Tlachinollan

Iguala es el Estado, Ayotzinapa el pueblo agraviado

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

*La desaparición de 43 normalistas no ha sido esclarecida y se vuelve indispensable que la sociedad demande a una sola voz la presentación con vida de los estudiantes; más aún, es el momento de demandar un cambio profundo en el estado y en el país, para que nunca más un joven sea desaparecido y para que nunca más las instituciones sean instrumentalizadas por la delincuencia organizada.

A 44 días de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, los jóvenes no han sido presentados con vida y persiste el digno reclamo de sus familiares, al que se han sumado, en un solo corazón adolorido, voces de todo México e incluso voces solidarias que claman justicia allende las fronteras.
Frente a la incesante exigencia de que los normalistas sean presentados con vida, el viernes pasado el gobierno federal anunció que tres detenidos habían confesado la ejecución sumaria y masiva de los normalistas, así como el cruento método que habrían empleado para no dejar evidencia de su atroz crimen. Pese a que el procurador general de la República fue claro en señalar que la investigación no había concluido, los grandes medios de comunicación y los poderosos han cerrado filas para propagar una versión según la cual habría sido ya resuelta la desaparición de los jóvenes estudiantes. A ello, sin duda ha contribuido el ambiguo mensaje que el presidente de la Enrique Peña Nieto difundió el mismo día viernes, cuando en una comida con empresarios –y no ante los rostros dolientes de los padres y los madres agraviados que en días pasados le habían reclamado justicia, a quienes aún debe el cumplimiento de la minuta firmada– sugirió que la línea de investigación anunciada el viernes podría ser definitiva.
La respuesta de los padres y las madres no se hizo esperar, pues se difundió el mismo viernes en la Normal Rural de Ayotzinapa, a unos metros de donde se erige el memorial que recuerda a Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ejecutados extrajudicialmente en 2011 por agentes estatales que hoy siguen gozando de impunidad: “ya nos mataron varias veces a los muchachos y ahora nos los quieren volver a matar”, señaló su vocero; “hay que triplicar la búsqueda”, demandó uno de los padres. Y en una nueva muestra de la entereza de estas familias que dan una profunda lección de dignidad a todo México, la voz de la hermana de uno de los estudiantes resonó con claridad: “no nos vamos a cerrar a ningún resultado, aunque sea terrible, pues lo que exigimos es la verdad. Pero sólo confiaremos en pruebas científicas que sean verificadas por las peritas argentinas y por el equipo de expertos internacionales que el Estado se niega a recibir”.
En estas reacciones se vislumbra la inmensa dignidad de los padres y las madres de los normalistas desaparecidos. Hombres y mujeres sencillos que, sin siquiera haberse conocido antes, ahora se tienden la mano cuando el peso de la incertidumbre doblega sus espaldas. Abrazos y gestos de solidaridad entre lágrimas forman parte hoy de la cotidianidad de las familias que muestran, una vez más, cómo la vivencia compartida de las víctimas interpela al poder desde una lógica única de inclaudicable dignidad, y nos exige repensar la acción política y la construcción de esperanza en nuestro devastado país.
Precisamente por ello, el anuncio de la PGR genera tanta rabia. Desde luego, duele la versión propagada por el gobierno federal, aunque como lo saben bien las familias guerrerenses de las miles de víctimas de la guerra sucia y de los años del calderonismo, en casos de desaparición siempre duele más la incertidumbre que se prolonga por años. Pero lo que más indigna es que, ante un caso de magnitudes inconmensurables como es éste, se anuncien resultados no corroborados a causa de un cálculo político que no se ajusta a los tiempos de las familias agraviadas. Y es que la prisa con la que la PGR anticipó resultados no concluyentes se debió más a la necesidad de responder a las presiones internacionales y blindar la gira a Asia del Presidente que a cumplir con la obligación de brindar justicia y verdad a los familiares de los muchachos de Ayotzinapa.
