Tlachinollan

El despertar de una sociedad agraviada

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

*El dolor por la desaparición de los 43 normalistas ha gestado un movimiento para luchar por un cambio de fondo, para acabar con una forma de gobierno que se ha coludido con el crimen organizado y para impulsar la democratización de las instituciones.

Nada volverá a ser igual en nuestro país después de la fatídica fecha del 26 de septiembre, cuando policías municipales de Iguala y de Cocula arremetieron contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, asesinando a tres de ellos, a tres civiles más y desapareciendo a 43. Para la sociedad este agravio descomunal es el punto de quiebre con una clase política decadente que se sostiene bajo la égida del crimen organizado. La ausencia de estado de derecho cavó la tumba de miles de mexicanos y mexicanas que fueron víctimas de la violencia criminal. El uso faccioso de la ley institucionalizó la corrupción y mercantilizó la justicia., dejando en total indefensión a la población mayoritariamente depauperada. La impunidad sigue siendo la principal arma de protección para las autoridades que están acostumbradas a gobernar violando los derechos humanos. Los acuerdos entre las cúpulas partidistas, para imponer reformas constitucionales tendientes a fortalecer el modelo privatizador de un estado gerencial, truncaron cualquier posibilidad de sentar las bases para una real transición a un estado democrático. El desmantelamiento del Estado social y el abandono del nacionalismo revolucionario abrió el camino al proceso de desnacionalización y privatización de nuestros recursos estratégicos, dejando a la deriva los principios centrales de la carta magna de 1917: justicia social, igualdad y derechos políticos.
La apertura comercial metió a nuestro país en la ruta de la economía criminal y del lavado de dinero. El mercado global contempló a México como una plaza estratégica no solo para el paso de mercancías de los países ricos, sino para el trasiego de drogas hacia el país vecino. Ante este mercado cautivo, los cárteles de la droga se consolidaron en México y lograron asumir el control territorial en varias regiones del país con la complicidad de las autoridades civiles y militares. La guerra contra el narcotráfico impulsada desde la firma del tratado del libre comercio devino en una guerra de contrainsurgencia ante el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que vino a poner en jaque al estado mexicano por el riesgo que se corría de no poder implantar megaproyectos dentro de las regiones indígenas, donde se encuentran las riquezas naturales más codiciadas por el capital trasnacional.
Mexico quedó a la deriva ante el vaivén de los mercados financieros y se supeditó a las políticas macroeconómicas. Su desarrollo pende ahora de la llegada de capitales y de la venta del patrimonio nacional. Esta situación ha intensificado el despojo, la expoliación, el fraude, la rapiña, el hurto y por ende, la precarización de la vida en el campo y la ciudad. Los saldos son fatales por la monstruosa desigualdad, la extrema pobreza, la anulación de oportunidades a los jóvenes para que puedan estudiar y entrar al mercado de trabajo, la inviabilidad de una vida digna en el campo y la alta criminalidad que se enseñorea en las regiones más marginadas del país.
La incubación de la violencia tiene su terreno fértil en un gobierno impune y depredador, coludido con el crimen organizado y afianzado por un aparato represivo hecho para contener a los movimientos sociales que increpan al poder. El mapa delictivo que maneja el estado no ve como focos rojos o puntos de alto riesgo a las bandas del crimen organizado, porque no representan una amenaza real al status quo, sino a las organizaciones de base que luchan por un cambio estructural que revierta esta espiral de violencia generada por las políticas macroeconómicas y las acciones delincuenciales de los gobiernos.
Esta devastación de la vida pública y la aniquilación del estado de derecho han hecho de México un país de personas desparecidas, asesinadas y enterradas clandestinamente. Un país de víctimas que sucumben ante la violencia del estado y la violencia delincuencial. Lo que impera en nuestra sociedad es el narco poder. Tenemos que soportar a gobernantes que ponen al servicio de la delincuencia buena parte de las instituciones, para hacer más lucrativo el negocio de la política y para afianzar su poder más allá de su período de gobierno. Las y los ciudadanos son los que mejor saben cómo se han urdido candidaturas y cómo se han hecho del poder varios gobernantes, lo peor es ser rehén de sus tropelías y acciones delincuenciales. Su felonía, su codicia, sus tendencias criminales y su autoritarismo impune.
