Llevarán ante la CIDH el impacto de la reforma energética sobre la sociedad

Diana Baptista / Agencia Reforma

Ciudad de México

Organizaciones de la sociedad civil denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el impacto de la reforma energética sobre las garantías de la población.
Aroa de la Fuente, del Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, informó que las organizaciones tendrán una audiencia el próximo 20 de marzo, como parte del 154 periodo de sesiones de la CIDH en Washington, Estados Unidos.
“La idea es presentar cuáles son los impactos y los riesgos que la reforma energética va a representar para la garantía de los derechos humanos en México. Creemos que es una buena noticia esta audiencia, sobre todo teniendo en cuenta los dos intentos que se han tenido de denunciar la reforma energética, negadas por la CNDH y por la Suprema Corte”, dijo.
En la audiencia estarán presentes miembros del Centro Prodh, FUNDAR y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, agregó.
Como parte del Conversatorio sobre escenarios en México: derechos humanos, empresas y reforma energética, llevado a cabo en el Centro Prodh, De la Fuente advirtió que la reforma promueve que las empresas accedan a territorios pese a la violación de derechos humanos de sus habitantes.
De la Fuente explicó que, dado que la actividad petrolera es de utilidad pública, y las actividades de exploración y de producción son de interés social, se utilizarán figuras como la expropiación y afectación temporal del territorio, a fin de que las empresas puedan garantizar su acceso pese al rechazo del dueño de la tierra.
También criticó que la reforma promueve la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking, técnica que resulta en la contaminación de acuíferos, fuentes de agua, del suelo y del medio ambiente.
“Los pozos en Estados Unidos tienen una tasa de producción que declina de tres a cinco años, por lo que es necesario moverse a nuevos territorios. A las empresas no les interesa quedarse con las tierras, les interesan contratos de arrendamiento: hacen su explotación, se van y dejan la contaminación en territorios que vuelven a sus dueños”, alertó.
En cuanto al pago por arrendamiento que recibirían los dueños de las tierras, señaló que las empresas sólo deberán pagar por el terreno que utilizan, sin contemplar el daño que hacen al terreno que lo rodea.
Asimismo, aunque podrán recibir un pago por utilidades, De la Fuente indicó que el 80 por ciento de los pozos no son comercialmente viables, por lo cual el dueño del territorio no recibiría un pago.