Los secuestros crisparon a la ciudadanía en Huamuxtitlán, asegura el Centro Tlachinollan

Camioneta de la Policía Ministerial incendiada en Huamuxtitlán * Foto: Sergio Ferrer

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La falta de sensibilidad de las autoridades municipales y estatales para atender de manera oportuna el problema de grave inseguridad que se vive en la Cañada de Huamuxtitlán, fue lo que crispó a la ciudadanía que explotó el pasado fin de semana en contra de la delincuencia organizada y su autoridad municipal, dijo ayer el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
El defensor de derechos humanos fue requerido insistentemente el domingo por el secretario de Seguridad Pública, Guillermo Jiménez Padilla; por la procuradora de Justicia, Martha Elba Garzón Bernal, y por el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, para que mediara ante los ciudadanos que buscaban hacerse justicia por su propia mano.
Entrevistado ayer vía telefónica, el director del Centro Tlachinollan reconoció que el sábado y el domingo se vivió una situación bastante difícil en Huamuxtitlán, debido a que la población, más allá de filiaciones partidistas, explotó en contra de la delincuencia y de su autoridad municipal a la que considera cómplice de la delincuencia desde hace seis años.
Barrera Hernández confirmó ayer que la situación comenzó el sábado, primero con el secuestro del hijo de un comerciante de Huamuxtitlán, y al organizarse la población en torno al Frente Ciudadano en Contra de la Inseguridad de Huamuxtitlán, se percataron que la situación era más delicada pues había otras 17 personas plagiadas.
Informó que desde un principio el Centro Tlachinollan fue informado de los hechos de violencia y el Frente Ciudadano le pidió su intervención.
Entonces él pidió a los dirigentes que recurrieran a la autoridad municipal, “pero nos contestaron que ya no le tenían confianza y que ya se estaban organizando por su propia cuenta para recatar a los secuestrados”.
Dijo que decidió permanecer al margen, pero que al día siguiente comenzó a recibir las llamadas del secretario de Seguridad, de la procuradora y del secretario de Gobierno, para que mediara con el grupo de ciudadanos que buscaba hacer justicia por su propia mano y que tenía en su poder y amenazaba con linchar al presidente municipal interino, Juan Carlos Merino González.
Barrera Hernández dijo que intentó dialogar con los ciudadanos sublevados para que integraran una comisión y dialogaran con las autoridades estatales representadas por el secretario de Seguridad y la procuradora; sin embargo le contestaron que no, que acudieran directamente y que platicaran con todo el pueblo reunido en la plaza, por lo que a los funcionarios no les quedó más que aceptar negociar ante todos la liberación del alcalde.
Barrera Hernández comentó que lo que pasó el fin de semana es producto de una grave situación de inseguridad que se viene presentando desde hace seis años y que ha provocado una situación de malestar y coraje.
Agregó que desde entonces se viene relacionando a la policía municipal de Huamuxtitlán con jóvenes delincuentes que roban a domicilios, asaltan en la carretera y secuestran. Recordó que desde entonces también se vinculó con ello a los elementos de la Policía Ministe-rial, quienes por un tiempo tuvieron que salir por eso del municipio.
Recordó que esa fue la causa de que la gente comenzara a organizarse y a movilizarse. Dijo que primero protestó ante sus autoridades municipales, pero la entonces presidenta municipal, Soledad Romero Espinal, siempre dijo que se trataba de un grupo del PRI que quería causarle problemas en el ayuntamiento.
Agregó que mientras tanto los robos, secuestros y asaltos a los transportistas iban en aumento, “igual que el enojo, el malestar, la ira y la rabia de los ciudadanos”.
Manifestó que siempre vincularon al entonces director de Seguridad Pública, Merino González, con la delincuencia.
Dijo que a tal grado que en su momento pidieron la participación del Monitor Civil de Tlachinollan para la toma de acciones que ayudaran a revertir la situación de inseguridad, “el problema es que nunca hubo la sensibilidad y la atención del problema, ni del gobierno municipal ni estatal”, insistió.
Dijo que eso “crispó a la sociedad para tomar las acciones necesarias y hoy se piensa que la causa es política”.
Pero dijo que desde hace ocho meses la situación se agravó cuando llegaron personas desconocidas a ese municipio, lo que obligó al Frente Ciudadano a conformar su policía ciudadana, que, uniformados sus elementos, comenzó a realizar recorridos por las noches, con lo que por su cuenta empezaron a realizar trabajo de vigilancia.
Agregó que esto también fue mal visto por la presidenta municipal, que en todo momento realizó contra labor a esta iniciativa ciudadana, “esto no ayudó, por el contrario, generó fricciones entre el cuerpo ciudadano y los elementos municipales que respaldaban a la presidenta”.
Agregó que la autoridad municipal minimizaba las acciones de violencia, a pesar de que era evidente lo que estaba pasando, pues dijo que no fue gratuito que en esa zona es donde militares asesinaron al indígena Bonfilio Rubio Villegas en un retén.
Igualmente fue allí donde asesinaron al diputado Moisés Villanueva de la Luz, recordó, y dijo que en general se registraban casos graves tanto de delincuencia como de violaciones a los derechos humanos.
“Y si el caso explotó el sábado y domingo fue porque las autoridades no atendieron el problema en su justa dimensión, pues más allá de asuntos de militancia partidista había una grave situación de inseguridad y violencia y era claro que había colusión de algunas autoridades municipales”, dijo.
Por eso insistió que no es gratuita la ira y el enojo de los ciudadanos en contra de sus autoridades.
Agregó que en este contexto no puede hacerse “tabla rasa y decir que la gente se sublevó por otros fines”, y que no se quiere ver la inconformidad como un pulso de lo que está pasando en la Cañada de Huamuxtitlán, pero que también va creciendo hacia Cualac, Olinalá y Xochihuehue-tlán, y en donde los ciudadanos están tomando el problema en sus manos y las autoridades están quedando al margen pues no hacen “que se respete la ley”.
Barrera Hernández demandó que, ante esta situación, las autoridades se dejen de egoísmos y dejen de pensar en situaciones políticas y de partido, que mejor realicen un diagnóstico sobrio y que la situación sea atendida con una mejor visión, pues agregó que si con tiempo hubieran pulsado bien el problema, no se estaría viviendo esta situación.