Marcial Rodríguez Saldaña

La ONU recrimina a Peña Nieto sobre desaparecidos

El caso de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa sujetos de desaparición forzada desde el 26 y el 27 de septiembre del 2014 en Iguala-Cocula por el Estado mexicano, representado por el presidente Enrique Peña Nieto, ha trascendido las fronteras nacionales ante la falta de credibilidad en la Procuraduría General de la República (PGR), respecto de la forma irregular y parcial en que se ha conducido para proteger a miembros del gobierno federal en la investigación, y en donde ha pretendido establecer una supuesta “verdad histórica” como cosa juzgada sobre los hechos, en cuanto al destino de los alumnos desaparecidos.
1. Los derechos humanos –entre ellos el más importante como lo es la vida–, como parte sustancial de la subsistencia de nuestra especie, han rebasado las fronteras aldeanas de los gobiernos represivos y autoritarios para traspasar los círculos cerrados de estados de indefensión y lograr su máxima protección mediante la participación de los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de sus diversos equipos de trabajo.
2. La Comisión de la ONU para los Derechos Humanos mediante la resolución DCH 20 (XXVI) instauró un grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas desde 1980, el cual está integrado por destacadas personalidades en el campo de la protección a los derechos humanos, expertas en distintas especialidades con amplia experiencia y solvencia moral, en donde participan las diferentes regiones que comprenden las Naciones Unidas: África, Asia, América y Europa, que tiene como marco jurídico la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desaparición forzadas, aprobada por la Asamblea general de la ONU en 1992, y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de 2006.
3. Los días 2 y 3 de febrero de este año, sesionó en Ginebra Suiza este comité de la ONU sobre desapariciones forzadas, a donde acudieron padres de los normalistas desaparecidos, representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de Peña Nieto, para exponer el caso de Iguala-Ayotzinapa. Después de analizar este asunto, el Comité ha presentado un informe que tiene como conclusión general que de la información recibida se desprende que existe en México un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, de las cuales la mayoría pueden clasificarse como desapariciones forzadas, y señala que no hay avances importantes sobre la investigación y sanción a los responsables de las desapariciones forzadas cometidas durante la guerra sucia, ni en cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas.
4. El Comité de la ONU, en su informe establece recomendaciones esenciales para Peña Nieto, entre las que destacan, que se apruebe lo más pronto posible una Ley general sobre desapariciones forzadas; la creación de un registro único de personas desaparecidas con datos confiables que posibiliten la prevención, sanción y erradicación de la desaparición forzada; prevenir la desaparición de migrantes, perseguir a los responsables y proteger a los denunciantes; establecer mecanismos institucionales para buscar a personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, encontrar, respetar y restituir sus restos; y le da un año a Peña Nieto –a más tardar el 13 de febrero de 2016– para que las cumpla.
5. La respuesta de Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al informe y recomendaciones del Comité de la ONU sobre esapariciones forzadas en México, ha sido por demás desafortunada, ya que en vez de seguir el principio pacta sunt servanda en cuanto a las normas internacionales que consiste en que lo pactado se cumple, lo que hizo fue descalificar el informe, justificar las desapariciones forzadas en México y ponerse en evidencia ante la comunidad internacional.
6. Los primeros días de marzo, vendrán a México los miembros del grupo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para cumplir con las atribuciones que tienen producto del acuerdo firmado entre esta organización internacional y el gobierno de Peña Nieto, para analizar si se han realizado todas las acciones para la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y si se ha llevado a cabo correctamente la investigación para procesar y sancionar a todos los responsables, lo cual abrirá una nueva ruta en la investigación y sanción a todos los responsables de las desapariciones forzadas, así como en la localización de los normalistas desaparecidos.

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