Humberto Musacchio

Ante la crisis, desmesura y frivolidad

Es una vergüenza que la Cámara de Diputados se haya tardado dos meses para discutir el caso de Ayotzinapa y la crisis que detonó con la muerte de seis jóvenes y la desaparición de 43 normalistas. El poder Legislativo vive en otro tiempo, al margen de la historia y lejos de los electores.
Una muestra de ese desapego por los intereses populares la ofreció el diputado priista Leobardo Alcalá, un espécimen más propio de la zoología que de la política, ejemplar de la más baja ralea del cinismo, quien pretendió desde la tribuna de San Lázaro deslindar a su partido de la responsabilidad que le cabe en el caso Ayotzinapa.
Nunca, ni siquiera durante el nefasto alemanismo, los gobiernos del PRI habían llegado a los extremos apátridas del presente, cuando se ha puesto en subasta el patrimonio nacional con el voto de diputados que reciben groseras canonjías por la venta de nuestra riqueza. Por eso, no es extraño que de los bajos fondos del priismo salga la voz del diputado de marras, quien pretende exculpar a su partido por los hechos de Iguala, donde el PRD carga con una inmensa responsabilidad, pero los priistas no son inocentes.
Si el PRD es responsable de lo ocurrido en Iguala, el gobierno federal priista debe responder por el desastre que afecta a toda la nación, pues la muerte se ha enseñoreado de amplias regiones del México gobernado (es un decir) por el PRI. En el colmo de su vocación coprofágica, ampliamente divulgada por la televisión mercantil, Leobardo Alcalá defendió la corrupción que rodea el asunto de Casa Blanca de las Lomas, donde apenas un 13 por ciento cree en la versión oficial, mientras que la inmensa mayoría de los mexicanos sabe que ahí existe un conflicto de intereses del que pueden desprenderse responsabilidades punibles.
Pero la perorata de un porro no puede hacernos olvidar que los mexicanos estamos inmersos en la más profunda crisis política de muchas décadas. No somos pocos los opositores al proyecto de nación mutilada que se nos quiere imponer desde el más alto cargo de la República. El caso Ayotzinapa ha destapado una crisis sobre la cual había transitado el país. Hoy ya no es posible soslayarla.
La actuación de provocadores al final de las marchas, la represión indiscriminada de la policía capitalina contra hombres, mujeres, ancianos y niños, las detenciones arbitrarias, el remitir a los detenidos a cientos de kilómetros de la ciudad de México, el doble discurso frente a la protesta y la colosal ineptitud de las autoridades de todo rango están metiendo a éstas en un callejón sin salida.
Ante la amplísima movilización social que sacude al país, las autoridades están apostando a lo de siempre: campañas de desprestigio en los medios, autismo que insiste en que aquí no pasa nada grave, represión policial, un Ministerio Público servil y canallesco, jueces a modo y el afán de ganar tiempo. Ya pasaron dos meses de los asesinatos y desapariciones, viene diciembre y con él los aguinaldos, despedidas, compras, fiestas y vacaciones que seguramente implicarán una drástica disminución de la protesta.
Pasado el puente Guadalupe-Reyes se reanudará el movimiento, pero se especula que volverá con menos energía social, y si no, ya se preparan las macanas y toda la parafernalia represiva. Quienes así ven el futuro inmediato ignoran que la represión tiene un alto costo, y que este gobierno no puede pagarlo, no tiene con qué, y en eso pone en riesgo su viabilidad. Ojalá lo tengan presente quienes deciden.