Carlos Pérez Aguirre

Aires de represión en una pradera seca y agraviada

Tal parece que no existe un poco de sentido común en algunos círculos gubernamentales y empresariales al hacer un irresponsable llamado a la represión cuando las causas de la irritación social están mas que presentes, están sobre todo justificadas. El país, como lo observamos de manera cotidiana, está fuertemente agraviado por diversas causas como son, conflictos de interés en la adquisición o la transferencia de inmuebles, una economía que cada vez está más deteriorada, un grave desempleo, reformas estructurales –energética, educativa, fiscal, telecomunicaciones– que sólo benefician a unos cuantos y que se prevé que se convertirán sólo en lucrativos negocios en detrimento de la nación y sus habitantes, delincuencia sin freno y en crecimiento, lo que trae deterioro acelerado en la credibilidad de las instituciones, sobre todo de los partidos políticos que han actuado sólo en función de sus intereses grupales sin tomar en cuenta a la sociedad que, en teoría, deberían representar, ese menoscabo incluye a los órganos de Defensa y armada que están siendo cuestionados en su proceder; por tanto, existe un sombrío panorama institucional en donde la autoridad, al parecer, no se da cuenta de esta profunda crisis que vulnera la estabilidad del país, esa crisis se ha nutrido de las inconsistencias gubernamentales, torpezas y corrupción.
Desde esta columna se ha solicitado de diversas formas el cumplimiento de la legalidad, como premisa indispensable y necesaria para el adecuado desenvolvimiento y la convivencia social, pero cuando esa legalidad es trastocada o dejada de lado desde las instituciones, entonces estamos en un problema enorme que nos afecta a todos. Todos tenemos claro que el problema de la delincuencia, aquel que agrede directamente a la sociedad con los secuestros, robos, las extorsiones y los asesinatos, son el principal punto de quiebre institucional, no por nada la principal razón de ser del Estado –varias veces se ha mencionado ya– es la de garantizar los bienes y las vidas de sus gobernados. Si este elemental derecho no se cumple, el Estado deja de tener razón se ser y quienes lo representan están usurpando funciones. Por ello la importancia del movimiento que derivó de los asesinatos y desapariciones de estudiantes de Ayotzinapa, las multitudinarias manifestaciones, la vitalidad del movimiento y la enorme simpatía nacional se basan en la necesidad de las familias mexicanas de demandar a su gobierno, en el sentido de que actúe contra la delincuencia que violenta al ciudadano. Entonces resulta absurdo que manipulados por las televisoras y por grupos de poder con posibles nexos con la delincuencia (porque sólo a ellos beneficia) demanden la represión indiscriminada; ya observamos el jueves un nuevo conato de irresponsabilidad gubernamental, cuando policías federales detuvieron a jóvenes normalistas violenta y arbitrariamente, que puede derivar en el escalamiento del conflicto social y cabe preguntar ¿es irresponsabilidad, torpeza o clara intención de generar conflictos?
Los policías que llegan a la entidad, evidentemente serán bienvenidos si vienen a combatir la delincuencia organizada que lesiona a la sociedad, pero serán repudiados si sólo actúan para contener el descontento social, ante la falta de respuestas y resultados de esas mismas autoridades.
Titishando: Ahora resulta que los voceros de las fuerzas armadas son los presidentes de los cuestionados grupos empresariales, ellos informan a los medios, cuántos elementos y de qué características arriban, que actividad desarrollaran y su estrategia. De lo poco que sabemos de manuales militares, el filtrar información es una aberración táctica, ¿o no?

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