Duplican multa al PVEM por actos anticipados de campaña; deberá pagar más de 67 millones

Agencia Proceso

Ciudad de México

Después de casi dos meses de análisis de las quejas contra el PVEM por actos anticipados de precampaña y campaña, así como de sancionarlo por desacato a las medidas cautelares ordenadas por el INE para que frenara su propaganda partidista, el Consejo General del instituto aprobó aumentar la multa a esa fuerza política de 35 millones 720 mil 612 pesos con 52 centavos a 67 millones 112 mil 123 pesos.
Los consejeros votaron por unanimidad este acuerdo propuesto por la consejera Beatriz Galindo a nombre de los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias, los consejeros Adriana Favela y Roberto Ruiz Saldaña.
La justificación de Galindo para aumentar la multa se basó en los dos contratos suscritos por el Verde con Distribuidora y Comercializadora Training y de Grupo Rabokse con Comercializadora Publicitaria TIC, los días 30 de diciembre y 6 pasado.
En el primer contrato se pagaron 17 millones 400 mil 780 pesos y por el último 37 millones 850 mil 884 pesos para promover la propaganda fija “El Verde sí cumple”, “No más cuotas obligatorias en escuelas públicas”, “Cadena perpetua a secuestradores”, “El que contamina paga y repara el daño”, “Los testigos a cadena perpetua” y “Circo sin animales”.
En esa lógica se ordenó al PVEM a suspender la difusión de los “cineminutos”, retirar la propaganda fija y abstenerse de contratar o solicitar la difusión de propaganda con elementos similares, lo que siempre incumplió.
La consejera Adriana Favela destacó que la primera propuesta de sanción fue hecha por el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Carlos Ferrer, quien aseguró haber considerado todos los contratos relacionados con los ‘cineminutos’, y que involucran a Cinépolis y a Cinemex.
Sin embargo, indicó que el martes 3 los integrantes de la Comisión de Quejas revisaron el expediente y se dieron cuenta que el contrato de fecha 30 de diciembre, celebrado entre Distribuidora y Comercializadora Training & Consulting Solutions, y el Partido Verde, no fue tomado en cuenta por Ferrer para la sanción al Verde, lo que tuvo un impacto de 21 millones 391 mil 511 pesos.
Esto, comentó la consejera Favela, “demuestra un notorio descuido y negligencia de Carlos Ferrer en el desempeño de sus funciones, quien de manera dolosa ocultó información a los integrantes de la Comisión de Quejas que era indispensable para determinar la sanción a imponer al Partido Verde”.
Por esto, anunció que de manera personal va a presentar una solicitud formal en su contra, para que la Contraloría que inicie un proceso de investigación.
En contraparte, la consejera Pamela San Martín salió en defensa de Ferrer, a quien elogió “por haber continuado analizando las constancias del expediente y por haber podido advertir elementos nuevos” en este asunto.
Tras anunciar que también presentará una queja contra Carlos Ferrer, el representante del PVEM, Jorge Herrera, calificó como “irrisoriamente ilógica” la multa porque su partido, alegó, nunca ha violado la ley y lo que se está discutiendo sobre la campaña ilegal de sus legisladores para posicionar a este instituto político es “una falacia”.
Además consideró que se trata de una campaña contra el partido por el crecimiento en las preferencias lectorales que ha tenido en los últimos meses.
“Lo que le están poniendo es una mordaza a mi partido”, y aseguró que impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que ha sido cuestionada por revertir las sanciones del IFE, mermar el monto de las multas o desestimar sentencias acusatorias, favoreciendo con todo ello al Verde Ecologista de México.
Y para “demostrar” que sí cumplieron con las medidas cautelares ordenadas por el INE, se instalaron dos pantallas para mostrar imágenes sobre el punto, no obstante, la votación fue unánime sobre el aumento de la multa al PVEM.

Celebra Córdova el regreso de los partidos al INE

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, celebró el regreso a la mesa del Consejo General de los siete partidos políticos que se retiraron el pasado 18 de febrero, luego de acusar al organismo de ser imparcial en sus decisiones para favorecer al PVEM y el PRI.
“Creo que es importante que luego de lo ocurrido en estas dos semanas, todos los actores que estamos sentados en la mesa del Consejo General miremos para adelante, pero con una lógica de aprendizaje institucional de lo que ha ocurrido. Creo que se requiere de una autoridad electoral mucho más transparente y dialogante con los partidos políticos”, indicó en entrevista posterior a la sesión.
Por otra parte, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad los límites del financiamiento privado que recibirán los partidos políticos de sus militantes o simpatizantes, así como las aportaciones a precandidatos y candidatos para el proceso electoral del próximo 7 de junio.
El consejero Benito Nacif explicó el contenido del acuerdo, que se tomó en respuesta a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que el PRD impugnó que en los recursos entregados a los partidos políticos no se tomara en cuenta el Índice de Precios al Consumidor, que redujo el monto de 7 mil millones de pesos.
En entrevista, Nacif explicó que con esta decisión el INE no está obligado a manejar los recursos de los partidos políticos para las campañas electorales y para periodos ordinarios.
El Consejo General también aprobó que los partidos políticos informen continuamente a la autoridad respecto de los contratos de provisión de bienes o servicios que celebren con proveedores durante las campañas electorales, tres días después de haber hecho el contrato.
“Esta disposición contiene uno de los mecanismos a través de los cuales la autoridad podrá transitar de un modelo de fiscalización ex post, que tiene que esperar a que concluya el periodo para hacer la fiscalización, a otro modelo de fiscalización continua en el que se fiscaliza mientras transcurre el proceso en curso”, explicó Nacif.
Esta información, resaltó, es un insumo invaluable para que la autoridad dirija sus esfuerzos a resolver sobre la licitud del uso de los recursos.
El proyecto de acuerdo fue aprobado por la Comisión de Fiscalización en su sesión extraordinaria del pasado lunes 2. En él se precisaba que los partidos enviaran a través de un correo electrónico la versión digitalizada de los contratos en conjunto con un formulario que debían descargar de la página de internet.
No obstante, a raíz de un estudio realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización y los consejeros integrantes de la Comisión de Fiscalización, se determinó que era posible diseñar un procedimiento en concordancia con la ley y que fuese de fácil cumplimiento para los partidos.
De este modo, los institutos políticos podrán centrarse en el registro de operaciones de ingreso y gasto en la aplicación informática que hoy está iniciando su funcionamiento en las entidades con campaña de gobernador, indicó Nacif.