Encabeza Guerrero feminicidios de defensoras de derechos humanos en el país: ONG
*En el apartado “Violencia feminicida”, el informe de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos documenta 34 casos. Los principales agresores han sido “agentes del Estado”, con intimidación gubernamental o paramilitar. Le siguen a la entidad, muy lejos, Chihuahua, con siete y el Distrito Federal, con cinco
Redacción
De 34 feminicidios de defensoras de derechos humanos, documentados en un informe de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), Guerrero fue el más señalado con ocho casos desde 2010, y el organismo concluyó que la investigación indica que los principales agresores han sido “agentes del Estado”, con intimidación gubernamental o paramilitar.
“Las defensoras de derechos humanos en México están siendo violentadas (…) ningún defensor y mucho menos defensora de derechos humanos puede considerarse libre en el ejercicio de su actividad, en tanto no haya justicia ni reparación del daño en los casos de agresiones en su contra”, señaló.
El diagnóstico Defensoras somos Todas: Análisis de la Violencia contra las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana fue elaborado por la CIDHM, organizaciones de todos los estados y la Universidad Autónoma Metropolitana, con el apoyo del Fondo Noruego de los Derechos Humanos como parte de la primera etapa de un Modelo de Atención a la Violencia Contra las Mujeres Defensoras. Ayer fue divulgado en internet por la red nacional Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT).
En la presentación, la activista del Comité Eureka y ex senadora, Rosario Ibarra de Piedra, recordó que la desaparición forzada “se inició en 1969 en Coyuca de Catalán, Guerrero, con el secuestro y la desaparición del profesor Epifanio Avilés Rojas por órdenes del general del Ejército mexicano, Miguel Bracamontes, y el mayor Antonio López Rivera”, ya que fue el primer caso documentado.
Como contexto, en el informe también se recuerda que en los últimos cuatro años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado 29 medidas cautelares para mexicanas y seis guerrerenses fueron beneficiadas; que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México también considera que Oaxaca, Chihuahua y Guerrero son los estados con mayor número de agresiones; y que la RedTDT documentó 15 casos en Guerrero entre 2011 y 2013.
En el apartado “Violencia feminicida”, las organizaciones expusieron 34 feminicidios de defensoras ocurridos en México desde 2001, y destacaron que “el estado con mayor cantidad de casos es Guerrero con 8, seguido por Chihuahua con 7 y el Distrito Federal con 5”.
Las ocho defensoras guerrerenses son la periodista y directora del semanario Nueva Línea, María Elvira Hernández Galeana, asesinada el 28 de junio de 2010 en Coyuca de Benítez; la viuda del guerrillero Lucio Cabañas, Isabel Ayala Nava, y su hermana Reyna, asesinadas el 3 de julio de 2011 en Acapulco, e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero.
También las ecologistas de Guerreros Verdes, Fabiola Osorio Bernáldez y Layby Esther García Ruiz, asesinadas el 31 de junio de 2012 en Acapulco; la líder de los desplazados de la Sierra y dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, asesinada el 28 de noviembre del mismo año junto a su hijo, aunque policías estatales la escoltaban como medida de protección.
Otro de los casos de feminicidios que incluye es el asesinato de la líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, el 19 de octubre del año pasado en Atoyac; y el de la integrante de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Ana Lilia Gatica Rómulo, asesinada hace poco más de un año, el 10 de noviembre de 2013, aunque junto a su esposo Luis Olivares Enríquez habían pedido medidas cautelares una semana antes.
“La investigación señala que los agresores son, en su mayoría, agentes del Estado con 15.1 por ciento”, agrega el diagnóstico tras presentar los casos y que los años con mayor violencia fueron 2011 y 2013.
Además, los defensores e investigadores encuestaron a defensoras de 13 estados, incluyendo Guerrero, y determinaron que el 49 por ciento sufrieron violencia psicológica, casi el 28 por ciento difamación, 23 por ciento hostigamiento, y 22 por ciento fueron amenazadas; y que además el 16 por ciento recibió intimidación gubernamental, casi 13 por ciento persecución, intimidación caciquil el 8 por ciento y de los poderes fácticos el 7 por ciento.
El 1.2 por ciento afirmó que sufrió secuestro, tortura, desaparición forzada o desaparición forzada de un familiar, y el informe también presenta el testimonio de la feminista y activista guerrerense María Luisa Garfias sobre intimidaciones que recibió en su casa con cartulinas.
“La violencia contra las defensoras tiene su origen y fundamento en un sistema de dominación jerárquico patriarcal y misógino que se debe modificar estructuralmente”, señalaron en las consideraciones finales.
Y recordaron que instancias internacionales han exigido al Estado mexicano establecer una protección eficaz de las defensoras, garantizar un entorno seguro, libre e independiente y que todos los casos de amenazas, violencia, ataques y asesinatos sean investigados por organismos independientes e imparciales.




