Humberto Musacchio

Caravana con sombrero ajeno

En enero de 2010, el senador panista Guillermo Tamborrel Suárez presentó una iniciativa para que obras literarias y artísticas ya divulgadas puedan “usarse” sin autorización del titular de los derechos de autor ni remuneración alguna cuando se trate de proyectos sin fines de lucro dirigidos a personas con discapacidad.
Tres años después, ya aprobada por los senadores la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, el asunto pasó a la Cámara de Diputados, que la modificó, de acuerdo con los procedimientos parlamentarios, la devolvió al Senado, y éste, hechas las enmiendas necesarias, la turnó de nuevo a los diputados, quienes la aprobaron el pasado martes 10 de febrero y consumaron así un atraco más a los autores.
Parece muy noble despojar a los creadores de sus derechos patrimoniales para beneficiar a la población minusválida, porque según los legisladores, “es corresponsabilidad de ambas cámaras impulsar el acceso a la cultura para las personas con discapacidad, con reformas que contribuyan a la igualdad de derechos”, aunque en este caso el efecto es exactamente el contrario, pues una porción minúscula de la sociedad, y no ciertamente en la opulencia, queda privada de un derecho que la ley le reconoce, lo que se hace sin aviso ni consulta.
Los legisladores arguyen que, “como el número de personas con discapacidad va en aumento”, se requiere articular “políticas que fomenten la inclusión de todos, mediante actividades que promuevan la cultura”. Lo cierto es que no se fomenta la inclusión de todos cuando se excluye del derecho a una fracción social que, salvo excepción, se debate en la inopia y es víctima de múltiples abusos propiciados por una ley que favorece a los tiburones. El despojo propicia la renuencia a emprender una obra de creación, aventura siempre costosa (para el autor) y nunca de beneficio seguro.
La aparente filantropía es una farsa miserable. Si como dicen los congresistas, querían beneficiar a las personas con discapacidad y fomentar la inclusión de todos, tenían las atribuciones constitucionales para destinar una partida del presupuesto a la producción de las obras que están fuera del alcance de los discapacitados porque “usualmente no son publicadas en ediciones o formatos accesibles para ellos”. Pero lejos de actuar responsablemente, prefirieron legalizar el despojo de regalías.
Otra opción era que los senadores y diputados destinaran cada año uno o más días de sus ingresos totales, lo que por supuesto ni siquiera se plantearon. Para qué, si puede arrancarse a los autores el beneficio derivado de la explotación de su obra. Porque se trata de explotación de la obra, sea para regalo, venta o alquiler, para enajenación al público o ediciones no venales destinadas a pocas o muchas personas. Por supuesto, a quienes produzcan industrialmente las obras robadas no le van a negar acceso a su ganancia, porque los industriales y comerciantes, legales o piratas, sí tienen manera de defenderse.
No sobra decir que México tiene para el mundo dos caras: la de sus narcotraficantes y sus políticos ladrones que dibujan una faz vergonzosa para la nación, y de la de creadores como Alfonso Reyes, Diego Rivera, Juan Rulfo, Siqueiros, Octavio Paz, Francisco Toledo, Carlos Fuentes, Fernando del Paso y muchos más que muestran un rostro que se admira y fascina en todas partes y que nos enorgullece a los mexicanos. Todo lo que se niegue a estimular la producción autoral es en perjuicio de México. De ese tamaño es la responsabilidad de nuestros parlamentarios.