Lorenzo Meyer

AGENDA CIUDADANA

Una propuesta indecorosa

*Asignar a un amigo del amigo del Presidente la tarea de investigar al Presidente no resuelve el  problema de credibilidad, lo hace más visible

¿Investigar al jefe? La decisión del presidente Enrique Peña Nieto de responder a juicios como el de The Economist –“El presidente no entiende que no entiende”, refiriéndose al conflicto de intereses en que Peña Nieto se ha metido por sus tratos con contratistas del gobierno–, consistió en nombrar un encargado de la olvidada Secretaría de la Función Pública (SFP), programada para desaparecer, pero reactivada como medida de emergencia para vigilar la honestidad gubernamental, empezando por la Presidencia misma.
The Economist (7-13 de febrero) y muchos más han encontrado problemática la solución. En principio, es positivo que Peña Nieto acepte que se le debe investigar a él, a su esposa y a su secretario de Hacienda por los términos en que adquirieron valiosas propiedades de empresas que han tenido contratos jugosos con el gobierno. Sin embargo, lo que ya no es muy aceptable para el semanario, y menos para el grueso de la opinión pública mexicana (76 por ciento, según encuesta publicada por Excélsior el día 9) es el cómo se dará contenido a esa investigación. Hay al menos tres razones para ello: el personaje que encabeza a la SFP, el instrumento con el que se le dotó para la tarea y los antecedentes.
Problemas. El nuevo encargado de la SFP, abogado del ITAM con maestría de la Universidad de Columbia, ha tenido ya numerosos puestos en la administración pública, destaca el de consejero de un IFE muy partidizado (2003-2010) al que llegó con el apoyo de Elba Esther Gordillo y del PRI. Aún más significativo es que el flamante encargado de investigar posibles conflictos de intereses es amigo desde hace 25 años de uno de los personajes a investigar: el secretario de Hacienda, (Alberto Aguirre, El Economista, 3 de febrero). Aquí el investigador de conflictos de interés tiene un conflicto de interés.
En segundo lugar, como lo apuntó Mauricio Merino (El Universal, 4 de febrero), usar a la SFP para investigar el conflicto de intereses del presidente, su esposa y su más cercano colaborador, es asegurar de antemano su exoneración. Y “no sólo porque es obvio que el subordinado no castigará al superior” sino porque el instrumento que se va a usar no es el adecuado. Así lo confirmó el propio secretario al declarar que él no puede investigar directamente a los tres sospechosos por la simple razón de que ninguno era funcionario federal al momento de adquirir sus magnificas propiedades; a lo más que la SFP puede aspirar es a investigar los contratos con el gobierno de las generosas empresas que le facilitaron al trío en cuestión adquirir tan espectaculares inmuebles, (Reforma, 5 de febrero). Por eso, Merino asume que no se quiere resolver el problema sino administrarlo hasta que pasen las elecciones de junio y, según la encuesta ya citada, es lo mismo que opina el 72 por ciento del público mexicano.
En tercer lugar, de los antecedentes de la lucha de presidentes contra la corrupción, lo que se puede decir es deja vu. La promesa de los gobiernos de llevar esa batalla “hasta sus últimas consecuencias” ya se gastó por repetida. Tras su dudosa victoria en las urnas, Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) intentó recuperar legitimidad tomando distancia de la espléndida corrupción de su antecesor, Miguel Alemán. Sin embargo, esa corrupción pronto volvió a su nivel normal. Miguel de la Madrid (1982-1988), con una economía en picada (el PIB per cápita cayó 11.82 por ciento en el sexenio), intentó rellenar los odres de su legitimidad con la “renovación moral”, pero el in-tento fracasó casi desde el arranque porque el presidente nunca dio un apoyo efectivo al encargado de dar la batalla –Samuel del Villar– y éste renunció. Vicente Fox, el del “bono democrático”, prometió meter a la cárcel a los “peces gordos” pero al final no atrapó ni charales. Felipe Calderón anunció un Programa Nacional de Rendi-ción de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, y todos vimos en que acabó.
Lo que se necesita. La corrupción endémica en México no se combatirá con secretarios amigos del amigo del Presidente sino con la construcción de una institución autónoma y con dientes, como la que se creó en Hong Kong en 1974: la Comisión Independiente Contra la Corrupción o ICAC, primera de su tipo en el mundo (Independent Commission againstCorruptionhttp://www.info.gov.hk/info/icac.htm). Cuando se creó la ICAC, Hong Kong estaba invadido por la corrupción al punto que hasta para que una ambulancia levantara a un necesitado había que dar mordida y ni qué decir de la policía. Hoy la situación es casi la opuesta. Para lograrlo, fueron necesarias protestas masivas –especialmente de estudiantes– y un gran apoyo social producto del hartazgo. La ICAC sobrevivió el traspaso de la soberanía de Inglaterra a China y su división del trabajo es tan clara como efectiva: investigación (la principal), prevención y educación; el proceso de los acusados ya corresponde a los jueces.
Conclusión. Para enfrentar uno de los principales problemas políticos y sociales, una corrupción extendida y endémica, México necesita un órgano independiente y fuerte, con poderes incluso sobre el jefe del gobierno, y un gran apoyo social. Poner al amigo del amigo del Presidente para investigar el conflicto de intereses del presidente, no sólo es una propuesta indecorosa sino inefectiva, un simple posponer el momento de la verdad.

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