El acuerdo entre Abad y Ortega pretende entregar la CRAC al gobierno, denuncian

Coordinadores y consejeros de las casas de justicia de Zitlaltepec, El Paraíso y Cochoapa, donde opera la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC, rechazaron el acuerdo firmado por el coordinador de la casa matriz de San Luis Acatlán, Abad García García y el gobernador Rogelio Ortega Martínez porque no se les consultó, además pretenden entregar el proyecto de la CRAC al gobierno, acusaron.
En un documento enviado a El Sur y firmado por 19 coordinadores y consejeros de las tres casas de justicia que aglutina a 112 comunidades, se informó que luego de reuniones micro-regionales, los integrantes de la CRAC coincidieron en no validar el convenio firmado el 24 de enero, cuando el gobernador entregó el edificio de la sede de la casa matriz al coordinador Abad García.
Expresaron que no fueron tomados en cuenta para discutir el contenido del documento, y que la firma del convenio viola los derechos de los pueblos y las comunidades a la consulta previa, como se establece en la ley 701, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
“Las tres casas de justicia, con 112 comunidades, no validamos dicho convenio que el gobierno quiere imponer a toda costa, condicionando la validez de éste, por las necesidades que prevalecen en cada una de las casas de justicia. Lamentamos que un grupo de coordinadores de las casas de San Luis Acatlán y Espino Blanco hayan firmado dicho convenio, sin consultar a su grupo de comunidades”, se lee.
Los coordinadores lamentaron que ambas casas no hayan consultado a sus 40 comunidades que la integran, si avalaban o no la firma del documento.
Según el documento enviado por los coordinadores de la CRAC de las tres casas antes mencionadas, en las cláusulas del acuerdo redactado por el gobierno del estado que no avalan, se establece el apoyo de peritos oficiales para facilitar las actividades de la CRAC en seguridad, justicia y reeducación; el proceso de formación y capacitación de policías comunitarios para lograr su acreditación y certificación con estándares comunitarios; y que los procesos que no sean de la competencia de la organización sean canalizados al gobierno, haciendo a un lado los sistemas de usos y costumbres.
Los coordinadores por unanimidad rechazan la intención del gobierno del estado de absorber a la CRAC, y que sólo utilice el sistema como “servidumbres” del estado.
Los coordinadores expresan que “en el reglamento interno de la CRAC y la Ley 701 se establece que el Ejecutivo del estado está obligado a apoyar a la institución comunitaria”, y llamaron al gobierno a establecer mesas de trabajo, para discutir un convenio de coordinación y de respeto entre el estado, la federación y el sistema de seguridad y justicia comunitario, para “favorecer la armonía y el bienestar de los pueblos”.
Entre los firmantes están Rolando Romero Benito, Leobardo Castro Morales, Cristóbal Marales Martínez, Serafín Morales López, Salvador López Jiménez, Margarito Ramírez Micaela, Alberto Cirilo, Alfonso Aliva. (Jacob Morales Antonio).