Caso Tlatlaya: documenta CNDH tortura a tres mujeres sobrevivientes

Agencia Proceso

Ciudad de México

Las tres mujeres que sobrevivieron a la masacre de Tlatlaya fueron víctimas de todo tipo de abusos y tratos degradantes por al menos 20 servidores públicos mexiquenses que se encuentran actualmente sujetos a investigación, a solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Según la recomendación de la CNDH 51/2014 del 21 de octubre del año pasado, las mujeres fueron amarradas de pies y manos; además, simularon asfixiarlas hundiendo sus cabezas en el agua de una taza de baño y/o con una bolsa de plástico, amenazaron con violarlas y golpearon en lugares que no dejaran huella para que se declararan culpables y aceptaran su pertenencia a una banda de secuestradores o de la delincuencia organizada.
También para que omitieran declarar sobre las ejecuciones que habrían cometido soldados contra civiles rendidos.
En su recomendación, la CNDH señala que logró acreditar la tortura y agresiones sexuales cometidas por parte de personal adscrito a la PGEM, en agravio de las tres mujeres que estuvieron presentes en la bodega donde perdieron la vida 22 personas delas cuales ocho habrían sido ejecutadas por soldados.
Según los testimonio de las sobrevivientes, tras el enfrentamiento ocurrido la madrugada del 30 de junio de 2014, que duró entre cinco y 10 minutos según su versión, debido a que las personas que estaban adentro de la bodega se rindieron rápidamente, elementos militares entraron y las aseguraron, igual que a otros dos hombres de entre 17 y 20 años que, igual que ellas, estaban secuestrados.
Las tres mujeres y los dos hombres permanecieron en el fondo de la bodega y después fueron trasladadas a un cuarto frontal de la bodega, del lado sur.
La CNDH solicitó a peritos médicos y psicólogos una valoración por posibles violaciones a derechos humanos, tortura, malos tratos o inhumanos y/o degradantes, conocido como Protocolo de Estambul.
La valoración se realizó el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre y se tomaron en cuenta los certificados médicos y estudios psíquicos físicos realizados por peritos de la PGJEM, Procuraduría General de la República (PGR), y del personal médico del Cefereso No. 4 Noroeste.
Los certificados médicos corroboraron el dictamen de integridad física realizado por peritos de la PGR el 6 de julio de 2014 “en donde se certificó, respecto a V24, que presentó dos costras hemáticas puntiformes en codo izquierdo, equimosis rojo violácea irregular de 3×13 centímetros en cara lateral derecha del tórax a nivel de línea axilar media y noveno arco costal, equimosis difusa rojiza irregular de 5×2 centímetros en flanco izquierdo”, señaló la CNDH.
En cuanto a la valoración psicológica, se le diagnosticó que “tiene problemas para conciliar el sueño, miedo por ella y su familia, recuerdos recurrentes e invasores y sentimientos de tristeza”.
En el caso de V25, los síntomas psicológicos diagnosticados fueron: “labilidad emocional, sentimiento de soledad y desprotección, hipersomnia, aislamiento o intolerancia, recuerdos permanentes de lo ocurrido en la bodega y durante su detención, que no puede ser limitados voluntariamente y despersonalización (pérdida de la identidad que suele ir acompañada de un sentimiento de extrañeza hacia sí misma, confusión y desorientación en el tiempo y espacio)”.
En su recomendación, la CNDH, estimó que “si bien no se cuenta con elementos para determinar quiénes fueron los servidores públicos que torturaron a las agraviadas, lo que es un hecho es que fueron trasladadas a las instalaciones de la Procuraduría en la ciudad de Toluca, donde fueron puestas a disposición del fiscal especial de homicidios, y que fue en instalaciones de dicha dependencia de esa ciudad, en donde fueron torturadas y obligadas a declarar contra su voluntad”.