Firmeza y decisión para “aplicar la ley”, anuncia el secretario de Gobernación

*Dice Osorio Chong que ya se tiene identificados a quienes se han infiltrado en el movimiento por Ayotzinapa para generar violencia

*Quien esté dentro de la legalidad no tendrá ningún problema, advierte en Acapulco el subsecretario Campa Cifrián

*La llegada de más fuerzas federales no es contra las manifestaciones, sino contra los bloqueos y la toma de casetas, afirma el gobernador Rogelio Ortega

*Instalan con Rosario Robles un Comité por la Reconciliación y la Legalidad con los mismos de siempre

Firmeza contra infiltrados que aprovechan la tragedia de Ayotzinapa, advierte Osorio

Agencia Reforma

Ocoayacac, Edomex

El Gobierno federal puso en marcha una estrategia para poner fin a los actos vandálicos y violentos registrados en el país, en el marco de las protestas por el caso Ayotzinapa.
Ayer, ante senadores del PRI, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, anunció que la tolerancia llegó a su fin y que las fuerzas armadas, acompañadas de la Policía Federal tiene instrucciones de hacer cumplir la ley.
Detalló que lo único que esperaba la Administración del presidente Enrique Peña Nieto era el informe final de la PGR sobre Ayotzinapa para poder actuar.
“Sé que las voces en las calles y en su propia casa son ¿por qué de la tolerancia del Gobierno respecto a los violentos?
“No es hasta que tuviéramos la conclusión final por parte del procurador cuando podríamos entonces actuar. A la par del anuncio llevamos hacia Guerrero tantos elementos del Ejército, la Policía Federal y Marina, como ustedes puedan pensar”, dijo.
El funcionario federal aseguró que la decisión de actuar con la fuerza pública no implica la cancelación del diálogo o de la política como instrumento para alcanzar acuerdos.
Sin embargo, advirtió que ya no están dispuestos a dejar de actuar ante los hechos violentos de quienes buscan lastimar al país y hacer creer que la inseguridad registrada en Iguala es un problema de nacional.
“Tampoco podemos quedarnos ahí estancados”, aseveró.
“Vamos a actuar con toda decisión y con toda firmeza para hacer respetar el Estado de derecho”.
Sobre los infiltrados

Antes, en entrevista, el Secretario aseguró que actuarán con decisión ante los grupos que se han infiltrado en el movimiento de Ayotzinapa para generar violencia.
Informó que, a través de tareas de inteligencia, el Gobierno ya tiene ubicados a quienes se han aprovechado de la tragedia.
“Creo que está evidente que algunos grupos, con la bandera de la tragedia de Ayotzinapa, están movilizándose y están cometiendo excesos: quema de vehículos, de instituciones”, dijo.
“Más allá de lo que haga el Gobierno del estado, lo que nos toca a nosotros, lo vamos a hacer con toda firmeza y eso quedará acreditado cuidando siempre los protocolos. No podemos, a partir de una tragedia, generar mas violencia en el país”.
Osorio insistió en que deben llevarse a cabo las elecciones de junio próximo, a pesar de las demandas del magisterio guerrerense.
“Las elecciones se tienen que desarrollar, es un ejercicio que en lo individual tiene cada mexicano y es nuestro deber es dar las condiciones para que se puedan realizar. Se van a realizar y en total coadyuvancia con el INE”, adelantó.
Osorio consideró que los padres de familia están en su derecho de rechazar las conclusiones de la indagatoria de la PGR e informó que, por el momento, no tienen contemplado reunirse con ellos.

Quien esté dentro de la legalidad no tendrá ningún problema, advierte Campa Cifrián

*Habrá “respeto absoluto” de la Policía Federal a normas y protocolos, ofrece el subsecretario de Gobernación en Acapulco. Anuncia una inversión de 207 millones de pesos para la prevención del delito en siete municipios, entre ellos Iguala y Cocula

