto Musacchio

Entre lo malo y lo peor, una salida

Antes de que su gestión llegue a dos años, a Enrique Peña Nieto se le presenta una crisis de gobierno para la que no hay soluciones sin riesgos. Lo ocurrido a los muchachos de Ayotzinapa ha puesto a la administración federal contra la pared, pues no ha sido capaz de informar dónde están los desaparecidos ni se ha detenido al alcalde fugitivo de Iguala ni a su esposa/cómplice.
La hipótesis que corre es que el gobierno no informa porque si los 43 fueron asesinados el cargo será para el gobierno por su inoperancia; si están vivos –cosa que esperamos– resultará ridículo que no los haya localizado antes un gobierno que cuenta con el Ejército, la Marina y múltiples policías, que dispone de expertos interrogadores/torturadores que bien pudieron sacarle la información a las decenas de detenidos.
Por eso, todo indica que las autoridades están apostando al olvido, a que pasen los días y se vayan apagando las protestas, cese el clamor internacional y el caso deje de aparecer en la primera plana de los diarios y en la parte más destacada de los noticieros de radio y televisión. En esta línea, se trataría de ganar tiempo para tender cortinas de humo, como esa de las fotos de Andrés Manuel López Obrador con el ex alcalde Iguala, gráficas de origen incierto y –como me hace notar un amigo– muy notoriamente trucadas, pues la luz pega a la mujer y el alcalde de su lado derecho y a AMLO desde el izquierdo. Cosas del sol guerrerense.
Es obvio que se está apostando a la desmemoria social, aunque por ahora no parece que los mexicanos vayan a ser víctimas de una súbita amnesia. Lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa es un hecho que desató un movimiento nacional de protesta en el que participan principal, pero no únicamente, estudiantes, pues muy diversos sectores exigen la aparición con vida de los muchachos e incluso desde la clase empresarial se levantan voces que exigen eficacia.
Las sociedades tienen tiempos y prioridades. Si hasta ahora los gobernantes hicieron lo que les dio su real gana, si se realizaron elecciones con resultados dudosos, si pudieron comprar los votos de senadores y diputados afines para despojar a México de su petróleo, lo ocurrido a los jóvenes de Ayotzinapa marca el fin de una era. Amplios sectores sociales exigen justicia ante los hechos de Guerrero, y empiezan a juntarse inconformidades viejas y nuevas.
En medio del rotundo y profundo desprestigio de nuestra clase política urge un golpe de timón. Se hace necesario adoptar medidas que en otros momentos parecerían una locura. ¿Qué medidas? Para empezar, la integración de un nuevo gabinete con personas que gocen de confianza social y ajenas a los partidos, no para pagar favores, sino para afrontar la desgraciada situación actual desde una posición menos desventajosa, con un jefe de gabinete encargado de la diaria gestión, lo que se antoja necesario al haber perdido su carácter omnímodo la institución presidencial.
Habría que cancelar totalmente el oneroso subsidio a los partidos, y desarrollar las campañas electorales exclusivamente en tiempos oficiales de radio y televisión; poner un tope de cien mil pesos a los sueldos de los tres poderes y, de ser necesario, suprimir leyes y convocar a un Congreso Constituyente.
El país ya no está para cataplasmas. Nos hallamos ante lo que hasta hace poco era inconcebible y el cambio lo hace un gobierno civil o serán otros los que vengan a imponer su ley. Seguir en la ruta de hoy es ir al despeñadero, a la disolución de México como nación independiente y soberana.