Humberto Musacchio

Charlie Hebdo, López Dóriga y el PRD

Dos casos inversos han abierto el debate sobre los derechos y deberes de los periodistas. En París, fundamentalistas musulmanes matan a caricaturistas por satirizar a Mahoma; en México, el Instituto Nacional Electoral dispone que el Partido de la Revolución Democrática retire a Joaquín López Dóriga de un spot, pues el comunicador se dice calumniado por el anuncio perredista.
Para los fundamentalistas islámicos, la figura de Mahoma no debe ser objeto de crítica; para el INE, el más destacado periodista de Televisa es intocable. Ante lo que ocurre en el mundo, es una suerte que los consejeros del INE no hayan optado por la vía de las armas para castigar a los impíos.
Por supuesto, no puede ignorarse que matar periodistas es hoy un hecho frecuente. El Estado Islámico, ese engendrito que las potencias occidentales y orientales dicen detestar, pero sólo combaten esporádicamente, ha hecho de la ejecución de periodistas un espectáculo que se trasmite a todo el globo sin que “el mundo civilizado” mueva un dedo para evitarlo.
México tiene un deshonroso segundo lugar mundial por el número de periodistas asesinados en su territorio. Para el caso, poco importa si los criminales pertenecen a alguna mafia, si se trata de delincuentes solitarios o si los ejecutores son policías o individuos que cumplen una consigna de las autoridades civiles. El hecho es que en México, y especialmente en el estado de Veracruz, es muy fácil matar a la gente de prensa y de ese modo silenciarla.
Matar periodistas es un hecho cobarde, reprobable e inadmisible. Se les asesina porque informan, descubren, comentan o satirizan, y algunos afectados por ese ejercicio se sienten con derecho a privar de la vida a esos individuos que descobijan a quienes quisieran estar siempre a salvo de la mirada pública.
Socialmente, los periodistas no tenemos más derechos que los de cualquier ciudadano. Profesionalmente, en cambio, sí disponemos del derecho a difundir aquello que juzgamos necesario y a no hacerlo con lo que estimamos menos importante. Tal vez sea injusto, pero es una de las reglas no escritas de nuestro oficio.
Pero así como los periodistas podemos informar sobre algo o alguien y someterlo a análisis y a crítica, a la vez otros periodistas o cualquier ciudadano, autoridad, empresa o partido pueden difundir, desmenuzar y someter a crítica nuestro trabajo, proceder ético y hasta estético. Nadie tiene derecho a matar periodistas, pero nada puede impedir que se cuestione su profesionalismo y que se le cite a modo de prueba, lo que no genera derechos de autor.
Joaquín López Dóriga está al servicio de una empresa que, en México forma parte del entramado del poder, y expresa y defiende con todo derecho el punto de vista de quienes mandan en el país. Los críticos de Charlie Hebdo dicen, con pruebas, que ésta es una revista que fomenta el racismo y descalifica a las minorías. Los periodistas de Televisa, los de Charlie Hebdo, los de Excélsior o de cualquier publicación o noticiero son personajes públicos y, por lo tanto están sujetos a crítica. A crítica, no a fusilamiento.
Los gobiernos, los partidos políticos, las empresas –sobre todo aquellas que usufructúan bienes públicos, como es el caso de la televisión–, las religiones y los medios de comunicación, sus representantes, sus símbolos e intereses están sujetos a la difusión, análisis y crítica de lo que son. No se trata de ventilar la vida privada, sino de someter a escrutinio social la actuación pública. Y que cada quien asuma su responsabilidad.