Aurora Harrison

Quien esté dentro de la legalidad no tendrá ningún problema con la ley y podrá ejercer su derecho de manifestación, dijo ayer en Acapulco el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en referencia a las movilizaciones por la aparición de los 43 normalistas desaparecidos.
Indicó que la Policía Federal actuará en Guerrero con estricto apego a las normas y protocolos de seguridad.
Campa Cifrián firmó el convenio de colaboración del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia con el gobernador Rogelio Ortega Martínez y alcaldes de los siete municipios, en los que se invertirán 207 millones de pesos para la recuperación de  espacios públicos y en programas de prevención del delito.
La ceremonia se realizó en el Fórum Mundo Imperial, y los municipios considerados son Acapulco, Chilpancingo, Zihuata-nejo, Coyuca de Benítez, Chilapa, Iguala y Cocula; los dos últimos no habían sido incluidos porque las condiciones de seguridad “parecían mejores” antes de que sucediera el caso Ayotzinapa.
En declaraciones a reporteros sobre las acciones de la Policía Federal para evitar que organizaciones que apoyan a familiares de los 43 normalistas desaparecidos tomen las casetas de la autopista, declaró que “el énfasis está puesto en la reconciliación y la legalidad, porque Guerrero necesita desarrollo, generación de oportunidades, y que los jóvenes recuperen la confianza”.
Agregó que si antes “no se aplicaba la ley”, fue porque en la primera etapa se puso énfasis en dar con el paradero de los jóvenes, luego encontrar a los responsables y ponerlos a disposición de los jueces correspondientes, y en la actualidad los autores materiales e intelectuales están a disposición de los jueces, “lo que sigue es la reconciliación y legalidad”.
“Habrá respeto absoluto a las normas, a los protocolos, y quien esté dentro de la legalidad no tendrá ningún problema, podrá ejercer sus libertades y sus derechos, el compromiso del gobierno federal y local con la legalidad, ese es el reclamo que está haciendo la sociedad de Guerrero”, puntualizó.
Justificó que la “aplicación de la ley” es un reclamo de los guerrerenses, y por ello es que se trabaja con todas las normas y protocolos que para este efecto rigen la actuación de las policías.
Explicó que se invertirán 207 millones de pesos para la prevención del delito en Guerrero, y se incluye a los municipios de Tixtla, Iguala y Cocula, los dos últimos “no habían sido incorporados en el arranque porque las condiciones parecían mejores, pero lo que ha pasado en los últimos meses deja claro que tenemos que hacer un esfuerzo mayor en esa zona”.
Se le preguntó si tenía que suceder el ataque a los normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 estudiantes para que el gobierno federal tomara en cuenta a Iguala, y respondió: “Le contesto con toda claridad que sí, los acontecimientos de Iguala fueron claves para la incorporación de estos municipios, desafortunadamente”.
Enfatizó que Guerrero ha sido desde que inició el programa de prevención social “la entidad que más recursos tiene, hemos invertido en dos años cerca de 300 millones en las tareas de prevención”.
Campa Cifrián dijo que “la idea es redoblar el paso, ustedes saben que en Acapulco trabajamos en seis lugares, Zapata, Renaci-miento, Petaquillas, Progreso, Jardín y en la Colosio, y estaremos en próximas semanas para revisar lo que se ha avanzado” en recuperación de espacios públicos, centro de atención a mujeres y canchas deportivas.

Menos homicidios pero sigue en primer lugar

Campa Cifrián fue optimista sobre la disminución de la violencia en Guerrero a pesar de los hechos ocurridos en  Iguala, aunque después dijo que la entidad sigue teniendo el mayor número de homicidios por cada 100 mil habitantes, “pero en 2012 hubo dos mil 310 homicidios dolosos, en 2013 tuvo dos mil 87, una reducción de 300”.
En 2014 el número fue de mil 514, una reducción con relación al 2012 de 796 asesinatos.
La cifra sigue siendo muy alta, dijo, pero Guerrero pasó de 68.17 homicidios por cada cien mil habitantes en 2012 a 61.59 en el año 2013 y 44.68 en 2014, “sigue estando en el primer lugar a pesar de esta reducción”, subrayó.
Dijo que Yucatán con 2.1 homicidios por cada cien mil habitantes, es uno de los lugares más seguros del mundo, casi con el promedio de Canadá que tiene 1.5, menos de la mitad de Estados Unidos; Aguascalientes tiene 3.54, e Hidalgo está en tercer lugar.

