Ayotzinapa, fruto de la colusión de 10 años de la clase política con el narco, dice informe

*Ángel Aguirre entró en una “colusión absoluta” con todos los grupos criminales, sostiene el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Zeferino se alió con El Chapo contra los Beltrán, afirma con base en fuentes militares. En su diagnóstico Guerrero: atrapados en el círculo de la violencia, publica una lista de 25 alcaldes que han sido involucrados. “Los comicios de 2015 podrían reducirse a una elección entre los peores”, dice y menciona señalamientos contra Ríos Piter, Sofío Ramírez, Manuel Añorve, Mario Moreno y Cuauhtémoc Salgado

Redacción

En Guerrero no son 12 sino 25 los alcaldes y ex alcaldes señalados por estar coludidos con grupos criminales, y también el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, senadores, diputados, políticos, ex funcionarios y candidatos a la gubernatura, sostiene el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que preside el abogado José Antonio Ortega, en el diagnóstico Guerrero: atrapados en el círculo de la violencia.
Acerca del ex gobernador Aguirre Rivero, el documento afirma que “el problema de Guerrero es que Aguirre dejo? correr a todos los grupos criminales y de todos recibió dinero”.
También alude al ex gobernador Zeferino Torreblanca y asegura que “se alineó con El Chapo y contra los Beltrán, pero Aguirre a todos les dio jugada”.
“La desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala y el asesinato de seis personas más no es un hecho extraordinario e inesperado, sino la lógica consecuencia de la larga tradición de violencia que Guerrero ha sufrido, pero que se agravó en los últimos diez años como consecuencia de la colusión de la mayor parte de la clase política local con los grupos criminales y de la feroz pugna entre facciones políticas, sobre todo en el seno de la izquierda, la cual está por cumplir una década en el poder”, señala el estudio.
En la lista están 13 alcaldes perredistas: de Apaxtla, Efraín Peña Damacio; de Tixtla, Gustavo Abarca Alcaraz; de Leonardo Bravo, Leopoldo Cabrera Chávez; de Heliodoro Castillo, Mario Alberto Chávez Carbajal; de La Unión, Crescencio Reyes Torres; de Mochitlán, Cevero Espíritu Valenzo; de General Canuto A. Neri, Eleuterio Aranda Salgado; de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares Salgado; de Coyuca de Catalán, Rey Hilario Serrano; y de Marquelia, Javier Adame Montalván.
También 11 priistas: de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana; de Taxco, Salomón Majul González; de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos; de Chilapa, Francisco García González; de Eduardo Neri (Zumpango), Ignacio Basilio García; de Huitzuco, Norberto Figueroa Almazo; de Olinalá, Eusebio González Rodríguez; de Quechultenango, Antonio Navarrete Cortez; de Zihuatanejo, Eric Fernández Ballesteros; de Arcelia, Taurino Vázquez; y de San Luis Acatlán, Alejandro Contreras Velasco.
Completan la lista el alcalde panista de Tepecoacuilco, Antonio Galarza Zavaleta; el ex alcalde interino perredista de Huamuxtitlán, que renunció en 2012, Juan Carlos Merino González, y sus compañeros de partido ahora presos, los ex alcaldes de Iguala y Cuetzala, José Luis Abarca Velázquez y Feliciano Álvarez Mecino.

Choque de cárteles

El documento del organismo independiente dividió las confrontaciones por el narcotráfico en tres fases principales: de 2005 a 2007 por el choque del cártel de los Beltrán Leyva con el Cartel del Golfo y Los Zetas; de 2008 a 2010 entre los Beltrán Leyva y Joaquín El Chapo Guzmán; y de 2011 a la fecha como “la más violenta” porque es “una fuerte guerra de todos contra todos”, sumándose otros como Los Templarios y la Familia Michoacana.
Por sus vínculos con el cártel de Guerreros Unidos, señaló al ex alcalde de Iguala y a los de Cocula, Apaxtla y Taxco; en colusión con Los Rojos marcó a los de Tepecoacuilco, Chilpancingo, Chilapa, Zumpango, Tixtla, Huitzuco, Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo y Olinalá; y a los de Quechultenango y Mochitlán con la banda de Los Ardillos, grupo fundado por la familia del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez.
Afirma que a La Familia Michoacana la protegen los alcaldes de General Canuto A. Neri, Teloloapan, Arcelia y el ex alcalde de Cuetzala; que el de La Unión protege a Los Granados y al Cártel de Jalisco Nueva Generación, y el de Zihuatanejo a Los Granados.
También asegura que el alcalde de Coyuca de Catalán es investigado por indicios de su vinculación con Los Caballeros Templarios; que la policía de San Luis Acatlán está “comprada” por La Barredora “con la complacencia del presidente”; al de Marquelia lo vincula con el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), y al ex alcalde de Huamuxtitlán con Los Zetas.
“El gobierno del presidente Peña al parecer no comprende la gravedad y alcance de la crisis de Guerrero, que se ha convertido en una crisis nacional con repercusiones internacionales”, critica en alusión al decálogo de seguridad presentado el jueves en el Palacio Nacional.
Ayer la asociación civil publicó en su portal de internet el informe en el que detalla los señalamientos contra cada uno de los alcaldes y ex alcaldes, con base en “testimonios de testigos privilegiados”, fuentes de información pública y notas publicadas en periódicos nacionales, locales y El Sur.