De haber puesto por delante esta obligación y no la fría racionalidad política, el gobierno federal habría esperado a obtener los resultados del Equipo Argentino de Antropología Forense, reconocido mundialmente por su seriedad y rigor en la investigación pericial de casos de graves violaciones a derechos humanos. También habría esperado a materializar las detenciones de quienes la propia Procuraduría identificó y señaló públicamente como piezas clave para esclarecer los hechos, o del resto de las personas que, según la versión del viernes, habrían participado en lo que presuntamente aconteció en Cocula, personas que hoy siguen prófugas. Además, se habría cumplido con la instalación del grupo interdisciplinario de expertos que, en el marco de la asistencia técnica solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Presidente se comprometió a acelerar. Más aún, para que la versión oficial fuese contundente, el gobierno federal habría tenido también que ser consecuente con los calificativos vertidos en la conferencia de prensa sobre el trabajo inicial de la fiscalía del estado y, en congruencia, iniciar las investigaciones para, en su momento, proceder contra quienes, según lo dicho habrían impulsado líneas de investigación sin sustento. Finalmente, para no generar suspicacia, la Procuraduría habría tenido que ser clara respecto del momento de la detención de las tres personas que supuestamente confesaron su delito, pues la fecha mencionada en la conferencia no coincide cabalmente con el inicio de los trabajos de investigación en Cocula. Al no haber ocurrido ninguna de estas situaciones y al ser manifiesto que los tiempos de los anuncios del fiscal de la nación los marca la agenda internacional de Enrique Peña Nieto, se vuelve imprescindible esperar a que surjan pruebas científicas incontrovertibles para dar por resuelto el caso. Mientras eso no suceda, el “vivos se los llevaron vivos los queremos” seguirá resonando con incuestionable legitimidad, y la continuación de la búsqueda en vida se hace indispensable.
Al margen de estas cuestiones, que para los familiares de los normalistas son las determinantes en cuanto a su derecho a la verdad y que por ello deberían merecer total respaldo del movimiento social guerrerense, la sociedad también acusó recibo de varios mensajes de otra índole que se difundieron el viernes. El “ya me cansé” del procurador, que fue resignificado en redes sociales para expresar el hartazgo social ante la impunidad, y la afirmación de que “Iguala no es el Estado mexicano” atizaron la indignación de una sociedad que parece finalmente despertar de su letargo sacudida por el horror de que en México sea posible desaparecer a 43 jóvenes sin que nada ocurra. Y es que los cansados somos nosotros, nosotras; y es que Iguala sí es el Estado mexicano y Ayotzinapa es, hoy, el rostro de un pueblo agraviado, vapuleado por décadas de oprobio y violencia en perjuicio de los de abajo, mientras los de arriba siguen expoliando la riqueza nacional.
La respuesta social fue inmediata. El mismo viernes comenzaron las concentraciones en la ciudad de México, que se replicaron después el sábado y el domingo. En Guerrero, las jornadas de lucha y protesta han sido incesantes. Mayoritariamente, estas reacciones han echado mano al amplio repertorio de acciones propias de la protesta y la desobediencia civil pacífica. Minoritariamente, se han dado otras protestas más confrontativas, expresión de la rabia y la inconformidad surgidas frente a la monstruosidad de lo ocurrido en Iguala, que sin duda todos y todas deseamos no sustituyan a las demandas de justicia, verdad y medidas de no repetición. Llama la atención, no obstante, que en varios sectores estas expresiones generen un severo reproche que antes no les generó, con igual intensidad, la desaparición de los 43 normalistas. La distancia que media entre el silencio cómplice en los días posteriores al 26 de septiembre y el rechazo estridente ante las recientes protestas es un buen parámetro para medir las verdaderas preocupaciones de algunos actores políticos locales y nacionales.
