Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Zeferino, Rogelio Ortega y el desprecio a la justicia

“… Comparto contigo la exigencia de que se aclare el crimen de Armando Chavarría, tal como lo manifesté en diversas ocasiones no siendo gobernador, y lo ratifico ahora”, dijo el gobernador Rogelio Ortega Martínez en un desplegado titulado “Estimada y siempre muy respetada Martha”, firmado con su nombre y su cargo y publicado en estas páginas el martes pasado.
A quien con ese tuteo inadecuado el Ejecutivo llama simplemente “Martha” es a la señora Martha Obeso Cázares, viuda del diputado Armando Chavarría Barrera, y el objetivo de esa extraña inserción publicitaria del gobernador era responder a la entrevista que un día antes se publicó en El Sur, en la que Martha Obeso denunció el desdén de Rogelio Ortega hacia las investigaciones del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local y más fuerte precandidato del PRD al gobierno del estado en aquel 2009.
En esa entrevista, Martha Obeso caracterizó al gobierno de Rogelio Ortega como “claudicante” y criticó que carezca de un compromiso con la procuración de justicia, no sólo en referencia al caso Chavarría sino a otros homicidios como el del diputado Moisés Villanueva, los de Raúl Lucas y Manuel Ponce, y el de Arturo Hernández Cardona y sus compañeros de Unidad Popular, ultimados en 2013 en Iguala.
“Yo tengo la impresión de que Rogelio Ortega tampoco quiere actuar penalmente contra el ex gobernador (Zeferino Torreblanca), y también intenta protegerlo, como lo hizo Ángel Aguirre”, expresó Martha Obeso. Agregó que “no pretendo que esclarezca el caso porque fueron muy amigos (Rogelio Ortega y Armando Chavarría), porque lo fueron, sino porque hay los elementos, todas las pruebas necesarias”, dijo, e hizo alusión a la pública amistad que existe de años atrás entre Rogelio Ortega y Zeferino Torreblanca.
La mención de Zeferino Torreblanca se basa en la información que publicó este diario el 18 de agosto del año pasado, en la que se reveló que consta en el expediente del caso la declaración de un implicado en el homicidio de Chavarría Barrera, quien dijo que el asesinato fue una orden del entonces gobernador del PRD. Se recordará que esa información fue confirmada públicamente por el ex procurador Alberto López Rosas, en cuya gestión al frente de la Procuraduría se originó la declaración ministerial que implica a Torreblanca Galindo en el crimen, lo que hasta entonces había sido solamente una sospecha generalizada.
Para situar las cosas, también debe recordarse que la información dada a conocer por El Sur dio lugar, el 2 de septiembre, a una prolongada comparecencia de Zeferino Torreblanca en la Procuraduría, entonces a cargo de Iñaky Blanco Cabrera, pero no como indiciado, como correspondía por el señalamiento explícito que existe en su contra, sino aparentemente como testigo o simple voluntario, según informó en esa fecha la PGJE. Días antes, el 27 de agosto, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero había desestimado la contundencia de la información, y en abierta protección de su antecesor dijo que había una campaña en contra de Zeferino Torreblanca, y que a él no le “gustaría el día de mañana, ya no siendo gobernador, que emprendieran una cacería en contra mía, si no se tienen los elementos o el sustento jurídico debido”. Ni con la acusación que yace en el expediente ni con la comparecencia del ex gobernador pasó nada, lo que reflejó el encubrimiento que el gobierno de Aguirre Rivero dio al empresario abarrotero, y cuando se produjo en Iguala el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa el caso Chavarría entró en una pausa.
Cuando tomó posesión como gobernador interino, el 26 de octubre, Rogelio Ortega no hizo ningún pronunciamiento sobre la impunidad en que permanecen numerosos asesinatos de líderes sociales y políticos. El 28 de octubre, Martha Obeso dijo que con la llegada de Rogelio Ortega a la gubernatura se abría “la esperanza” de que el homicidio de Armando Chavarría se esclareciera, y el 24 de noviembre envió al gobernador una carta en la que le solicitó la reanudación de las investigaciones y una audiencia. A mediados de diciembre le fue concedida esa audiencia y fue citada en Acapulco, pero después de esperar más de una hora el gobernador no la recibió. El 12 de enero, Martha Obeso envió al gobernador otra carta en la que le planteó específicamente la creación de una fiscalía especial para el caso Chavarría, un proyecto que se había truncado en el gobierno de Ángel Aguirre. Días más tarde fue citada otra vez en el Palacio de Gobierno, y otra vez no fue recibida por el gobernador después de esperar más de una hora.
Esos son los antecedentes de la entrevista que el lunes pasado publicó El Sur, y que por lo visto le provocó un fuerte malestar al gobernador Rogelio Ortega, tan hondo que en un arranque de ira resolvió responder mediante un desplegado en el que antagoniza con una ciudadana inconforme, sale a flote su personalidad y confirma precisamente lo que Martha Obeso denuncia.