Clase política, aspirantes y ex gobernadores

“La descomposición abarca a la mayor parte de la clase política local. Incluye a senadores, diputados federales, diputados locales, dirigentes de los partidos políticos y, por supuesto, a Ángel Aguirre y sus colaboradores”, resume, y considera alarmante que la mayoría de los políticos que aspiran a la gubernatura también son objeto de señalamientos.
Entre ellos considera a los senadores perredistas Armando Ríos Piter y Sofío Ramírez Hernández. Ríos Piter por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Rogaciano Alba Álvarez y El Chapo Guzmán, y Sofío Ramírez porque como priista fue responsabilizado en 2009 por el asesinato del alcalde suplente de Zapotitlán Tablas, Alfonso Cruz Rivera, del alcalde José Santiago Agustín en 2010, del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz en 2011 cuando ya era funcionario perredista de Aguirre, y porque en octubre de este año en unas mantas colgadas en Chilpancingo lo señalaron por vínculos con Guerreros Unidos y de estar implicado en la matanza y desaparición de Iguala.
También señala al ex secretario de Salud y fugaz candidato de Morena a la gubernatura, Lázaro Mazón Alonso, y al diputado federal perredista Sebastián de la Rosa Peláez por ser padrinos políticos de José Luis Abarca, al dirigente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, por apoyar al Cártel de Jalisco Nueva Generación y sus aliados Los Granados, y al presidente del Congreso local por ser familiar de Los Ardillos.
De los aspirantes priistas recuerda que en 2010 el diputado federal Manuel Añorve Baños fue relacionado con los Beltrán Leyva y que en octubre asesinaron a su suplente en el Distrito Federal; que el alcalde de Chilpancingo es señalado por “estar al servicio de Los Rojos” y ordenar el atentado contra el empresario Pioquinto Damián Huato; y que al dirigente estatal, Cuauhtémoc Salgado Romero, los perredistas lo responsabilizaron por los atentados contra militantes en mayo de 2009 previo a las elecciones, junto con Rogaciano Alba.
“Los comicios de 2015 podrían reducirse a una elección entre los peores, a una mascarada para definir cuál de los políticos coludidos con los grupos criminales será el próximo gobernador. Pero esa mascarada podría ser sangrienta”, alerta.
Recuerda que desde 2008 han sido asesinados 11 alcaldes y ex alcaldes, el diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y el presidente del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, y que en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo 46 perredistas fueron asesinados, y en el de Aguirre Rivero otros 13 líderes sociales.
En el informe califica al gobierno de Aguirre como “la colusión absoluta con los grupos criminales”, porque “la violencia terminó de desbocarse”, los delitos violentos se dispararon, las “bajas colaterales” de inocentes aumentaron y fue porque dio “carta blanca a todos”; además, recordó que en repetidas ocasiones fue señalado como primo del jefe del Cártel Independiente de Acapulco, Víctor Aguirre.
“Mandos del Ejército, cuyas informaciones privilegiadas y juicios suelen ser confiables, nos comentaron: el problema de Guerrero es que Aguirre dejo? correr a todos los grupos criminales y de todos recibió dinero; a todos les vendió la plaza. Zeferino se alineó con El Chapo y contra los Beltrán, pero Aguirre a todos les dio jugada”, asegura el documento.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal estuvo vinculado con la arquidiócesis de Guadalajara cuando la encabezaba el cardenal, Juan Sandoval Íñiguez, con quién defendió que el asesinato en 1993 del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo no fue fruto de una confusión de los sicarios de El Chapo Guzmán, sino un asesinato político. Culparon al que fue procurador del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Jorge Carpizo, de ordenar una investigación a modo para proteger al ex presidente.