Jesús Mendoza Zaragoza

Justicia negada

 Guerrero, Veracruz y Oaxaca han sido considerados por Amnistía Internacional como las entidades en las que la justicia no llega a los pobres, sobre todo a los indígenas, y para muestra tenemos Aguas Blancas y El Charco, masacres ejecutadas por las mismas autoridades, civiles y militares, que aún siguen impunes. Y si estos casos que movilizaron a la opinión pública nacional no han sido suficientemente aclarados y los culpables no han sido llevados ante la justicia ni castigados, ¿qué decir de los miles de casos de crímenes en los que han sido los pobres los agraviados, y no se ventilan públicamente, quedando sin juicios justos ni castigos? Hay que aceptar que la justicia ha sido y sigue siendo negada sistemáticamente a los pobres. Es su pan de cada día.

Los pobres no tienen los recursos necesarios para hacer frente a los agravios que reciben, no pueden pagar servicios de defensa cualificada, tienen que soportar juicios ante jueces vendidos, no están en la posibilidad de resistir procesos sinuosos y retorcidos; en fin, no están en condiciones de “merecer” al menos migajas de las mesas que imparten justicia. En las oficinas del Ministerio Público los asuntos avanzan con dinero porque no tienen ni para papel con el cual elaborar oficios y documentos, agentes y policías mal pagados tienen que completar para cubrir sus necesidades.

Por otra parte, los sistemas de procuración (ministerios públicos, procuradurías y policías judiciales) y de impartición (juzgados) de justicia no dejan de estar vinculados al poder. La procuración de justicia está subordinada al poder ejecutivo, expuesta al manejo político e, incluso, corrupto para salvaguardar intereses de quienes están en los círculos del poder. ¿No es, acaso, ésta una de las explicaciones de la impunidad que aún persiste ante las matanzas de Aguas Blancas y de El Charco? Consecuencia directa es la desconfianza generalizada de la gente hacia todos los que tienen la autoridad para hacer justicia, lo que agrava las cosas.

La negación sistemática de la justicia a los pobres, por incompetencia, por omisión o por corrupción es grave puesto que pone a la justicia al alcance sólo del mejor postor, del influyente y de quien tiene dinero para comprarla. Y sabemos que esta cuestión está íntimamente relacionada con la cultura caciquil que se mantiene en tantos espacios del medio rural y de los sectores más desprotegidos de las ciudades: caciques rurales y urbanos administran a cuentagotas y de manera arbitraria la justicia en sus áreas de influencia. Y es evidente que el sistema político aún vigente en muchas regiones de Guerrero está sustentado en el caciquismo, que aún hace sentir su fuerza.

Así las cosas, hay que atender a las observaciones hechas por Amnistía Internacional, que tocan una llaga muy dolorosa y reclaman un remedio necesario: la democratización de la justicia, de manera que esté al alcance de todos, sobre todo de los pobres.