Suspenden padres de Ayotzinapa el diálogo con el gobierno federal

*Rechazan su política de descalificación y reivindican en una conferencia en el DF que el movimiento por la presentación con vida de los estudiantes es pacífico

*Encubre la PGR a la PF y al Ejército por los ataques en Iguala, acusan

*Experto de la Universidad de Innsbruck dice que en febrero o marzo sabrán si los restos que les enviaron son de normalistas

*Solicita la PGR que se congelen las cuentas bancarias del matrimonio Abarca-Pineda

Suspenden padres de Ayotzinapa el diálogo con la federación ante la política de descalificación

*Buscan parar la campaña en medios nacionales que acusa a los estudiantes de agredir a policías federales el domingo en Chilpancingo

Lourdes Chávez

Ciudad de México

Debido a la política de endurecimiento y descalificación del Estado hacia el movimiento social que exige la presentación con vida de 42 normalistas detenidos-desaparecidos en Iguala, los padres de familia de las víctimas suspendieron las mesas de diálogo con el gobierno federal.
Sin embargo, el abogado de los padres y los estudiantes, Vidulfo Rosales Sierra aclaró que “no están cerrados” al diálogo porque las víctimas tienen derecho a conocer el avance de las investigaciones de la masacre del 26 de septiembre y las acciones de búsqueda de los 42 normalistas, de quienes aún no se ha establecido su paradero a casi tres meses de su detención por policías en Iguala.
Tras la agresión de policías federales a estudiantes, padres y maestros en Chilpancingo durante los preparativos del festival de música por Ayotzinapa en Chilpancingo, la madrugada del domingo, normalistas y padres de los desaparecidos ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), para responder a la campaña de criminalización en medios nacionales que afirman que los estudiantes fueron los que agredieron a los uniformados.
Sostuvieron que los policías federales alcoholizados agredieron a 12 estudiantes que estaban colocando una vallas para cercar la zona del concierto y se preparara el escenario, y ahí inició la agresión a los jóvenes, padres y maestros durante las siguientes horas.
El dirigente estudiantil David García informó que el primer ataque de los policías federales a los normalistas fue una provocación,  y que el comité de organización ya había acordado con el Ayuntamiento de Chilpancingo la realización del festival que se promocionó con varios días de anticipación.

