Incumple el Estado Mexicano el protocolo de búsqueda en el caso Iguala, señala ONU

“Se inicia muy tarde y muchos días después de haberse recibido la denuncia se inicia una investigación seria. El caso de Ayotzinapa es uno de ellos, pero hay una multiplicidad de quejas”, agrega Rainer Huhle, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada

Agencias Reforma y Proceso

Ginebra

El Estado mexicano incumplió el protocolo de búsqueda en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, indicó ayer Rainer Huhle, integrante del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.
Luego de que el organismo presentará en Ginebra sus observaciones finales sobre el informe entregado por las autoridades mexicanas a principios de febrero, el experto remarcó que el Gobierno debe redoblar con urgencia sus esfuerzos de búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas, con la premisa de que las primeras horas son decisivas para encontrar a la víctima con vida.
“Hay necesidad de mejorar sustancialmente los mecanismos de búsqueda. Reconocemos que la PGR cuenta con un mecanismo, pero todavía falta mucho para que se aplique en todo el territorio y por todas las instituciones”, comentó en entrevista telefónica.
“Hemos tenido casos recientes en donde se ha visto que no se ha cumplido con el protocolo de búsqueda; ésta se inicia muy tarde y muchos días después de haberse recibido la denuncia se inicia una investigación seria (.) El caso de Ayotzinapa es uno de ellos, pero hay una multiplicidad de quejas”, agregó.
Las observaciones del Comité son resultado de un examen realizado los días 2 y 3 de febrero, con la participación de más de 20 funcionarios mexicanos y miembros de organizaciones civiles.
“El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, señala el documento presentado ayer.
Huhle resaltó la urgencia de crear un registro único nacional de personas desaparecidas a nivel nacional y en el que las autoridades encargadas de ingresar los datos lo hagan de manera uniforme e inmediata.
“Esta medida es prioritaria porque permitirá establecer estadísticas confiables para desarrollar políticas públicas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar con el crimen de la desaparición forzada”, apuntó.
También destacó la necesidad de actuar ante la desaparición de migrantes, al ser uno de los archivos más desatendidos por las autoridades.
Advirtió que, como país firmante de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones del Comité.

Desapariciones en México son generalizadas: ONU

México incumple con las obligaciones que asumió al ratificar, en marzo de 2008, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, concluyó el Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas, luego de examinar, el 2 y 3 de febrero, la situación del país en la materia.
“El Comité considera que el cuadro normativo en vigor, así como su aplicación y el desempeño de algunas autoridades competentes, no se conforman plenamente con las obligaciones de la Convención”, señala la instancia de la ONU en el documento con sus observaciones finales, presentado hoy en Ginebra.
El texto de 11 páginas –cuya copia obra en poder de Agencia Proceso–, determina que la información que recibió el Comité “ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte” de México, “muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas, incluso iniciadas a partir de la entrada en vigor de la Convención”, el 23 de diciembre de 2010.
Señala que “el grave caso” de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “sometidos a desaparición forzada” en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, ilustra los “serios desafíos” que enfrenta México “en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”.
El Comité de Ginebra “alienta” a México a “aplicar sus recomendaciones” con el fin de asegurar que el marco jurídico existente y su aplicación por las autoridades federales, estatales y municipales sean plenamente compatibles con los derechos y las obligaciones que establece la Convención”.
En ese sentido, plantea que el Estado mexicano podría aprovechar la “oportunidad que ofrece el hecho de que actualmente se están discutiendo diversas iniciativas a nivel legislativo”, y menciona en particular la posibilidad de adoptar una ley general en materia de desaparición forzada, para implementar las recomendaciones.
El Comité recomienda al Estado mexicano “aprobar a la mayor brevedad posible una ley general que regule de manera integral los aspectos de la desaparición forzada contenidos en la Convención”, “tomar las medidas necesarias para contar con un registro único nacional de personas desaparecidas”, o “asegurar que a nivel federal como estatal se ajusten plenamente las obligaciones consagradas en la convención”.