Elabora el gobierno de Ortega una ley de amnistía que no beneficia a ningún preso

*El proyecto a cargo del secretario David Cienfuegos indica que sólo se beneficiará a eventuales detenidos a partir del 26 de septiembre del año pasado, día en que ocurrió la matanza de Iguala. Fue firmado el 9 de enero por el gobernador, pero se desconoce si ya se entregó al Congreso

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La ley de amnistía que elaboró la Secretaría de Gobierno para liberar a los presos políticos, no beneficiará a ninguno de los detenidos que apoyan los organismos civiles de derechos humanos y organizaciones sociales, entre éstos, a la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, Nestora Salgado, ni al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui.
Aunque en el contenido no precisa para quién lleva dedicatoria, por los tiempos de su vigencia, sólo serían beneficiados quienes hayan incurrido o incurran en delitos durante el movimiento que demanda la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues establece que será a favor de “todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal ante los tribunales estatales, a partir del 26 de septiembre de 2014, hasta la fecha en que se desahoguen los asuntos que serán motivo de la presente ley de amnistía”.
Y en este periodo no hay ningún detenido.
El documento limita, además, el beneficio sólo a aquellos presos por delitos del fuero común “cometidos por luchadores sociales, con motivo de su participación en movilizaciones, protestas y actos tendientes al reclamo de sus demandas sociales”.
Pero advierte que “en ninguna circunstancia y bajo ningún argumento, se podrá aplicar la presente ley a quien esté acusado de ilícitos cometidos bajo la protección de organismos oficiales, militares o policiales”.
El texto de la ley de amnistía fue elaborado por la Secretaría de Gobierno y fue firmada por el gobernador Rogelio Ortega Martínez y el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, el 9 de enero pasado; pero se desconoce si ya fue enviada al Congreso local para su discusión y, en su caso, aprobación.
La necesidad de una ley de amnistía se concibió por el actual gobierno de Ortega Martínez debido a la exigencia de organismos civiles de derechos humanos y organizaciones sociales para liberar, prioritariamente, a los presos de la CRAC, Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos, Bernardino García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos y Ángel García García. Así como el dirigente del Cecop, Marco Antonio Suástegui.
El gobierno de Ortega Martínez se comprometió a elaborar la ley y enviarla al Congreso, en el contexto del diálogo que sostiene en la Séptima Mesa Gobernanza y Democracia Participativa, en la que participan representantes de las organizaciones del Frente Popular para el Desarrollo del Estado de Guerrero. Las de más representatividad son la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Foro Permanente de Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero.
Sin embargo, de ser aprobada por el Congreso en los términos que fue elaborada por la secretaría de Gobierno, no beneficiaría a los presos de la CRAC ni al dirigente del Cecop, puesto que está acotada en su periodo de afectación y en cuanto al fuero.
En cambio, sí podrían quedar protegidos por esta ley quienes resultaran con averiguaciones previas o causas penales con motivo del movimiento que comenzó a partir del 26 de septiembre, por la demanda de justicia y la presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, tras el ataque que sufrieron los normalistas por policías municipales de Iguala e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
De acuerdo con una copia en poder de El Sur, en su artículo 1, el proyecto de decreto establece que la ley de amnistía es: “a favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal ante los tribunales estatales, a partir del 26 de septiembre de 2014, hasta la fecha en que se desahoguen los asuntos, con motivo de delitos del fuero común y de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, cometidos por luchadores sociales por su participación en movilizaciones, protestas y actos ilícitos tendientes al reclamo de sus demandas sociales y al ejercicio de sus derechos, como pueblos indígenas y campesinos”.
En el caso de Nestora Salgado, Bernardino García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos y Ángel García, aunque están procesados por delitos del fuero común, y en el caso de la primera ya fue absuelta por el delito federal, se ejerció acción penal en su contra desde agosto de 2013.
Mientras tanto, Gonzalo Molina fue detenido en noviembre de 1213 y Arturo Campos en diciembre de ese mismo año. Además, ambos están acusados por delitos federales. Gonzalo Molina está procesado por las causas penales 67/2013/, por portación de arma de fuego; 76/2011/, por delincuencia organizada. Mientras que Arturo Campos también está procesado bajo la causa penal 76/2011, por delincuencia organizada, que comparte con Molina González, y con ello no alcanzarían el beneficio de la ley de amnistía que está destinada sólo para procesados por delitos del fuero común.
“Para que se decrete la amnistía estatalmente, debe ser mediante una ley cuyos delitos sean del fuero común, preferentemente políticos y que beneficie a una pluralidad”, dice el texto.
Además, el documento argumenta: “Los delitos tipificados como graves en el Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, producen daños irreparables, causados tanto a la víctima como a sus familiares y, en general, a la sociedad, deben quedar excluidos de los beneficios de la presente ley, ya que en caso contrario, la ciudadanía en general se sentiría agraviada por dejar en libertad a estas personas.
Mientras tanto, en el caso del dirigente del Cecop, Marco Antonio Suástegui, tampoco sería beneficiado, pues en el contenido de la ley se asienta que es para “aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal ante los tribunales estatales, a partir del 26 de septiembre de 2014” y Suástegui fue detenido el 17 de junio de 2014.
En el documento se reconoce que aparte de la inseguridad, otros factores que afectan al país son la pobreza y la marginación, “circunstancia que incide negativamente en el desarrollo armónico de la sociedad guerrerense, lo que ha generado que las organizaciones sociales y políticas, soliciten al gobierno del estado soluciones a sus demandas de derechos sociales, económicos, políticos y culturales en un marco de respeto a los derechos humanos, y la falta de cumplimiento de dichas demandas por autoridades, federales, estatales y municipales, ha ocasionado que la sociedad se manifieste y proteste. Protesta que genera violaciones de algunos tipos penales en la entidad, lo que ha dado lugar al ejercicio de acciones legales en su contra”.
Luego agrega que uno de los principales objetivos del gobierno del estado, es delinear una política que priorice el diálogo y la negociación por encima de la represión y confrontación, “es por ello que busca alternativas de solución a las demandas que presentan las organizaciones sociales”.
Para los efectos de la ley, se menciona la instalación de la Comisión de Amnistía, que quedará integrada por el gobernador, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y tres representantes de organismos civiles.
En el artículo 3, se establece que la Comisión de Amnistía tomará decisiones por unanimidad o por mayoría de votos y sus labores no excederán de 31 de diciembre de 2015, en que termina la vigencia de la misma.
Además, los somete a la censura pues asienta que los integrantes de la Comisión de Amnistía “están obligados a guardar la secrecía de los asuntos que se presenten a su conocimiento”, así como analizar minuciosamente cada uno de los casos, para determinar la existencia o no de las condiciones legales.