Convenio para la prevención del delito

En la ceremonia, en su mensaje Campa dijo que en los dos años anteriores el programa se aplicó y distribuyó recursos en Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, y a partir de este año se incorporan Coyuca de Benítez, Chilapa e Iguala, en la conurbación con el municipio de Cocula.
“Pasamos de 149.5 millones de pesos el año pasado, a un poco más de 207 millones de pesos para este año, de los cuales 95.5 millones de pesos son para Acapulco, 27.8 para Chilpancingo, 22.5 para Zihuatanejo, 18.7 millones de pesos para Coyuca de Benítez, 18.9 para Chilapa, y 23.3 para la conurbación de Iguala-Cocula”, puntualizó.
Ejemplificó que en Coyuca de Benítez se atenderán las colonias Tierra y Libertad, Venustiano Carranza, Zumpango y Primero de Enero; mientras que en Iguala se trabajará Tierra Digna,  Centro, Ejidal, Ruffo Figueroa; en el municipio de  Cocula, en las colonias Vicente Guerrero, Puente Río, en San Juan, en San Bartolo y en Barrio de la Plata.
Y dijo que es una acción donde deben participar todos, el gobierno, pero también los ciudadanos.
El alcalde de Acapulco, Luis Uruñuela Fey, dijo que el convenio “nos ayudará a avanzar en el tema de la prevención del delito, que nos permitirá destinar parte de los recursos en infraestructura que tiene que ver  con la remodelación y reconstrucción de los espacios deportivos y de esparcimiento  para que los jóvenes practiquen diferentes disciplinas deportivas y se mantengan alejados de los vicios y de la delincuencia”.
A la firma asistieron el secretario general de Gobierno del estado, David Cienfuegos Salgado; los presidentes municipales de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos; de Zihuatanejo, Luis Fernando Vergara Silva; de Iguala, Silviano Mendiola Pérez; y de Coyuca de Benítez, Ramiro Ávila Morales, y por Chilapa, la síndica del Ayuntamiento, Claudia García.

No es represión, sólo se aplica la ley, dice Ortega de la detención de 12 normalistas

*La llegada de más fuerzas federales no es contra las manifestaciones, sino contra los bloqueos y la toma de casetas, afirma. Evade responder a pregunta de si es válido que policías golpeen, encañonen y amenacen a estudiantes

Karina Contreras

El gobernador Rogelio Ortega Martínez dijo que la llegada de más fuerzas federales a Chilpancingo no es para evitar las movilizaciones, porque ésas están garantizadas en la Constitución, sino para aplicar la ley, aplicar el Estado de derecho a quienes realizan acciones que “transgreden la legalidad, como es el bloqueo a la autopista e ir a cobrar a las casetas, porque es un delito”.
En breves declaraciones al concluir la instalación de la Comisión para la Reconciliación y Legalidad en el Estado de Guerrero, que se llevó a cabo en el Forum Mundo Imperial de Acapulco y que encabezó la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, Ortega Martínez reiteró que su gobierno ha sido “muy tolerante en extremo”, pero “ahora ya viene otra ruta, la sociedad ya nos está reclamando, y entonces no podemos permitir que, incluso, gentes ajenas al movimiento aprovechando esa situación (de Ayotzinapa) vayan, se apropian de las casetas, ese es un asalto”.
Al gobernador se le preguntó si es válida la forma en que policías federales detuvieron a 12 normalistas, a quienes golpearon, encañonaron y amenazaron este miércoles, evadió: “Bueno, ahí ya son decisiones que toman los propios líderes cuando se viola el Estado de derecho, la autoridad interviene”.
Sobre si dicha situación no va a provocar más violencia, dijo que “yo creo que no”.
Ortega Martínez reiteró que aplicar la ley no es represión y agregó que “creo que con los liderazgos dialoguistas hemos establecido suficientes acuerdos; se ha reducido a un mínimo quienes actúan en acciones beligerantes, de violencia, que atentan contra terceros”.
Dijo que es claro que hoy se inicia otro paso en la ruta de “establecer el Estado de derecho en Guerrero, después del diálogo y de la tolerancia”, y subrayó que cree que las movilizaciones van a ir disminuyendo.
Señaló que la gente tiene derecho de movilizarse, pero “el asunto es que no se realicen acciones al margen de la legalidad”.
Sobre la postura de los padres de familia de no aceptar la versión de la PGR, de que los 43 normalistas de Ayotzinapa están muertos, el gobernador respondió: “Qué puedo decir, es lo que ellos dicen, qué puedo decir yo, más que respetar su opinión, es una opinión”.
Se le preguntó sobre la reparación del daño, y Ortega Martínez comentó que hay una ruta que seguir, que se tienen que ajustar a los protocolos internacionales y “con generosidad, de hecho nosotros hemos trazado una línea de acompañamiento, de coadyuvancia y de solidaridad por convicción personal. Es obligación de los gobiernos estar en el luto, en el dolor, en el sufrimiento de la gente que padece esta tragedia”.
Y sobre la denuncia en su contra en el Instituto Nacional Electoral (INE) por promover su imagen fuera del estado, Ortega Martínez manifestó que ya respondió y que lo único que está haciendo es su trabajo, que es respetuoso de las instituciones electorales y que está atento a cualquier observación que se haga y dispuesto a corregir.
Sobre las declaraciones y señalamientos de diputados locales de que hace activismo político, nada más respondió: “Es la percepción que tienen los diputados, yo la respeto, yo he estado haciendo asambleas populares y audiencias públicas y mi discurso es un llamado a la armonía y la paz”.
Sobre el amparo que tramita el PRD contra el Congreso por el recorte al presupuesto del IEPC para las elecciones, nada más dijo: “Respetamos las querellas y tendrán su curso legal”.

