Buscan desalentar la protesta social con violaciones a garantías de los detenidos el 20 de noviembre, alertan

Agencia Proceso

Ciudad de México

La red Global #AYotzinapaSomosTodos condenó el uso excesivo de la fuerza pública y las violaciones a las garantías penales de los detenidos el jueves 20 de noviembre, cuyo objetivo es, denuncia, “desincentivar y reprimir la protesta social”.
A través de una carta abierta a la opinión pública del mundo, los activistas señalan que las movilizaciones recientes son un reflejo de la indignación ciudadana y una forma de exigir justicia, ejercer el derecho a la libertad de expresión y el derecho de asociación y “la respuesta que el Estado ha tenido frente a estas manifestaciones ciudadanas pacíficas, es preocupante”.
El uso excesivo de la fuerza, la participación de policía antimotines y las violaciones a las garantías penales de los detenidos, señala, parecen estar dirigidas a desincentivar y reprimir la protesta social “poniendo en peligro la integridad de muchos manifestantes pacíficos”.
Y el descredito hacia las fuerzas de seguridad y del sistema de justicia, afirman, se agravan con las detenciones arbitrarias del pasado 20 de noviembre.
Los activistas señalan que los 11 detenidos — Ramón Dominguéz Patlán, Atzín Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Laurence Maxwell Ilabaca, Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez, Hillary Analí González Olguín, Liliana Garduño Ortega; Hugo Bautista Hernández; Tania Ivón Damián Rojas y Roberto César Jasso del Ángel—han enfrentado un proceso “plagado de irregularidades” al ser consignados.
Por ello exigen que se les restituya su libertad en un proceso justo y cerca de esta ciudad y no en las prisiones lejanas a las que han sido trasladados, donde carecen de una cobertura legal adecuada.
La red alerta a los gobiernos, opinión pública y organismos internacionales del riesgo que implica la criminalización y represión de la protesta civil en México
“Además de violar los derechos de expresión política de los ciudadanos, el uso de la fuerza estatal no es la vía para solucionar los conflictos por los que atraviesa el país, y únicamente ahondará en la violación de los Derechos Humanos y en la confrontación entre ciudadanos y gobierno, señala la red.
La carta de la red empezó a circular el 22 de noviembre tras las manifestaciones multitudinarias del 20 de noviembre. A través del sitio https://ayotzinapasomostodos.wordpress.com/carta-contra-represion/ se puede leer en alemán, español, francés, inglés, italiano y portugués.
Tras su lanzamiento, en menos de 48 horas, más de 10 mil personas, ciudadanos mexicanos y extranjeros de diversas profesiones la firmaron entre ellos: los críticos de la cultura y académicos Benjamín Arditi, Eduardo Buscaglia, Judith Butler, Néstor García Canclini, Adolfo Gilly, Andrea Giunta, Alfredo López Austin, Cuauhtémoc Medina, Gabriela Polit, Rossana Reguillo, Nelly Richard, Suely Rolnik y Diana Taylor.
También activistas y periodistas como Lydia Cacho, Guillermo Osorno, Sopitas o Alejandro Vélez; así como escritores y artistas visuales como Eduardo Abaroa, Carlos Amorales, Carmen Boullosa, Junot Díaz, Vicente Rojo o Doris Salcedo.
El colectivo que rubrica su carta con la frase “Yo no me cansaré” también anunció que a través del sitio web referido, este jueves colgarán un video en el que personas de varios países darán lectura a la carta en su idioma para expresar su repudio por la criminalización de la protesta.
Titular de SSPDF debe rendir cuentas por represión: Artículo 19

Por otra parte, en una carta abierta dirigida a Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), el coordinador del programa global de protección de Artículo 19, Ricardo González, exige que el gobierno capitalino transparente el proceso de decisión que desencadenó la represión policíaca de la manifestación del 20 de noviembre en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero.
En su misiva, publicada en el portal Animal Político, González pide a Almeida que exponga los motivos de no advertir a los manifestantes que los granaderos estaban por desalojar el Zócalo capitalino, “como dictan los estándares internacionales en la materia”.
Al no hacerlo, la SSPDF “puso en riesgo la integridad física de las miles de personas que se encontraban ahí y pudo haber ocasionado una estampida o algo peor”.