Marcial Rodríguez Saldaña

2014-2015: siguen normalistas
desaparecidos

Mientras que el presidente Enrique Peña Nieto y demás  funcionarios responsables de la seguridad de los ciudadanos se regocijan partiendo roscas, exhibiendo muñecos de plástico que los comprometen a seguir el festín preparando tamales para el día de la Candelaria, los crímenes cometidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala contra seis personas, entre ellas tres alumnos de la Normal de Ayotzinapa, y la desaparición forzada de 43 estudiantes de esa escuela, los asesinatos continúan impunes, sigue sin conocerse el paradero de los normalistas desaparecidos y los padres de familia se conduelen.
1. La estrategia de Peña Nieto y demás funcionarios federales y de Guerrero respecto de los hechos de Iguala-Ayotzinapa, desde un principio ha sido muy clara, desentenderse del asunto, llamar a superar este crimen de Estado y de lesa humanidad, convocar al olvido, al borrón y cuenta nueva, restablecer la paz y la concordia sin que haya justicia, sin que se castigue a todos los responsables de los asesinatos y desapariciones forzadas, sin establecer como acción prioritaria de todas las instituciones del Estado la búsqueda de los normalistas desaparecidos y seguir adelante como si nada hubiese pasado.
2. Peña Nieto, asfixiado por la ola de protestas nacionales e internacionales que exigen la presentación de los normalistas desaparecidos, se fue a Estados Unidos a buscar aire fresco del gobierno norteamericano, sin embargo, le salió el tiro por la culata, pues a pesar de no estar como tema en la agenda el caso de los estudiantes de Ayotzinapa que fueron sujetos de desaparición forzada, fue la nota de la reunión entre Peña y Obama, quien en forma diplomática en conferencia de prensa expresó que era un asunto de preocupación de Estados Unidos, y al mismo tiempo muchos hispanos afuera de la Casa Blanca protestaban por la visita de Peña Nieto y lo responsabilizaban de estos hechos.
3. En las últimas semanas de 2014 y en estos primeros días de 2015, se confirma que para el gobierno de Peña Nieto no es una prioridad ni asunto de interés nacional el tema de los normalistas desaparecidos, por el contrario, se ha desatado una campaña gubernamental para denostar y amenazar con reprimir la lucha que los padres de familia, estudiantes, organizaciones defensoras de derechos humanos, civiles y sociales, así como ciudadanos han emprendido por la exigencia de justicia, a la cual asiste el pleno derecho para reclamar que se sancione a todos los culpables de los asesinatos, de las desapariciones forzadas y la presentación con vida de los estudiantes normalistas desaparecidos.
4. No es con amenazas de represión gubernamental ni con salidas autoritarias como se va a resolver el problema de Iguala-Ayotzinapa, sino con el compromiso de asumir la responsabilidad de aplicar la justicia a todos los violadores de derechos humanos, con establecer como una prioridad fundamental del Estado mexicano y todas sus instituciones la búsqueda de los estudiantes normalistas desaparecidos y su presentación con vida; sólo así se podrá abrir y mantener diálogo con los familiares de las víctimas, con los padres de familia y sus compañeros alumnos, pero mientras esto no ocurra, la exigencia por estas demandas se mantendrá, cada vez será más amplia y habrá un mayor ambiente de ingobernabilidad.
5. Quienes desde los ámbitos gubernamentales le apuestan al olvido del caso Iguala-Ayotzinapa, a que el tiempo desgaste el movimiento a favor de los normalistas, actúan embelesados por la insensibilidad humana, por el goce y disfrute del poder, lo cual implica un alto grado de irresponsabilidad en la función y el servicio público; pero a diferencia de esta visión de gobernantes ajenos y contrarios al dolor por la masacre de civiles y estudiantes, y por la desaparición forzada, la exigencia de justicia y la presentación con vida de los normalistas desaparecidos se mantendrá como una demanda esencial en el tiempo por venir, y con ello la necesidad de derrocar pacíficamente a estos gobernantes e instaurar gobiernos populares legítimos y sensibles a las demandas del pueblo, para lograr con ello una verdadera transformación de México, Guerrero y Acapulco.

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