Es sólo mediático el plan de Aguirre para el abogado de Tlachinollan, dice Abel Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo ayer que el plan de “reacción inmediata” que les entregó el lunes el gobierno del estado, como parte de las medidas de seguridad para el abogado Vidulfo Rosales Sierra, es sólo una reacción mediática del gobierno estatal ante las amenazas en contra del defensor, pero que en los hechos todavía no hay nada real.
Asimismo, en cuanto a las declaraciones de la encargada de despacho de la Procuraduría  General de Justicia del Estado (PGJE), Martha Elva Garzón Bernal, en el sentido de que “hay cosas que no deben salir a la luz pública”, respondió que en toda investigación así es, pero que también se deben de dar a conocer los resultados de la investigación y que hasta ahora no los ha habido.
Barrera Hernández fue entrevistado ayer vía telefónica y confirmó que él estuvo el lunes en la reunión en Casa Guerrero con la encargada de despacho de la Procuraduría de Justicia estatal Garzón Bernal, y en la que estuvo, también el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez; el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Juan Alarcón Hernández y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), Manuel Olivares Hernández.
El director de Tlachinollan dijo que, efectivamente, el gobierno estatal entregó el programa de seguridad para Vidulfo Rosales Sierra, y que ellos, (los del gobierno), piensan que eso es un gran mérito “que les debemos de reconocer”, cuando agregó que es su obligación  garantizar y proteger a los defensores de derechos humanos, y que las amenazas que sufrió el abogado Rosales Sierra es una prueba de que no están cumpliendo con ese deber.
Agregó que las amenazas en contra del abogado, quien ha tenido que abandonar el país, ante la falta de garantías de seguridad para seguir desempeñando su trabajo en el país y en el estado, son responsabilidad del gobierno porque es el que tiene que garantizar la seguridad a los defensores de derechos humanos y a los dirigentes sociales.
Y añadió que si el organismo está acudiendo al gobierno estatal para solicitar esas medidas de seguridad, es por que éstas no se han cumplido con este compromiso de protección a los defensores, pues existe un ambiente hostil y adverso en su contra, como se demuestra con las amenazas a Vidulfo Rosales Sierra.
“El gobierno no cumple con esas medidas de protección, y el programa de seguridad que hoy está proponiendo es una reacción a las amenazas que ya se dieron en Contra de Vidulfo”, dijo el director de Tlachinollan.
Informó que por el momento el organismo acepta esas medidas, “la vamos a revisar para tomarla en consideración”, manifestó y agregó que después darán una respuesta, por lo pronto dijo que no puede responder si les satisfacen o no, puesto que todavía no se han visto los resultados, “apenas es una propuesta, en los hechos todavía no hay nada”.
Barrera Hernández, agregó que el gobierno se quiere sustraer a un compromiso que existe desde el 2007 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recomendó medidas cautelares para 107 defensores de derechos humanos por amenazas similares a las que recibió ahora Vidulfo Rosales.
Recordó que, incluso, Tlachinollan tuvo que cerrar sus oficinas de Ayutla, por esas amenazas que recibieron los miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me pahha (OPIM), desde cuando comenzó este ambiente hostil a los defensores pero que no se cumplieron esas medidas de protección que pidió la CIDH y que por eso se siguen presentando las amenazas, ahora en contra de Vidulfo Rosales.
Sin embargo Barrera Hernández celebró que ahora cuando menos haya una forma de dialogar con las autoridades, pero insistió que su respuesta se enmarca mas en al ámbito reactivo a lo que ya está pasando, por lo que esas medidas que les propusieron “es coyuntural”, insistió.
Barrera Hernández dijo que en términos generales las propuestas del gobierno estatal tienen que ver con la investigación del caso, un sistema de comunicación y infraestructura de vigilancia, mientras que la propuesta de Tlachinollan es la aplicación de un plan más integral y políticas públicas para frenar este ambiente hostil y adverso en contra de los defensores.
En cuanto a la declaración de la encargada de despacho de la Procuraduría de Justicia del estado, Martha Elva Garzón Bernal en el sentido de que hay cosas que no deben salir a la luz pública, que en toda investigación así es, pero que esperan que eso se traduzca en resultados reales. “Eso lo entendemos, si con ello se garantiza que no se distorsione el caso, pero esperamos que se avance en las investigaciones y ver pronto resultados”, dijo.