Decreta Dilma Rouseff aumento de salario mínimo del 8.84% en Brasil tras críticas

*La medida, un día después de que la presidenta anunciara el endurecimiento de las leyes laborales y de jubilación

DPA

Brasilia

Un día después de anunciar un endurecimiento de las leyes laborales y de jubilación, lo que le valió una ola de críticas, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, decretó ayer un aumento del salario mínimo nacional de 8.84 por ciento.
Según un decreto publicado ayer en el Diario Oficial, el cual debe ser aprobado en el Congreso, el nuevo salario mínimo a partir de enero de 2015 pasará de 724 a 788 reales (de 268 a 291.5 dólares).
El nuevo valor del salario mínimo es dos reales menor que el que el Congreso esperaba fijar a partir de 2015. Se estima que el reajuste beneficiará a 48 millones de personas, cuyos salarios se rigen por el piso nacional.
El consultor de la Cámara de Diputados Leonardo Rolim, citado ayer por el portal del diario O Estado de Sao Paulo, estimó que esos dos reales de diferencia, equivalentes a unos 0.74 centavos de dólar, representan un ahorro de 752.8 millones de reales (unos 278.8 millones de dólares) en la previsión de gastos del Poder Legislativo.
La imperiosa necesidad de ajustar los gastos será uno de los factores determinantes en el segundo periodo de gobierno de Rousseff, que en los próximos cuatro años deberá equilibrar las cuentas públicas y recuperar la credibilidad de la política fiscal.
De hecho, también el polémico anuncio realizado la noche del lunes, que establece reglas más rígidas para la concesión de beneficios laborales y de jubilación, tiene en la mira el ahorro.
De ser aprobado por el Congreso, la regulación propuesta redundará, a partir de 2015, en un ahorro de 18 mil millones de reales al año, lo que equivale al 0.3 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Según explicó el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Aloizio Mercadante, además de ahorrar, la nueva normativa busca corregir algunas distorsiones que han dejado esos gastos “fuera de control”.
Entre los beneficios que se verán afectados están el seguro de desempleo, la pensión por muerte del cónyuge y el auxilio por enfermedad, entre otros.
En el caso de la pensión por fallecimiento del cónyuge, se establece que el casamiento o la unión estable debe tener al menos 24 meses de antigüedad para que el viudo obtenga el beneficio, algo que actualmente no es necesario. También es imprescindible que el fallecido haya hecho aportaciones durante 24 meses como mínimo.
También se alteró el tiempo mínimo necesario para acceder al seguro por desempleo, que a partir de ahora se podrá obtener después de 18 meses de trabajo registrado, cuando es la primera vez que se solicita, y de 12 meses cuando es la segunda solicitud. Actualmente el beneficio se obtiene, en cualquier caso, con solo seis meses de trabajo.
En defensa del gobierno, el diputado del PT José Guimaraes dijo que las medidas “son necesarias para sostener la economía y no impactan en el empleo ni en la renta (de los trabajadores)”. “No se le está quitando derechos a nadie”, afirmó.
Sin embargo, centrales sindicales y partidos opositores criticaron con dureza la nueva reglamentación, al tiempo que algunos sectores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff tomaron con cautela las alteraciones.
Según la central de trabajadores Força Sindical, el cambio de reglas dejará a millares de brasileños “a la buena de dios”.
“El gobierno debería ampliar el debate con el Congreso Nacional en lugar de anunciar cambios que van a perjudicar a la población”, expresó la central sindical.
El opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuyo candidato Aécio Neves fue derrotado por Rousseff en la segunda vuelta de las elecciones de octubre, aseguró que el anuncio demuestra graves contradicciones entre lo prometido en la campaña y lo que se hará en el gobierno.
“Se comienzan a materializar las contradicciones de la candidata con la presidenta. Ella le mintió a la población en el proceso electoral”, acusó el líder del PSDB en la Cámara de Diputados, Antonio Imbassahy.
También el presidente del derechista partido Demócratas (DEM), José Agripino Maia, acusó al gobierno de estar “debitando de la cuenta de los jubilados” su déficit, y coincidió con los socialdemócratas al acusar a Rousseff de haber dicho una cosa durante la campaña y ahora hacer lo contrario.
“Dilma está haciendo todo lo que ‘satanizaba’ en la campaña electoral. Solo va a dejar sin tocar aquello que no les duele a ellos, los ‘petistas’ (miembros del gobernante PT): los gastos públicos desmedidos, los cargos de comisionados. Nadie toca eso”.
Otros miembros del PT fueron más cautelosos. El senador Paulo Paim, por ejemplo, sostuvo: “En caso de que (la nueva reglamentación) amenace derechos de los trabajadores, voy a presentar enmiendas. Si no son acatadas, no puedo votar a favor de la propuesta”.