También es una señal del grado de hartazgo que prevalece en un pueblo que, como el guerrerense, vive en un territorio que se ha vuelto una inmensa fosa clandestina. Siendo así, el papel que hasta ahora ha jugado el recién nombrado gobernador del estado es decepcionante y muy menor. En una coyuntura de enojo y crispación, es incomprensible el ataque que ha lanzado a diversos actores sociales cuando carece de la legitimidad democrática de los gobiernos electos en las urnas. Pretender que detrás de las movilizaciones del indignado pueblo de Guerrero se encuentran conspirando el magisterio o los organismos de derechos humanos no sólo denota un preocupante desconocimiento del movimiento social, sino que también evidencia una posición despreciativa frente a la toma de conciencia individual y colectiva de un pueblo harto de la opresión; sorprende que en un gobierno que se proclama de izquierda se expresen las tradicionales posiciones de la derecha, siempre presta a ver en las movilizaciones sociales intereses aviesos, conspiraciones y direccionamiento cupular, en vez de entender que hay momentos históricos en los que la indignación generalizada mueve a grandes protestas masivas, sin que nada ni nadie pueda reclamar para sí la dirección o la instigación.
Para distender el entorno, mejor haría el incipiente gobierno estatal en recoger las genuinas demandas de las víctimas y dejar de lado propuestas ajenas a sus planteamientos, como la manida Comisión de la Verdad que se busca impulsar cuando ni siquiera han concluido las investigaciones; mejor haría en respetar el dolor de las madres y los padres, deteniendo el envío de personeros a la Normal que sólo revictimizan; mejor haría en actuar con madurez y evitar las descalificaciones mediáticas a actores sociales de la entidad para dejar de tensar un ambiente de suyo polarizado; mejor haría si se deslindara e investigara a los narcopresidentes que, como su émulo de Iguala, acaparan al por mayor los ayuntamientos del estado; mejor haría, en suma, si comenzara a dar pasos de genuina distensión promoviendo la liberación de presos políticos del estado, como Marco Antonio Suástegui, Arturo Campos, Gonzalo Molina y Nestora Salgado, entre otros. Después de todo, siendo hoy públicos los excesos de la pareja imperial de Iguala, y siendo evidente para qué sirven las policías municipales de los narcoayuntamientos, ¿Quién puede considerar legítimo el encarcelamiento de las y los policías comunitarios?
Los tiempos que vive Guerrero exigen altura de miras y un compromiso indeclinable con los derechos humanos, desde la perspectiva de las víctimas. Sobre todo, exigen dignidad en un momento en el que el río revuelto propicia la ganancia de los canallas. En este marco, los padres y las madres de los normalistas desaparecidos están dando una lección magistral que confirma que de Ayotzinapa siguen surgiendo los grandes maestros de Guerrero: con respeto, firmeza y dignidad, siguen demandando colectivamente, sin protagonismos, cargando su dolor comunitariamente, la presentación con vida de sus hijos, al tiempo que exigen pruebas científicas para que la verdad se establezca. La luz de los padres y el brillo de las madres, contrasta brutalmente con la oscuridad de los oportunistas que abundan en Guerrero; alumbra la tiniebla en la que nos dejan la venalidad de las autoridades violadoras de derechos humanos y la saña de los señores de la droga.
Contra lo que se dice arriba, Iguala es el Estado y Ayotzinapa es el pueblo agraviado. La desaparición de 43 normalistas no ha sido esclarecida y se vuelve indispensable que la sociedad demande a una sola voz la presentación con vida de los estudiantes; más aún, es el momento de demandar un cambio profundo en el estado y en el país, para que nunca más un joven sea desaparecido y para que nunca más las instituciones sean instrumentalizadas por la delincuencia organizada. La ruta para demandar esos cambios ha sido propuesta por diversas instancias civiles en los últimos días, pero la fuerza para impulsarlas hay que seguir ganándola en las calles. Ahí donde, sumando nuestra digna rabia a la de los padres y madres que siguen aguardando en Ayotzinapa el regreso de sus hijos, seguiremos gritando: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!