Son innumerables los daños que las autoridades de los tres niveles de gobierno han causado a una población inerme, inmovilizada por el miedo y sumida en el dolor. En cada municipio de Guerrero hay historias de horror que las familias suelen callar para ponerse a salvo. Hay desaparecidos que sus familiares han dejado de buscar porque los perpetradores tienen el control de las instituciones y tienen el poder de las armas para acallar cualquier denuncia o intento de búsqueda. En decenas de comunidades son más las personas asesinadas que están en fosas clandestinas y que no saben de su paradero, que el número de personas que mueren cada año en las comunidades.
Guerrero históricamente es un territorio poblado de cruces que nos hablan de la violencia añeja, lo más cruento es que ahora no hay señales convencionales que nos indiquen algo sobre estas muertes violentas. Todo se mantiene oculto, fuera de la comunidad, en los cerros, las cuevas, los basureros y barrancas. Son en esos lugares donde los familiares tienen que revisar los hundimientos de tierra para buscar a sus hijos o esposos. No hay siquiera el derecho a saber dónde se encuentran enterrados los cuerpos de sus seres queridos. Las autoridades están supeditadas a los dictados de los jefes de la plaza, por lo mismo, nunca estarán del lado de las víctimas, ni les ayudarán a buscarlos, porque saben que está de por medio su seguridad y su vida misma. Todo tiene que quedar bajo tierra, y por lo mismo, no hay derecho a reclamar cuerpos, a expresar el dolor y a enterrar dignamente a sus seres queridos.
La tragedia que desde hace décadas venimos arrastrando en Guerrero sigue hundiéndonos en el dolor y la indignación. En todo momento las y los guerrerenses hemos luchado de diferentes formas para parar estas acciones delincuenciales de los gobernantes, sin embargo, no ha sido posible revertir esta vorágine devastadora.
Hoy la sociedad mexicana ha asumido como propio el dolor de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos. Ha tomado las calles para juntar los silencios y gritar con toda la fuerza de su dolor que nos hacen falta 43. Que en verdad hay miles de desaparecidos que se buscan en nuestro país pero que los gobiernos los han ignorando. Por eso los padres y las madres de los estudiantes normalistas no cejan en su lucha por encontrarlos vivos, no descansan ni se vencen. Ya no están dispuestos a acatar pasivamente los informes y las investigaciones de las autoridades federales, sobre el paradero de sus hijos. Están puestos no solo para recorrer el país y juntar todo el coraje y la indignación de cientos de familias que comparten este sufrimiento, sino para convocar a la sociedad en general para ir en su búsqueda, para encontrarlos y saber la verdad.
En la medida que pasa el tiempo, para los papás y mamás de los 43 estudiantes el sufrimiento es inenarrable. No puede haber fecha que se pueda postergar para continuar con las mismas inercias de la búsqueda, por eso han increpado a las autoridades por la carencia de un plan de búsqueda basado en tecnologías de punta. Este tiempo de dolor por la desaparición de los jóvenes ha permitido gestar un movimiento de solidaridad que ha asumido que “todos somos Ayotzi” y que en este acuerpamiento se condensa la fuerza para luchar por un cambio de fondo, para acabar con una forma de gobierno que se ha coludido con las bandas del crimen organizado. La juventud de México de nueva cuenta ha tomado las calles para desenmascarar a los gobiernos autoritarios y corruptos y para impulsar la democratización de nuestras instituciones. Es una lucha renovada, creativa, pacífica, que busca desmontar esta partidocracia y ya no permitir que se sigan reciclando políticos vetustos que son los responsables de esta tragedia. La sociedad mexicana ya no se hará rehén de la delincuencia ni dará marcha atrás a lo que hasta ahora ha logrado; parar a los políticos que han pactado con los grupos delincuenciales, contener la avalancha criminal y sobre todo dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas. Nada amedrentará a esta juventud indómita que ya no está dispuesta a ceñirse a los dictados de la clase gobernante, ni a vivir atemorizados por las acciones represivas y persecutorias, como las del pasado 20 de noviembre. Esta fuerza imparable de la juventud es para exigir la presentación de los normalistas, para demandar castigo ejemplar a las autoridades responsables de estos crímenes y para acabar con el narco poder y la mafiocracia.