Necesario que el Ifai cuente con mecanismos de sanción y que sus resoluciones sean obligatorias: Acuña Llamas

Agencia Proceso

Tuxtla Gutiérrez

Ante la negativa de la PGR de acatar las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) en asuntos que implican violaciones graves a los derechos humanos, como los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, el órgano de transparencia advierte que echará andar procedimientos ante el Órgano Interno de Control de la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam.
En momentos en que el Senado de la República revisa el dictamen de la Ley General de Transparencia y la PGR recurre a argucias legales para no entregar información sobre estos casos que han captado la atención del mundo, el comisionado del Ifai, Francisco Javier Acuña Llamas, afirma que es necesario dotar al órgano de transparencia de mecanismos de sanción que obliguen a los entes obligados a acatar sus resoluciones.
En entrevista vía telefónica con Agencia Proceso el comisionado acusa que a más de un mes de que el pleno del Ifai instruyó a la PGR entregar a un particular los peritajes de cada uno de los 22 ejecutados en Tlatlaya, Estado de México, la dependencia federal incumplió el ordenamiento legal.
Por ello, dice, se iniciarán los trámites para pedir al Órgano De Control Interno abrir un procedimiento y aplicar la sanción correspondiente.
Esta decisión se dio a conocer el miércoles pasado, el mismo día en que el órgano de transparencia resolvió otro recurso de revisión e instruyó a la PGR entregar a otra peticionario la versión pública de la averiguación previa relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como de los normalistas muertos.
Acuña Llamas relata que el 6 de octubre del año pasado ingresó una solicitud de información a la PGR en la que solicitó: “Copia en versión pública de los peritajes generados por la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México”.
También “copia de los peritajes y otros documentos entregados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por este mismo caso”.
Como era de esperarse, sigue, al emitir su respuesta, en noviembre, la PGR reservó la información con el argumento de que se trataba de una averiguación previa en trámite, por delitos de secuestro, delincuencia organizada y homicidio, en el que están consignados diversos servidores públicos sujetos a proceso penal.
El peticionario interpuso entonces un recurso de revisión ante el Ifai que en la sesión del miércoles 14 de enero pasado, con el voto unánime de los comisionados, resolvió que debería entregar la citada información en un plazo de 10 días hábiles posteriores.
La PGR no sólo no entregó la información en el plazo referido, que era el jueves 5 de febrero, sino que además envió un oficio al Ifai ocho días después, el viernes 13, en el que señaló que la citada averiguación previa ya había sido consignada ante un juez de la causa penal.
En pocas palabras, fustiga Acuña Llamas, “la PGR se burló de la resolución del Ifai, a pesar de que fue categórica como el caso ahora de Ayotzinapa, y se le instruyó la versión pública de los 22 peritajes.
“Desgraciadamente lo que ocurre es que se tardó, y luego ya tarde nos mandó un oficio en el que por desgracia revela otro problema grave relacionado con el caso”, comenta el comisionado.