Que Rogelio Ortega también protege a Zeferino Torreblanca en el caso del asesinato de Armando Chavarría, como lo hizo Ángel Aguirre, queda de manifiesto en el mismo desplegado del gobernador, en el cual dice que comparte la exigencia del esclarecimiento del crimen pero prácticamente se declara incompetente para emprender alguna acción al respecto, así fuera un exhorto o solicitud a la Fiscalía General del Estado, como si no fuera el titular del poder Ejecutivo.
Dice que las investigaciones del caso se encuentran “en el ámbito de la Fiscalía General del Estado, a la que sin duda le es exigible toda la celeridad e indagatorias a fondo para hallar a los responsables últimos del asesinato”, pero según el cuadrado mecanismo mental que aplica, le es exigible a la Fiscalía tal “celeridad” por cualquiera, pero no por él, pues a continuación afirma que “es también lógico suponer, por la cultura que hemos vivido en el estado y en el país, que el gobernador puede ordenarle al Fiscal General cuanta cosa le venga en gana”.
“Cuanta cosa le venga en gana”, dice el gobernador con un desprecio soberbio, como si se tratara del robo de un guajolote en el vecindario. “En mi caso”, añade, “soy absolutamente respetuoso de la autonomía de la Fiscalía General, a la que todos los guerrerenses tenemos el derecho de acudir y de recibir respuesta a nuestra peticiones de justicia”. Es decir, a él por qué. Eso sí, le explica a “Martha”, “no pienses que con ello pretendo eludir la responsabilidad que me corresponde. Desde el Ejecutivo que encabezo en Guerrero mantengo la misma demanda, en este caso como en otros, de justicia plena y expedita”. Y ahí se le olvida que es el gobernador y que de acuerdo con la Constitución no está para “demandar” sino para procurar e impartir “justicia plena y expedita” a los ciudadanos. Por lo demás, son públicas las exigencias de justicia que durante años Martha Obeso dirigió a la Procuraduría, y es conocido que después del caso Ayotzinapa la PGJE de Iñaky Blanco se caía a pedazos, poco antes de entrar al proceso de conversión a Fiscalía, lapso en el cual estuvo sin titular muchas semanas.
Pero en realidad no se le olvida nada, sólo se hace tonto, pues el miércoles, en una esquela publicada también en estas páginas bajo su firma, Rogelio Ortega envió un mensaje de condolencias por el asesinato del joven Edgar Fierro Ávila, estudiante universitario. Además de las frases usuales, en ese texto firmado como gobernador, Ortega Martínez escribió lo siguiente: “Deseo externar, también, que he solicitado a la Fiscalía General del estado de Guerrero, con respeto al ámbito de su autonomía, una profunda investigación y pronta actuación para dar con el responsable y aplicar todo el peso de la ley”. ¿Por qué en el caso Chavarría usa el respeto a la Fiscalía para decir que no puede hacer nada, y en este otro caso sí le solicita una investigación profunda?
En el desplegado del martes puede hallarse una pista más del encubrimiento que Rogelio Ortega brinda a Zeferino Torreblanca, que es hacia donde apuntan todos los pretextos que aduce el gobernador para desentenderse del caso Chavarría. Está alojado en la siguiente frase: “el gobernador de Guerrero no encubre a nadie; tampoco fabrica culpables”. ¿Quién le pidió al señor gobernador “fabricar culpables” en el caso Chavarría? ¿Acaso quiere decir Rogelio Ortega que los señalamientos contra Torreblanca Galindo buscan fabricar un culpable? ¿Acaso no sabe que las acusaciones contra Zeferino Torreblanca como autor intelectual del asesinato de Chavarría provienen de las investigaciones realizadas por la Procuraduría, y se deben a la declaración ministerial del comandante Trinidad Zamora Rojo, quien reveló la trama orquestada desde el gobierno zeferinista y por ello fue a su vez asesinado? Todo ello se encuentra en el expediente desde mediados de 2011, como confirmó López Rosas, pero el entonces gobernador Ángel Aguirre frenó la continuación de las investigaciones para proteger al contador Torreblanca Galindo, y lo dijo él mismo. Rogelio Ortega hace ahora lo mismo, y también lo dice en su desplegado, con ese alegato hipócrita que no alcanza a tapar sus verdaderas intenciones. Ni siquiera porque firme su comunicado a “Martha” con la expresión “Tu amigo”.

Zeferino, el Abarca del PAN para Acapulco

El PAN decidió ayer postular al ex gobernador Zeferino Torreblanca como su candidato a la alcaldía de Acapulco. Se entiende que así sea porque Torreblanca Galindo siempre ha sido un panista embozado, pero no se explica que después de la tragedia de Iguala el PAN le aseste un Abarca a Acapulco. No sólo tiene en sus espaldas el asesinato de Armando Chavarría. También está acusado por desfalcos millonarios durante su sexenio –¿el misterioso incendio de las oficinas del Seguro Popular no tuvo nada que ver?–, en el cual trabó fuertes nexos con el narcotraficante Rogaciano Alba Álvarez. No va a ganar, pero ¿qué en el PAN nadie lee los periódicos?

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