Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Nestora Salgado y la “gente de razón”

Un juez del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, José Luis Arroyo Alcántara, desechó en marzo de 2014 las acusaciones de orden federal por secuestro y delincuencia organizada contra Nestora Salgado García, y determinó que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá actuó conforme a las facultades establecidas en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero al detener a personas cuyos casos luego fueron manipulados para levantar cargos contra la señora Salgado.
“Se advierte que se alude a las expresiones detenciones, presos, casas de justicia de la Policía Comunitaria, trabajos comunitarios, en cierta forma a fianzas (sin que para ello se aluda a pagos de rescate), a comandantes y a coordinadores; lo que denota que sin duda alguna así se llevaron las privaciones de libertad en perjuicio de los denunciantes, empero es cierto también que éstas fueron motivos de actos de autoridad”, concluyó el juez que ordenó la liberación de Nestora Salgado (El Universal, 17 de enero de 2015).
Pese a ello, la dirigente social continuó en la cárcel porque en el ámbito estatal las autoridades judiciales no aplicaron el criterio del juez federal, que rigurosamente es el único que podía ser empleado para procesar las acusaciones, y en cambio siguieron los lineamientos políticos que en su momento arguyó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero para justificar el encarcelamiento de Nestora Salgado. Debe recordarse que, en un acto ilegal, Aguirre Rivero y el ex procurador Iñaky Blanco Cabrera decretaron que la Policía Comunitaria de Olinalá no pertenecía a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y, por lo tanto, se trataba de un grupo armado al margen de la ley. Acusada de secuestro, y desprovisto del amparo de la Ley 701, Nestora Salgado quedó a merced de la Procuraduría General de Justicia del estado.
La reclusión de Nestora Salgado es una de las grandes arbitrariedades cometidas por Ángel Aguirre, que de esa manera utilizó el poder para consumar una venganza contra una líder que rompía el control que el ex gobernador aspiraba a imponer en la Policía Comunitaria (y que en efecto impuso a costa de la integridad de la organización comunitaria). El hecho de que tras su detención en agosto de 2013 haya sido llevada a una prisión de Nayarit, y sometida a un aislamiento extremo que hasta la fecha le impide mantener un contacto razonable con sus familiares y su abogado, fue la marca personal que el ex gobernador del PRD quiso imprimir a su ruin iniciativa.
Nada de lo anterior, sin embargo, fue reconocido la semana pasada por los dirigentes de las organizaciones Alto al Secuestro y México SOS, Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, quienes se pronunciaron en contra de que Nestora Salgado sea liberada mediante el recurso del desistimiento de los cargos, como fue anunciado por el gobernador Rogelio Ortega.
Tampoco recibió la menor consideración del columnista Sergio Sarmiento, quien en un artículo que desinforma y manipula los hechos, el viernes pasado describió la posible liberación de Nestora Salgado como un simple acto contra la ley y se sumó a las voces que piden mantenerla en prisión por “secuestro”. Es interesante lo que en ese artículo declara Armando Patrón Jiménez, síndico procurador del Ayuntamiento de Olinalá y uno de los presuntos secuestrados por la Policía Comunitaria, quien dijo al periodista: “No nos regimos por usos y costumbres. Somos un pueblo razonable”. No se requiere hacer ningún esfuerzo para localizar el desprecio que esa frase dirige a los indígenas, pues es casi idéntica a la expresión criolla con la que en épocas que se creían idas, la “gente de razón” se diferenciaba de los “indios” (Columna Jaque Mate, Reforma, 16 de enero de 2015).
La liberación de Nestora Salgado y de la docena de integrantes de la Policía Comunitaria que se halla en prisión, así como la del líder de los opositores a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, es un acto de justicia al que se comprometió en su toma de posesión el gobernador interino Rogelio Ortega, pero es sorprendente –o quizás manifestación de la parsimonia con la que suele emprender las acciones que urgen– que casi tres meses después no haya cumplido con ese compromiso. O que no haya podido o no lo dejen cumplir.
Han pasado ya diez días desde que el gobernador informó que había solicitado –en un eufemismo por ordenado, suponemos— al fiscal general del Estado, Miguel Ángel Godínez, desistirse de las acusaciones para hacer posible la inmediata liberación de Nestora Salgado, y es la fecha en que el desistimiento no se produce. Cuando cada día que pasa es vital, no parece haberle importado a Rogelio Ortega, y ahora no parece importarle al fiscal, dejar a Nestora Salgado morir poco a poco en las mazmorras del sistema político.

Sánchez Nava, abandonado

Guillermo Sánchez Nava lleva cuatro años postrado, inmóvil, sin poder hablar ni mover ninguno de sus miembros, y solamente puede estar en la cama o en silla de ruedas, por la golpiza que recibió de brigadistas del PRI aquella infortunada noche de enero de 2011 cuando los sorprendió retirando propaganda de Ángel Aguirre, entonces candidato del PRD y a quien Sánchez Nava representaba en el instituto electoral. Su tratamiento médico –que no podría ser cubierto por su familia– había sido pagado por el gobierno de Aguirre, pero hace ocho días el dirigente del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, dio a conocer que los familiares de Sánchez Nava le informaron que, a su llegada a la administración, Rogelio Ortega dispuso suspender ese subsidio, que se entregaba mensualmente. Es posible que en el transcurso de estos días esa decisión haya sido revertida por el gobierno del estado y esta nota pierda vigencia, pero de no ser así deberá deplorarse la mala entraña que originó la infamia que deja en el abandono a un político íntegro que sólo merece reconocimiento y apoyo. Por otra parte, el propio PRD no puede desentenderse del caso de Sánchez Nava. Realizaba un trabajo partidista cuando fue atacado, y por lo tanto su estado le concierne y es responsabilidad también del PRD.

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