Carlos Toledo Manzur

Perspectivas del proceso electoral

Mientras que en los dos más importantes partidos del estado, el PRD y el PRI, se están llevando a cabo durante enero intensos procesos políticos para seleccionar a sus respectivos candidatos a la gubernatura, los integrantes de la Asamblea Nacional Popular y del Movimiento Popular Guerrerense han adoptado como táctica de lucha la posición de impedir el proceso electoral. En consecuencia, persisten en su postura de que las oficinas de las instituciones electorales se mantengan cerradas, y ante la apertura del módulo de atención ciudadana de la Junta Distrital 07 en Chilpancingo el pasado martes, integrantes de la CETEG arribaron a esas oficinas, desalojaron a los ciudadanos que pretendían tramitar sus credenciales para votar, e hicieron destrozos en muebles y equipo.
La posición de impedir el proceso electoral busca presionar a las autoridades para lograr la satisfacción de las demandas de presentación con vida de los normalistas desaparecidos, esclarecimiento y justicia, pero ante la postura que parece haber tomado el gobierno federal de buscar el desgaste del movimiento, esta medida puede ser contraproducente. Actuar en contra de la realización de los comicios y continuar con las expresiones violentas también puede tener como consecuencia la erosión del apoyo que la gran mayoría de los ciudadanos han dado a los justos reclamos de los padres de las víctimas. Esto debido a que la mayor parte de la población, aunque está indignada por la impunidad y padece las acciones del crimen organizado, no quiere una espiral de violencia y prefiere una alternativa que le permita vivir en paz y con seguridad. La pretensión de boicotear las elecciones, como muchos lo han señalado, lastima un derecho ciudadano fundamental, de votar y ser votado. La Junta Distrital 07 del INE ha presentado ya una demanda ante la PGR contra quien resulte responsable de los destrozos de mobiliario y equipo, mientras que el gobernador Rogelio Ortega ha reconocido la obligación del gobierno de velar por los intereses y derechos de los electores y ha ofrecido protección a las instalaciones del INE y del IEPC para que realicen sus actividades de organización de la elección del próximo junio.
En este contexto, el mejor desenlace sería que el gobierno federal desista en su pretensión de acabar el movimiento por desgaste o incluso represión, y tome medidas más consistentes para reforzar y lograr resultados efectivos en la búsqueda de los desaprecidos, esclarezca con credibilidad lo ocurrido y haga justicia plenamente sin importar quien resulte afectado. Hoy más que nunca el movimiento requiere con mayor intensidad el apoyo de todos los actores sociales y políticos, especialmente en el campo de la izquierda. Pero tambien sus dirigentes y activistas deben reflexionar sobre la conveniencia de emplear una táctica que les puede enfrentar con los intereses generales de la población.
Mientras tanto, en el proceso de selección de su candidato a gobernador, el PRI se debate entre una alternativa de línea dura, con un aspirante que pueda jugar rudo durante la campaña, o apostar más a una opción con mayor simpatía y prestigio que aproveche las tendencias de la intención del voto que cambió de manera importante a raíz de los eventos de Iguala. En efecto, antes de estos trágicos acontecimientos, las encuestas, independientemente de quienes fueran los candidatos, colocaban al PRD claramente arriba del PRI, pero esa situación se modificó y las preferencias por el partido de la izquierda disminuyeron significativamente.
Por su parte, en el PRD las diversas corrientes están en un intenso forcejeo para lograr las posiciones más ventajosas en el proceso de selección de aspirante a la gubernatura y está enfrentando un fuerte riesgo: la tentación suicida de privilegiar los intereses de las tribus, al interés general del partido que requiere que el apoyo se le dé a quien mantiene una clara e indiscutible ventaja en las preferencias ciudadanas, incluso después de la agresión a los normalistas. Habrá que esperar los resultados de las encuestas que oficialmente ese partido llevará a cabo para que sean la base de la decisión de su consejo estatal a finales de enero.

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