CARTAS (Piden al Congreso juicio político contra Ángel Aguirre y José Luis Abarca)

Señor director:

Le solicitamos la publicación de la siguiente carta.
A la honorable Presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del estado de Guerrero, Laura Arizmendi Campos:
La sociedad mexicana no debe conformarse con la renuncia de un funcionario, pues no sólo ha permitido graves atropellos a nuestros derechos fundamentales, sino que además representa lo peor de la clase política nacional. Por medio de la presente carta solicito a usted, honorable Presidenta, inicie el juicio político contra Ángel Aguirre Rivero y José Luis Abarca Velázquez.
Por un lado, de acuerdo con el artículo 110 de la Constitución federal, el ex gobernador y el ex presidente municipal pueden ser sometidos a juicio político “por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanan”. Asimismo, la ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero señala que es procedente el juicio político cuando los actos y omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
En los términos del artículo 7 de esta ley, Aguirre puede ser enjuiciado por el ataque a las instituciones democráticas, las violaciones graves o sistemáticas a las derechos humanos; la infracción a la Constitución o a las leyes, causando perjuicios graves a la sociedad y motivando trastornos en el funcionamiento normal de las instituciones, entre otros supuestos. En cuanto a la ley federal, la más trastocada es la Ley Federal de Responsabilidades Administrati-vas de los Servidores Públicos.
Siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 10 de la ley 674, sería necesario conformar la Comisión Instructora. Posteriormente, el artículo 20 establece que el presidente del Congreso del estado debe convocar para integrar un jurado de sentencia y citar a la comisión acusadora.
A partir de la más firme concordancia con los principios que fundamentan la estructura de nuestro estado, sus poderes y sus instituciones, confiamos del honorable Congreso el más pronto cumplimiento del deber que nuestra democracia le consagra y una respuesta pública pertinente.

Atentamente

Mercedes Carbonell Peláez y Rebeca Rodríguez Benavides
Estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas / CIDEconAyotzinapa