Instalan Rogelio Ortega y Rosario Robles una Comisión para la Reconciliación y la Legalidad

*Se impulsarán acciones que contribuyan a la transparencia de las acciones de gobierno en aras de fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones, dice uno de sus puntos. Participan los mismos empresarios y ciudadanos de otros consejos

Karina Contreras

La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el gobernador Rogelio Ortega encabezaron la instalación de la Comisión para la Reconciliación y Legalidad en el Estado de Guerrero y se tomó protesta a sus integrantes, quienes resultaron ser los mismos de los demás consejos que se han conformado como el Plan Guerrero.
Sin mayor información, nada más se comentaron los puntos principales de para qué va servir esta nueva comisión que creó el gobierno federal, y se indicó en el primer punto que se va a promover la reconciliación y legalidad en el estado de Guerrero; dos, que será con vinculación entre la sociedad y las autoridades de gobierno en sus tres niveles; tres, que se impulsarán acciones que contribuyan a la transparencia de las acciones de gobierno en aras de fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones.
El cuatro es para impulsar un programa para la sociedad y el gobierno sobre la cultura de la legalidad; quinto es ser una instancia de gestión de las demandas sociales no atendidas por el estado en cuestión de legalidad y estabilidad social; seis para ser un órgano autónomo independiente de las instituciones gubernamentales, pero con acercamiento y vinculación con éstas, y siete, será un órgano incluyente que permita que todos los sectores de la sociedad que gusten participar tenga un foro para atender y mejorar una estabilidad en el estado una reconciliación y una legalidad.
Se informó que esa comisión va a recibir todas las propuestas que lleven a recuperar el diálogo, la paz, la tranquilidad, la reconciliación y la legalidad en este estado. Que se trata de una nueva etapa en las tareas que  se llevan a cabo en Guerrero.
Al preguntarle si tiene que ver por la situación que causó el caso Ayotzinapa, el notario Jorge Ochoa explicó que la intención es precisamente que la propia sociedad civil sea la que “nos entendamos, traduzcamos y transformemos en una planteamiento sustentado en el derecho y en la razón y toda la sociedad civil lo abanderemos y seamos la mesa de trabajo, escucharemos a todo aquel guerrerense que tenga una inquietud e iremos homologando y que sean propuestas que abanderemos y le hagamos sus planteamientos”.
Se preguntó cómo instalan una comisión para la reconciliación si no se llama a las partes con las que se busca la reconciliación, y el notario respondió que se va “a convocar a que participen en esta comisión, precisamente para conocer cuál es su inquietud, cuál es su propuesta, cuál es su sugerencia, las analizamos todos juntos y en donde sí va respaldada por la estructura constitucional podremos hacer el planteamiento inteligente”.
Se informó que la comisión será “autónoma” y que se espera con ella recuperar la paz, la tranquilidad, el orden social y que “obviamente acelera nuestro desarrollo económico una mejor calidad de vida”.
El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, tomó protesta a los integrantes de la comisión, la cual promoverá la reconciliación y la legalidad en la entidad, vinculará a la sociedad con las autoridades e impulsará la transparencia para las acciones de gobierno.
Además, impulsará un programa de cultura de la legalidad y buscará ser una instancia de gestoría de las demandas sociales no atendidas en esta materia, entre otras funciones. Entre los que integran la comisión están la presidenta de AHETA, Mary Bertha Medina; el presidente de los Restauranteros Unidos de Acapulco (RUA), Javier Reinada Cabajal; el rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán; la chef Susana Palazuelos, el notario Jorge Ochoa, entre otros.

Llevan 80% de avance las obras del gobierno federal en Guerrero tras el paso de Manuel

