Actuar también por el caso de Hernández Cardona, exigen a la PGR desde Washington

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en ingle?s) reprochó al procurador Jesús Murillo Karam la falta de avance en la investigación del asesinato del dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona.
Por medio de una carta firmada por Maureen C. Meyer, coordinadora del Programa de México y Derechos de Migrantes, la organización recuerda que en una misiva anterior le manifestaron al procurador general de la República su indignación por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, el cual fue una consecuencia de los reiterados casos de violaciones de derechos humanos que ocurrieron bajo el mando del ex alcalde Jose? Luis Abarca Velázquez.
Sin embargo, la organización se dijo preocupada por el caso de Hernández Cardona, quien fue encontrado muerto el 3 de junio de 2013 junto a otros dos activistas, y en donde el testimonio de un sobreviviente, Nicolás Mendoza Villa, implicó como responsable del crimen al entonces alcalde Abarca Velázquez.
La oficina denunció que desde esa fecha, Mendoza Villa sufre constante hostigamiento en represalia por su testimonio, por lo que solicitaron al gobierno federal medidas de protección para su seguridad y de su familia.
Recordó que el 30 de mayo de 2013 ocho activistas de la UP, incluyendo a Hernández Cardona y Mendoza Villa, viajaban en una camioneta cuando fueron interceptados y desaparecidos.
El 3 de junio de 2013 los cuerpos de Herna?ndez Cardona y dos otros desaparecidos fueron encontrados en la orilla de la carretera federal con los ojos vendados y señales de tortura. Los otros cinco desaparecidos, entre ellos Mendoza Villa, lograron escapar de sus captores.
Acusaron que la desaparición forzada, tortura y muerte vinieron tras meses de incidentes de amenazas y acoso contra integrantes de la Unidad Popular por parte de autoridades locales de Iguala, en represalia por las actividades de esa organización.
Incluso el 29 de mayo de 2013, día anterior a la desaparición, 11 activistas de la UP presentaron una denuncia ante el Ministerio Pu?blico contra Abarca Vela?zquez, y su esposa y entonces presidenta del DIF municipal, Mari?a de los A?ngeles Pineda, donde manifestaron tener “el temor fundado” de que el alcalde “pudiese ordenar privarnos de la vida”.
Este grupo de 11 activistas incluyo? a cuatro de las personas que fueron desaparecidas después.
La oficina de la WOLA reconoce la detención de Abarca Vela?zquez y su esposa como un avance importante en las investigaciones de la PGR en torno al crimen contra los estudiantes normalistas, pero demanda a la PGR seguir avanzando en la investigación del homicidio de Hernández Cardona y sus compañeros. (Redacción).