Acuerdan partidos dar dientes a la ASF en el Sistema Nacional Anticorrupción

*La dependencia ahora podrá realizar revisiones en tiempo real, auditar la adquisición de deuda de los gobiernos locales que usen como garantía fondos federales y podrá conocer de asuntos locales a petición de los congresos de los estados

Los principales grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados anunciaron el acuerdo final para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, tras una negociación en la que el PRI cedió en los puntos que estaban atorados.
Finalmente, el tricolor aceptó la exigencia de que el secretario de la Función Pública sea propuesto por el Ejecutivo y ratificado por las dos terceras partes del Senado.
Además, a esta Secretaría se le cancelarán las facultades de sanción por casos graves, lo que pasará al nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El dictamen será presentado este miércoles en la Comisión de Puntos Constitucionales y llevado al pleno el jueves.
Las bancadas dieron versión distinta sobre la permanencia del actual secretario, Virgilio Andrade Martínez, recientemente nombrado por el Ejecutivo federal.
Mientras el PRD señaló que habría un transitorio para señalar un nuevo nombramiento a partir de la entrada en vigor de la ley, el PRI afirmó que eso no está previsto en la negociación entre partidos.
Otro punto que destrabó la negociación es la atribución a la Auditoría Superior de atraer investigaciones sobre las finanzas estatales y municipales, lo que incluirá la revisión tanto de aportaciones como de participaciones federales.
En la negociación entre coordinadores parlamentarios, también se incluirá la disposición de que serán sancionados los conflictos de interés.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI, confirmó que hay un acuerdo en lo general para que esta misma semana la Cámara de Diputados apruebe esta reforma.
“Trabajar sobre este sistema no ha sido sencillo”, reconoció en conferencia de prensa conjunta, poco usual en San Lázaro.
El perredista Miguel Alonso Raya indicó que la Secretaría de la Función Pública, el Fiscal Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal de Justicia Administrativas serán las instituciones fortalecidas y que se tendrán que coordinar para combatir la corrupción.
“Hemos alcanzado un acuerdo histórico, el acuerdo que hemos logrado es el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción que pondrá a los corruptos en la cárcel y atacar el problema más grave del País que es la corrupción”, dijo el panista Ricardo Anaya.
El predictamen elaborado por la Mesa de Trabajo, que conjugó las propuestas de las distintas fuerzas políticas y de la sociedad civil, establece que la Auditoría también podrá fiscalizar los fideicomisos privados que ejerzan fondos públicos.
“En el caso de los estados y los municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales”, señala el documento.
Agrega que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como los tribunales de lo contencioso en los estados, pasarán a ser tribunales de justicia administrativa y serán los encargados de imponer las sanciones graves a los servidores públicos.
Además, estos órganos, también conocerán de actos de corrupción en el que hayan participado particulares y podrán emitir sanciones en contra de ellos, ya sean personas física o morales.
En el caso del Tribunal Federal, indica el documento, los magistrados serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado.
También se cambia la denominación de las contralorías de los órganos autónomos como la CNDH, el INE, el IFAI, etcétera., por el de Órganos Internos de Control (OIC) y se establece que el titulares de dichos OIC serán designados por la Cámara de Diputados por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
El documento establece la existencia de un Sistema Nacional de Integridad Pública, el cual es coordinado por un Comité, en el cual no figuran el Presidente de la República ni los gobernadores, como en un borrador se propuso y que generó un amplio rechazo de la academia y de la sociedad civil. (Claudia Salazar / Agencia Reforma / Ciudad de México).