Después, durante la quinta sesión del Consejo Estatal para la Reconstrucción de Guerrero se informó que las obras y acciones emprendidas por el gobierno federal, después del paso de la tormenta Manuel el 16 de septiembre de 2013, llevan un 80 por ciento de avance y que se prevé tener todo terminado en marzo, con una inversión de casi 39 mil millones de pesos.
Por más de dos horas se reunieron en privado, en unos de los salones del Forum Mundo Imperial, los integrantes del consejo de reconstrucción y solo se permitió a los reporteros ingresar para escuchar los mensajes finales.
En su intervención, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, informó que estaban ahí para dar cuenta de lo que el gobierno federal ha realizado en un año tres meses desde que de dieron los fenómenos naturales que devastaron Guerrero.
Dijo que hay mil 4 caminos rurales concluidos, 61 puentes rurales, cinco carreteras federales, 10 puentes federales, 163 obras de agua potable, en las que destacan las realizadas en Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo; 37 obras de drenaje sanitario, 21 de saneamiento, 23 cauces de ríos des azolvados y tres reconstrucciones de bordos. Precisó que desazolve se hizo en 12.5 millones de metros cúbicos.
Además de 4 mil 116 acciones de vivienda relacionadas con daños parciales, totales y reubicaciones, de las cuales 3 mil 89 ya han sido entregadas, 2 mil 84 viviendas fueron apoyadas por recursos de paquetes materiales por daños menores, asimismo se realizaron 429 obras de electrificación y se entregaron los desarrollos de La Pintada y El Capricho, que fueron un compromiso presidencial.
Además se trabajó en 393 acciones de reparación de escuelas y mobiliario, de las que 111 han sido entregadas y se han realizado acciones de salud. También se pagaron en su totalidad la superficie agrícola siniestrada, las cabezas de ganado y se hizo un esfuerzo adicional para invertir 447 millones de pesos para impulsar la siembra de maíz y frijol, que pasó de un millón y medio a dos millones de toneladas de producción.
Robles Berlanga agregó que se ayudó a 368 unidades de producción pesquera y 664 embarcaciones, se abrieron 800 comedores comunitarios, se hizo la entrega en un cien por ciento de granos en la Montaña, que significó apoyar a 16 mil familias con 5 mil 607 toneladas de maíz, mil 215 toneladas de frijol, mil 215 toneladas de arroz, 45 toneladas de sal y se ha dotado de maquinaria a los ayuntamientos para que abran sus propios caminos.
En su mensaje, la funcionaria federal dijo que se seguirá trabajando hasta concluir los trabajos que se han realizado con una inversión sin precedentes en la historia de Guerrero. Que el presidente Enrique Peña Nieto comprometió su palabra y la estaba cumpliendo, y finalizó diciendo que Guerrero no está solo porque “tiene en su presidente Enrique Peña Nieto a su mejor aliado y amigo”, lo que generó un aplauso de los presentes.
Por su parte, el presidente ejecutivo del consejo, Miguel Alemán Velasco, primero dio, a nombre de los presentes, un reconocimiento a Peña Nieto por la inversión en Guerrero y convocó a una plenaria en mayo, una vez que estén los trabajos concluidos, y dijo que esperaba que fuera presidida por el presidente de la república.
Informó que les habían dicho que las obras y acciones están a un 80 por ciento y otras ya al cien por ciento.
Agregó que comprenden que ha habido condiciones en las obras que han incidido en el ritmo de avance, pero que es bueno que ya los haya, y que en la sesión les informaron la magnitud de los trabajos, así como las acciones realizadas como originalmente les fueron planteadas.
Indicó que el consejo va a evaluar y a revisar las acciones organizadas, aunque saben que las obras están sujetas a la normatividad.
Adelantó Alemán Velasco que se va a seleccionar una muestra representativa de las obras y acciones “que nos permita verificar con certidumbre la información que hoy hemos recibidos. Analizaremos los fundamentos legales que sustentan el ejercicio y la aplicación de los recursos públicos, se harán visitas que nos permitan comprobar y verificar la calidad de las obras y lo reportaremos en las próximas sesiones”.
Dijo que se integrarán las observaciones y recomendaciones que emanen del consejo.
Mientras que el gobernador Rogelio Ortega Martínez explicó que una vez que se terminen las obras habrá un nuevo Guerrero, y señaló que la crisis es una oportunidad, en este caso por la naturaleza, para salir fortalecidos con un Guerrero con mejor infraestructura, mejor posicionados.
Recordó el caso de Ayotzinapa y dijo que “la crisis política y social que se produjo con la tragedia de Iguala es una oportunidad también para que las guerrerenses vayamos en la ruta de la armonía, de la reconciliación, para encontrar el camino de la paz, de la paz democrática”.
Agregó que se necesita la paz a la que “concurramos también a una gran fiesta cívica en la renovación de los poderes públicos en el estado de Guerrero, para que nadie nos conculque nuestro legítimo derecho de ejercer nuestro voto libre, para que podamos votar y premiar a aquellas candidaturas limpias que representan una trayectoria de honestidad, de compromiso y de vocación de servicio. Para Guerrero es una gran oportunidad que debemos de construir en los próximos meses y empatarla junto con la reconstrucción y restauración del estado”.