Impiden el desalojo de campesinos que invadieron un predio en Zihuatanejo

 Brenda Escobar Zihuatanejo

Habitantes de la colonia Ampliación 3 de Diciembre, ubicada a un costado de la carretera nacional Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, impidieron que policías municipales los desalojaran del lugar, luego de una orden del juez primero penal, José Jacobo Gorrostieta Pérez.

Ayer por la mañana, unos 45 policías preventivos y 15 agentes judiciales, encabezados por el director de Seguridad Pública, Fernando Barrientos Llanes, y el comandante de la PJE, Francisco Javier Cortés Osorio, acompañaron al juez para desalojar las 12 hectáreas, las cuales son propiedad del empresario gasolinero Ignacio González Cuevas.

En 1999, 87 campesinos invadieron 12 de las 26 hectáreas de un predio que –argumentan– “no es de Ignacio González, él ni siquiera es ejidatario ni tiene documentos que comprueben que es dueño, mucho menos campesino; estas tierras son del ejido de Barrio Nuevo”.

Ayer, los policías llegaron con máquinas y vehículos y empezaron a derribar una casa que no estaba habitada, y después se dirigieron a la escuela primaria, cuya construcción es un pequeño cuarto de madera y techo de lámina de cartón, de donde sacaron a los niños y los pupitres.

En tanto, en parejas o en grupos de tres, los policías se dispersaron por todo el predio en la espera de la orden para proceder al desalojo.

Las mujeres, al ver a los agentes formaron una valla humana para impedir que derribaran la escuela y acusaron a los policías de haber causado “un daño psicológico irreversible a los niños, porque los espantaron y se fueron llorando”.

La señora Lucía Molina consideró que la manera de actuar de los policías “no es la correcta, debieron de habernos avisado, no nomás llegar así como lo hicieron”.

El representante de los presuntos invasores, Guillermo Martínez, y algunos hombres se apartaron para platicar con el apoderado legal del empresario González Cuevas, José Luis Cuevas Agüero, y después de algunos minutos acordaron que la diligencia se suspendería hasta dentro de dos meses, mientras el Tribunal Unitario Agrario resuelve la controversia, “y nosotros nos vamos a salir de manera voluntaria”.

Al llegar a este arreglo temporal, los jefes policiacos y demás autoridades se retiraron.