Jorge G. Castañeda

Nadie le cree al gobierno de Peña Nieto

A cuatro meses de la tragedia, la PGR dio por concluida la investigación jurídica del caso de los 43 desaparecidos. Esto no significa que todos los culpables ya estén consignados ni mucho menos juzgados; tampoco significa que no puedan aparecer otras pruebas concordantes. Significa, hasta donde entiendo, que el gobierno de la República considera que el caso está cerrado en cuanto a lo esencial: los normalistas fueron ejecutados por los Guerreros Unidos con la complicidad de la policía municipal de Iguala, sus cuerpos incinerados, y sus restos lanzados en bolsas de plástico al río San Juan.
Se agrega una respuesta verosímil a la gran pregunta de por qué los Guerreros Unidos harían semejante barbaridad: porque creían que por lo menos algunos de los normalistas trabajaban con los Rojos. Ya hay entonces un móvil, un modus operandi, un lugar y una hora de deceso, y una “lógica causal” que permiten deducir que todo eso sucedió así.
Confieso que la versión de Murillo me convence, pero me gustaría contar con elementos adicionales para arriesgar mi propia y escasa credibilidad en avalar un fallo de esta naturaleza. Me gustaría contar con peritajes internacionales más contundentes que desmientan las teorías alternativas: las de los investigadores de la UNAM y de la UAM, la del horno crematorio en el cuartel militar, el enigma de la asfixia de 25 normalistas en la Estaquitas que los llevó a Cocula, la acrecencia casi aushwitziana de los quince normalistas restantes al ser llevados literalmente al matadero.
Lo que más me induce a aceptar la versión de Murillo es la insólita debilidad de las teorías alternativas, sobretodo en lo tocante al móvil. No veo porqué el Ejército, la Policía Federal o la policía de Iguala quisieran matar a los normalistas o bien los tengan escondidos desde hace cuatro meses y no los entregan; tampoco entiendo el sentido de una supuesta marcha de los normalistas a la guerrilla. Ninguna de las teorías alternativas tiene pies ni cabeza; su único fundamento radica en la incredulidad del país frente a la versión oficial.
Y este es el problema de fondo, político aunque no jurídico. De acuerdo con las últimas encuestas, nadie le cree al gobierno: ni sobre Ayotzinapa, ni sobre Tlatlaya, ni sobre la Casa Blanca ni sobre nada. La gente sostiene que el famoso Cepillo fue torturado para extraerle la confesión; otros se niegan a creer que los laboratorios austriacos no puedan identificar los restos. El problema de la credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, como lo ha señalado Leo Zuckermann, rebasa por mucho el ámbito de Ayotzinapa o de los escándalos. Comienza a volverse un problema de Estado y un problema de gobernabilidad. Porque si los próximos meses siguen trayendo malas noticias económicas, el régimen se verá obligado a tomar decisiones difíciles y tal vez dolorosas. Esas se pueden tomar sólo con credibilidad. EPN hoy la ha perdido.