Restablecer en Huamuxtitlán el Estado de derecho, pide el Congreso al gobierno

Redacción

Chilpancingo

A propuesta del diputado del PRD, Evodio Velázquez Aguirre, los diputados del Congreso del estado aprobaron ayer exhortar a la procuradora general de Justicia, Martha Elba Garzón Bernal, a que investigue los hechos de violencia en el municipio de Huamuxtitlán, región de la Montaña, ocurridos la semana pasada.
Aunque en su exhorto el diputado perredista condenó y repudió los hechos, no precisó su postura pero exigió a la PGJE que garantice y procure el restablecimiento del Estado de derecho en el municipio y aplique la ley a los responsables.
Cabe destacar que los involucrados en la cadena de violencia en los municipios de Xochihuehuetlán, Huamuxtitlán y Cualac, forman parte de la corriente política del diputado Evodio Velázquez, que llama Nueva Mayoría, como el alcalde suplente en funciones, Juan Carlos Merino González, quien está hospitalizado por golpes que le propinaron ciudadanos de la cabecera municipal, presuntamente por liberar a delincuentes.
Forman parte de ese misma corriente de Evodio Velázquez la ex alcaldesa Soledad Romero —quién dejó el cargo a Juan Carlos Merino para buscar la diputación local— y su esposo el ex dirigente de la CETEG, Víctor Echeverría.
Por ello en la sesión de este martes en el Congreso local, Evodio Velázquez llevó a tribuna el tema, aunque de acuerdo al boletín de prensa enviado a los medios de comunicación por la Dirección de Comunicación Social del Congreso local, no abunda sobre el tema.
De acuerdo al boletín de prensa, los diputados del Congreso local condenaron y repudiaron los hechos ocurridos en Huamuxtitlán y exhortaron al Ejecutivo estatal a que instruya a la titular de la Procuraduría General de Justicia, para que garantice y procure el restablecimiento del Estado de derecho en este lugar, aplicando la ley a los responsables y salvaguardando los derechos humanos.
Según el boletín, Evodio Velázquez explicó que el pasado sábado en Huamuxtitlán “se suscitaron hechos lamentables donde se vieron involucrados en enfrentamientos ciudadanos y autoridades municipales”.
Alegó que “la violencia generada en el estado no ha sido privativa de la región de la Montaña, sin embargo los brotes que se dieron recientemente atentan contra la armonía y el Estado de derecho, generando encono e ingobernabilidad que aprovechan personas ajenas al lugar para realizar actos apartados de la ley”.
Y aprovechó para decir que “estos hechos no pueden ni deben enturbiar, mucho menos influir en el desarrollo de las campañas ni en la jornada electoral”.
El boletín no lo dice, pero se conoció que se aprobó por unanimidad de votos de los diputados presentes el exhorto de Evodio Velázquez, pero no se conoció si hubo otras intervenciones de diputados sobre el mismo tema.
En esta misma sesión, pero en otros temas, los diputados también le aprobaron a la diputada Tomasa Arroyo Cabrera exhortar al gobierno del estado a que instruya a la titular de la Secretaría de Educación Guerrero que establezca acciones de atención y solución a las demandas de los maestros y evite que los estudiantes se vean afectados en el ciclo escolar, además de transgredir los derechos a terceros, por las manifestaciones en la vía pública.
Y el diputado Juan Carlos Hernández Albarrán solicitó al gobierno del estado que instruya a la Procuraduría General de Justicia designar de entre sus elementos a la Unidad de Policía Especializada en la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, la cual quedará adscrita a la Agencia del Ministerio Público radicada en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos.
Lo anterior quedó sin sustento, porque el gobierno del estado envió la terna para ocupar la Fepade perteneciente a la PGJE, sólo que en el boletín de prensa no pusieron los nombres de los abogados propuestos.