Fue un riesgo porque el nombramiento era inconstitucional, dice Julio César

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

El magistrado destituido, Julio César Hernández, en entrevista una hora después de conocerse la resolución dijo que este viernes no había sido notificado oficialmente y que no obstante está “contento” porque el fallo no aduce incapacidad para ocupar el cargo.

A pregunta expresa aceptó estar consciente del “riesgo” que corría de ser destituido cuando fue propuesto por una parte de la fracción del PRD.

Rechazó ser “presa” de la pugna interna de la fracción parlamentaria del PRD o que se haya prestado para alguna maniobra del grupo del diputado, David Jiménez Rumbo, y que a sabiendas de que era inconstitucional su nombramiento aceptó ser propuesto en el cargo.

También negó que haya incurrido en un acto de “deshonestidad” profesional, al saber como abogado que no reunía los requisitos.

Y anunció que insistirá en ocupar cualquier cargo público que se presente, como parte de una aspiración legítima, porque dice contar con la capacidad profesional, porque “a diferencia de otros guerrerenses, soy el mejor en ciencias sociales en Guerrero y el que mayor número de reconocimientos tengo a nivel nacional”.

Enseguida aclaró que no tiene ningún rencor al PRD –de ahí lo propusieron y de ahí vino la propuesta para destituirlo– porque en la política hay disenso y consensos y sigue teniendo amigos, como Jiménez Rumbo.

Se buscó al magistrado Raúl Calvo Barrera, pero en el TEE no estuvo y ni el personal de su oficina lo pudo localizar en su teléfono celular.

Calvo Barrera es hijo del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raúl Calvo Sánchez, mientras que Hernández Martínez lo es de Julio César Hernández Serna, un controvertido abogado que ha ocupado diversos cargos públicos en los gobiernos del PRI y es ahora director del Instituto para el Desarrollo de la Empresa Social (INDESS) del estado.

Por su parte, la presidenta del TEE, Olimpia Azecena Godínez Viveros, dijo que la decisión del órgano federal no daña la imagen del TEE, porque quienes eligieron a los destituidos fueron los diputados y ahora corresponde al Congreso hacer nuevos nombramientos en tanto los magistrados supernumerarios entrarán en lugar de los destituidos.

Dijo que el pensar que el nombramiento de los dos magistrados fue una decisión política por servir a un partido “es una visión subjetiva”, porque la destitución obedece en este caso a que no reunieron los requisitos.

Recomendó al Congreso del Estado adecuar ley electoral a la Constitución del Estado y la federal.