Peña Nieto anunció la represión, afirma el vocero de los padres

Como antecedente de la represión que se estaba preparando, el vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz expuso que luego de una gira en el extranjero, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que su gobierno está facultado para aplicar la fuerza pública a las manifestaciones de apoyo a los normalistas.
Asimismo señaló que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong advirtió que serían desalojados los manifestantes que tomaran carreteras y autopistas, y finalmente el secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Saenz “que nunca se pronunció por las víctimas y no es una instancia política”, declaró que los padres de los desaparecidos estaban siendo manipulados.
Rosales Sierra consideró “inconcebible” que las fuerzas armadas “desacrediten así” el movimiento, y exigió respeto a las marchas y manifestaciones legítimas.
Señaló que las autoridades militares, que representan la expresión más dura y conservadora del Estado, no pueden asumir esa posición.
El padre de familia Mario González exigió al militar que no ofenda a los defensores de derechos humanos y que no insulte a los padres y madres de familia diciendo que son manipulados, porque pueden ser pobres pero no tontos.
Precisó que sus acciones de presión son pacíficas y las encabezan los padres “porque no queremos más violencia, no queremos que otros padres sufran los que nosotros sufrimos”.
Felipe de la Cruz también señaló que en una visita en Coyuca de Catalán, Peña Nieto pidió a los guerrerenses que se superara el dolor por la desaparición forzada de 43 estudiantes, como si supiera que en los días siguientes sería identificado Alexander Mora Venancio, entre los restos que enviaron a análisis a Austria.
El dirigente estudiantil, David García, añadió que el gobierno también quiso posicionar la versión de que los normalistas estaban relacionados con la banda delictiva Los Rojos, contrarios a los Guerreros Unidos, que presuntamente recibieron a los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos, los mataron y los quemaron hasta las cenizas, cuando no tienen elementos para señalarlo.
De la estrategia de estigmatización, Rosales Sierra denunció el “fichaje” en el Centro de Investigación y de Seguridad Nacional (CISEN) de los abogados y organizaciones cercanas a la Normal Rural, que relacionan con la guerrilla, pues los informes oficiales señalan, entre otros, a Rosales Sierra como integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
El abogado precisó que los derechos son el eje de acción del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Reivindicaron que el movimiento por la presentación con vida de los estudiantes es pacífico, y la pretensión del gobierno para que abandonen la exigencia por la tesis de que los muchachos están muertos, no la pueden aceptar porque no se ha establecido de manera científica.
En cuanto a los policías federales lesionados, uno de gravedad, que se presentan constantemente en las televisoras, presuntamente detenidos y golpeados por activistas tras la agresión de los uniformados a los estudiantes que colocaban vallas, Rosales Sierra no descartó que sean infiltrados.
De las personas que se manifiestan encapuchadas, Felipe de la Cruz precisó que los padres apoyan las tomas de las casetas de La Venta y Palo Blanco en la autopista del Sol (sin cerrar la carretera), y se cubren el rostro por temor a detenciones como represalia.
Pero señaló que las autoridades aprovechan estas acciones (en las que reúnen fondos) para mandar infiltrados, como en la caseta de Cuernavaca, donde identificaron a ocho personas que aprovechando el dolor de los padres habían tomado la caseta de cobro y entre ellos había un militar. Esto ocurrió  el 6 de diciembre y los presentaron en la movilización que se realizó en la ciudad de México ese mismo día.
También se quejaron de la falta de respuesta del Senado a la exigencia de la desaparición de poderes en Guerrero y la cancelación de las elecciones que presentaron la semana pasada, porque las instituciones no funcionan en el estado.
Explicaron que los ciudadanos han tomado en sus manos la seguridad que no les garantiza ninguno de los niveles de gobiernos.
Del Centro Prodh, Santiago Aguirre informó que los padres del estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ernesto Cruz Flores quien acompañaba a los normalistas en las guardias que instalaron la madrugada del domingo en Chilpancingo, les pidieron que intervinieran para que le dieran una mejor atención medica.

Encubre la PGR a la PF y al Ejército por los ataques en Iguala, acusan padres de Ayotzinapa

*Que se investigue qué hicieron y la información que tenían los mandos castrenses de la relación del crimen organizado con el Ayuntamiento, demandan

Lourdes Chávez

Ciudad de México

Padres de normalistas de Ayotzinapa acusaron a la Procuraduría General de la República (PGR) de encubrir a efectivos de la Policía Federal (PF) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en los ataques en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre que dejaron seis asesinados, 25 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
Ayer en esta ciudad, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, padres de familia de los 42 normalistas detenidos desaparecidos y organismos de derechos humanos exigieron una línea de investigación sobre las acciones de los militares en los ataques en Iguala, y sobre la información que tenían los mandos castrenses de la relación del crimen organizado con el Ayuntamiento.
En conferencia de prensa, el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre señaló que como autoridad constituida en el municipio, los militares tienen información de inteligencia, y ese contexto deben de informar de su actuación la noche en que policías municipales atacaron a balazos y detuvieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa, que de acuerdo a la tesis de la Procuraduría General de la República (PGR), los entregaron a narcotraficantes.
El vocero de los padres de los estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz informó que en las mesas con los funcionarios federales sobre las investigaciones y búsqueda de los normalistas, las autoridades aceptaron investigar a los soldados destacamentados en Iguala, así como al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, pero, en los hechos las autoridades los están protegiendo.
La revista Proceso confirmó, con base en un reporte del gobierno del estado, que el Ejército y la Policía Federal dieron seguimiento a los ataques contra los estudiantes de policías y sicarios la noche que asesinaron a seis civiles, entre ellos tres estudiantes, uno desollado, y a los que se suma otra víctima mortal con la identificación de los restos de uno de los 43 alumnos detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula.
Ayer el vocero de los padres de los estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz cuestionó que en lugar de colocarlos en el banquillo de los acusados los usan para enviar otro mensaje de represión a los normalistas, y se quejó de que justo el Día de la Libertad de Expresión el secretario de la Marina dijo que los padres son manipulados por grupos que tienen intereses ajenos al movimiento.
Ratificó que continuarán las marchas y manifestaciones enérgicas en Guerrero porque a los estudiantes no se los llevó la delincuencia organizada, sino policías uniformados, y esta agresión representa un crimen de Estado, de lesa humanidad.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra subrayó que los militares y la Policía Federal, sabiendo lo que ocurría en el municipio, fueron omisos y no tomaron cartas en el asunto para evitar las violaciones deleznables a los derechos humanos.
En la conferencia también se informó que las medidas cautelares que se solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se centraron en la investigación y búsqueda de los estudiantes desaparecidos, y se dejó de lado la protección a las víctimas, de atención medica a lesionados, reparación del daño y justicia, porque la prioridad fue la localización con vida de los normalistas.
No había medidas cautelares para los estudiantes que fueron agredidos en Chilpancingo por policías federales, acción que luego provocó la confrontación entre activistas y los uniformados la madrugada y mañana del domingo.
Ese día los estudiantes preparaban una actividad cultural con grupos musicales en Chilpancingo, festival que finalmente se trasladó a Tixtla para dar garantías de seguridad a los artistas que se solidarizaron con la exigencia de justicia y presentación de los estudiantes desaparecidos.

