Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Del dolor colectivo a la renuncia de Peña Nieto

“Que se muevan los sentimientos en favor de la justicia y que se comprometa nuestra inteligencia en la búsqueda de la verdad”, pidió ayer el rector de la UNAM, José Narro Robles, en referencia a la matanza y desaparición de estudiantes normalistas, hecho “que afecta directamente a más de medio centenar de familias guerrerenses, pero que le duele y avergüenza a la nación entera”.
En su discurso en presencia del presidente Enrique Peña Nieto durante la entrega de la Primera Edición del Premio Nacional de Investigación Impulso al Desarrollo de las Finanzas Estatales, Narro Robles aludió a la desigualdad social que se refleja en la salud, la educación, el empleo, la vivienda y en la calidad de vida de los mexicanos, para llamar la atención sobre los enormes rezagos que arrastra el país y que ofrecen el contexto en el que se produjo el ataque de los policías municipales de Iguala contra los estudiantes.
Es un pronunciamiento que Peña Nieto no podrá ignorar, pues recoge y da sentido al clamor expresado en las multitudinarias movilizaciones realizadas antier en todo el país en demanda de la entrega con vida de los 43 normalistas desaparecidos, castigo a todos los responsables e incluso la renuncia misma del Presidente debido a la incapacidad de su gobierno para dar respuestas aceptables a los padres de los jóvenes.
El dolor, la indignación y el coraje por los acontecimientos de Iguala desembocaron ya en una movilización nacional sin precedente en la historia del país, e incluso de mayor dimensión y horizonte que el movimiento social que durante el sexenio de Felipe Calderón encabezó el poeta Javier Sicilia.
La responsabilidad de representantes del Estado en la muerte y desaparición de los estudiantes, desde los policías municipales de Iguala hasta el ex gobernador Ángel Aguirre y otras autoridades federales a las que es posible fincarles cargos por sus acciones o sus omisiones, así como la ineficacia oficial para resolver el caso y encontrar a los normalistas, han provocado la intensificación de las protestas.
Al contrario de lo que acaso haya pretendido el gobierno federal, de administrar el conflicto, dosificar la información extraída de las investigaciones y aplazar un anuncio definitivo sobre el paradero o la situación de los normalistas desaparecidos para ganar tiempo y espacio de maniobra, ha sido el movimiento de los padres, los estudiantes y amplias franjas de la sociedad el que ha ganado fuerza hasta constituir el extraordinario levantamiento ciudadano que antier ocupó otra vez la capital del país y numerosas ciudades, incluidas por supuesto poblaciones y carreteras de Guerrero.
La estrategia y el cálculo oficial han sido despedazados una y otra vez por la indignación social, y no parece ya que el gobierno de Peña Nieto tenga muchas opciones ante la vigorosa inconformidad que recorre la nación. Si la intención de Peña Nieto era cerrar el caso esta semana para que pudiera viajar el domingo con cierta tranquilidad a China y Australia, es muy posible que se vea obligado a cambiar sus planes y quizás cancelar el viaje. Porque la falta de certeza institucional y el desaseo generalizado que rodea este caso han generado tanta desesperación, que el gobierno federal se halla realmente imposibilitado para imponer un carpetazo sin producir al mismo tiempo reacciones de una magnitud insospechada en las calles.
La detención del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, dista mucho de ser la conclusión de la crisis de Ayotzinapa, aun si en el curso de los próximos tres días los peritos argentinos determinaran que los cuerpos encontrados hasta ahora en fosas clandestinas sí pertenecen a los de los jóvenes. Peor todavía si así fuera, pues resulta iluso pretender que dando por hallados los restos de los estudiantes terminarán la indignación y las protestas. Ya no se trata de un asunto criminal ni exclusivamente de justicia, aunque sea todo ello, pues Ayotzinapa marca el punto más profundo que ha alcanzado México en materia de descomposición del orden constitucional, inseguridad pública y corrupción política. Es la gota que derramó el vaso y exhibió la podredumbre que corroe las estructuras del poder público y dio lugar al establecimiento de narcopartidos y narcogobiernos.
En la marcha del miércoles en la ciudad de México, en la que participaron estudiantes de más de 80 facultades y escuelas de universidades e institutos, entre ellas la UNAM, la UAM, el IPN y la Iberoamericana –de acuerdo con el recuento realizado por el diario La Jornada–, se exigió con mucha claridad la renuncia de Peña Nieto. El problema, pues, ha llegado a un punto en el que el cuestionamiento se ha dirigido a la cabeza del Estado mexicano, y no parece que éste pueda reaccionar con simulaciones o estratagemas dilatorias para simplemente desgastar al movimiento y mitigar la ira de la sociedad sin resolver nada de fondo.
La solución del conflicto pasa necesariamente por una cuidadosa y amplia aplicación de la justicia, que haga pagar a todos los responsables, incluso a aquellos que se encuentran agazapados en partidos políticos como el PRD, pero también por la apertura de un proceso de remediación de la vergüenza nacional. Peña Nieto puede encabezar todo esto, o sucumbir al embate de las manifestaciones que sin duda seguirán y crecerán hasta encontrar su propia salida.

Hay de universitarios a universitarios

Con notable sensibilidad, el rector de la UNAM se situó al lado de los normalistas, de las víctimas, pero en Guerrero el rector de la UAG, Javier Saldaña pretende emplear a la universidad como ariete de una estrategia sumamente imprudente y peligrosa impulsada por el gobernador interino Rogelio Ortega, que consiste en movilizar a los universitarios guerrerenses el martes próximo, no en apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa, sino en apoyo al gobernador y en demanda de una paz cuya ruptura esa convocatoria atribuye a las protestas en favor de los normalistas. Según el concepto de esa marcha, el problema en Guerrero no es que maten y desaparezcan a estudiantes, sino que esos hechos desaten la protesta social. Ortega y Saldaña piden la falsa paz de la impunidad, del silencio y abogan por la desmovilización social. ¡Qué vergüenza!

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