Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Nestora Salgado y la represión en marcha

Preguntamos aquí hace quince días por qué no cumplía el gobernador Rogelio Ortega Martínez su compromiso de liberar a Nestora Salgado García y a la otra docena de integrantes de la Policía Comunitaria encarcelados por el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, si porque no podía o porque no lo dejaban cumplir su promesa. Ahora sabemos que es por las dos cosas: no puede ni lo dejan.
“Se comunica a toda la sociedad en Guerrero, que se ha determinado no desistirse de la acción penal y continuar interviniendo jurídicamente en todos los procedimientos legales instaurados en contra de la procesada”, afirma el comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado la noche del viernes pasado en respuesta a la solicitud que quince días atrás le había formulado Ortega Martínez.
La Fiscalía sostiene que “esta conclusión se tomó conforme a un análisis minucioso, estrictamente jurídico, de acuerdo a todas y cada una de las actuaciones que estructuran los procedimientos de carácter penal que tiene instaurados la procesada”, pero eso es una flagrante mentira.
La detención de la coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá se fundamenta en un acto arbitrario e ilegal cometido por Aguirre Rivero, quien para poder recluirla desconoció la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que regula las policías comunitarias pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC. A pesar de que la Policía Comunitaria de Olinalá pertenece a la CRAC, y de que por la función que Nestora Salgado desempeñaba era recibida y tratada institucional y públicamente así por el gobierno de Aguirre Rivero, la animadversión que el entonces gobernador desarrolló contra la dirigente social lo condujo a decretar de un día para otro que no formaba parte de la CRAC, lo que significaba sustraerla de la Ley 701. Repentinamente y por las puras pistolas de Aguirre, la Policía Comunitaria de Olinalá quedó convertida de tal manera en un grupo infractor de la ley y sus actos en delitos. En esa maniobra se sustentan las acusaciones por “secuestro” que se le fabricaron a Nestora Salgado. Es decir, las detenciones que la Policía Comunitaria había realizado en congruencia con el mandato de la Ley 701 pasaron a ser “secuestros”.
Por eso es mentira el “análisis estrictamente jurídico” que aduce el fiscal Miguel Ángel Godínez para justificar su negativa a desistirse de las acusaciones contra Nestora Salgado, pues de ser eso verdad, la conclusión habría sido la opuesta y dar lugar al desistimiento que se le había solicitado.
Es una aberración jurídica desconocer una ley para encarcelar a una dirigente social como era Nestora Salgado. Pero la ley no puede estar sujeta a los caprichos y al humor personal de un gobernador, y por esa razón el juez del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, José Luis Arroyo Alcántara, desechó en marzo de 2014 las acusaciones de orden federal por secuestro y delincuencia organizada contra Nestora Salgado, y determinó que los casos que se le adjudican como “secuestros” fueron detenciones y que en ello actuó conforme a las facultades que le confiere la Ley 701. Esta es la explicación expuesta por el juez: “Se advierte que se alude a las expresiones detenciones, presos, casas de justicia de la Policía Comunitaria, trabajos comunitarios, en cierta forma a fianzas (sin que para ello se aluda a pagos de rescate), a comandantes y a coordinadores; lo que denota que sin duda alguna así se llevaron las privaciones de libertad en perjuicio de los denunciantes, empero es cierto también que éstas fueron motivos de actos de autoridad” (El Universal, 17 de enero de 2015).
“Actos de autoridad” porque, en efecto, la Policía Comunitaria es una autoridad establecida en la Constitución del estado.
El ex gobernador Aguirre Rivero y su procurador Iñaky Blanco Cabrera encontraron un juez a modo que en el flanco del fuero común admitiera las acusaciones contra Nestora Salgado, que las mantuvo aun cuando el juez federal desechó esos mismos cargos por notoriamente inviables debido a la Ley 701. El criterio cerrado de ese juez la mantiene en prisión, y la decisión absurda del fiscal Godínez Muñoz pretende que allí se quede. Habrá ocasión de confirmar si al fiscal del estado de veras le preocupan las víctimas, todas, o si en este caso solamente finge en obediencia a los intereses de grupos de poder que con Aguirre Rivero a la cabeza emprendieron una campaña para destruir el sistema comunitario de justicia.
Una prueba de lo anterior podemos hallarla en el hecho de que el “análisis estrictamente jurídico” que hizo Godínez Muñoz pasó por alto un nuevo precedente establecido por el Poder Judicial a favor de Nestora Salgado. Se trata de la resolución emitida el 22 de enero por el Juzgado Octavo de Distrito de Guerrero y también por el Segundo Tribunal Unitario de Acapulco, que rechazaron librar otra orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y secuestro que la PGR había solicitado nuevamente. En una sentencia definitiva, el tribunal consideró un “hecho notorio” que Nestora Salgado es ajena a los delitos que se le imputan, y recordó la resolución previa a su favor acordada por el Primer Tribunal Unitario de Chilpancingo. ¿Cuál puede ser la fortaleza jurídica de la posición de la Fiscalía del estado, si ignora las resoluciones que en lo que se refiere a los cargos federales han desechado una y otra vez los jueces para los mismos delitos?
Es evidente que en el fuero común existe una componenda en la que hay un juez de consigna para impedir a toda costa que la coordinadora de la Policía Comunitaria salga de la cárcel. Es muy probable que el fiscal del estado haya recibido presiones extra jurídicas del gobierno federal para negar el desistimiento, y se sabe que, pese a la resolución en contra, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada se disponía a solicitar otra orden de aprehensión. (Reforma, 23 de enero de 2015)
El empecinamiento en negarle la libertad a Nestora Salgado tiene un significado adicional en el contexto del endurecimiento con que el gobierno federal ha resuelto encarar al movimiento por los 43 normalistas desaparecidos, lo que en el código del gobierno del PRI quiere decir, llanamente, represión. Es parte de la misma estrategia de confrontación cuyo objetivo último es aplastar la inconformidad y la disidencia social que exhibe las complicidades, la ineptitud y la corrupción que plaga al gobierno. Por todo ello no tiene nada de “estrictamente jurídico” el procedimiento por el que la Fiscalía del estado se negó a desistirse de las acusaciones contra Nestora Salgado. La quieren en prisión porque es una líder eficaz y con raigambre social, y es preciso apartarla de la escena pública y del conflicto normalista. Otra cosa es que el gobernador Rogelio Ortega no se haya fajado los pantalones e interpuesto su autoridad por una causa legítima.

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