En febrero o marzo sabrán si los restos que envió la PGR a Austria son de normalistas, informan

Las posibilidades de determinar si los restos enviados por la Procuraduría General de la República (PGR) a la Universidad Médica de Innsbruck, en Austria, corresponden a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos son muy remotas, según los expertos forenses que llevan a cabo los estudios y cuyos resultados, informaron, no se tendrán hasta febrero o marzo próximo.
“Esperamos tener resultados en los próximos dos o tres meses”, dijo el biólogo molecular Walther Parson, uno de los mayores expertos del instituto forense de la universidad que trabaja en el caso mexicano.
El especialista aclaró que las posibilidades de lograr resultados útiles con el ADN mitocondrial “son muy pequeñas”, pero aclaró que harán todo lo que esté a su alcance para crear más perfiles potenciales de ADN.
Los expertos forenses austriacos, quienes ayudaron a resolver el misterio de la familia imperial asesinada en Rusia, identificaron a uno de los estudiantes a principios de mes usando muestras enviadas a la Universidad Médica de Innsbruck.
Sin embargo, el resto de muestras está en tan mal estado que el análisis de los especialistas, que se centran en el ADN mitocondrial podría tardar meses, si es que consiguen algo.
El equipo de Parson ha recibido muestras biológicas de familiares de los estudiantes desaparecidos que pueden ser comparadas con información genética de los restos recuperados en México. (Agencia Proceso / Ciudad de México).

Pide la PGR congelar  las cuentas bancarias del matrimonio Abarca-Pineda

Además de la ampliación de arraigo por 20 días a la esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa, la PGR solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) congelar las cuentas bancarias del matrimonio.
Fuentes oficiales informaron que la medida es ante la presunción de que la fortuna que amasaron proviene del lavado de dinero de procedencia ilícita y peculado.
La notificación se hizo esta mañana tanto a la CNBV como a Abarca y Pineda por la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Según datos de la PGR el matrimonio Abarca-Pineda posee una veintena de propiedades en Guerrero y Morelos, entre ellas el centro comercial Tamarindos en Iguala.
La PGR integró una averiguación previa contra Pineda y Abarca por la desaparición forzada de estudiantes y ciudadanos, debido al ataque a alumnos de Ayotzinapa por policías de Iguala y Cocula la noche del 26 de septiembre.
El ex alcalde de Iguala permanece en el penal del Altiplano, en tanto que su esposa está bajo arraigo en la ciudad de México, luego de que le fue concedido por un juez a la PGR.
Pineda Villa es familiar de líderes del grupo delincuencial Guerreros Unidos y es acusada de ser la principal operadora en Iguala de esa organización criminal.
Ayer se dio a conocer que tras cumplir 40 días de arraigo, Pineda Villa permanecerá 20 días más bajo esa medida. (Agencia Reforma / Ciudad de México).