Carlos Pérez Aguirre

Campañas y descontento social 3

 

Como era de esperarse en una investigación que reuniera los requisitos de objetividad y trasparencia, rigurosidad científica y jurídica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sus expertos, empezó a generar algunos resultados, el primero después de 19 días de trabajos.
Así, hizo un llamado a reanudar la búsqueda de los normalistas desaparecidos hasta ahora. Realizó un exhorto a los jueces a reclasificar el delito de homicidio por el de desaparición forzada y además solicitó realizar entrevistas al personal militar del 27 batallón asentado en Iguala. Tres grandes vertientes que resumen en principio aquellos grandes dilemas e inconsistencias que dejó irresuelta la Procuraduría General de la Republica, o sea: 1. No se cierra la investigación.  2. El delito corresponde al de desaparición forzada, por tanto y como debe ser, corresponde a un delito åde lesa humanidad, que no prescribe para todos aquellos que lo perpetuaron directa e indirectamente y 3. Se ampliará la investigación en diversos sentidos, incluso en el 27 batallón de Iguala.
Adicionalmente el informe de la CIDH solicitó todo la atención a los familiares de las víctimas evitando sean revictimizados.
Lo primero que salta a la vista es que todos aquellos puntos que los padres de los jóvenes desaparecidos solicitaban al Estado mexicano y que en su momento fue rechazado, ahora fueron refrendados por la Comisión Interamericana, pero no como una simple oficialía de partes, sino fundamentada en las investigaciones realizadas por ellos.
Por qué razón sería la pregunta que salta de esos resultados y recomendaciones ¿la autoridad federal generó conclusiones apresuradas, cuando tenía elementos muy cuestionables e investigaciones pendientes? La autoridad federal ve cuestionada seriamente sus conclusiones, aquellas que la determinaron a dar por cerrada la investigación sin haberla –como se observa nuevamente hoy–, concluido ni llegado a la verdad.
Los ciudadanos de Guerrero, como los padres de familia, desconfiamos de esas conclusiones que dio el gobierno federal, y que varios investigadores ya habían cuestionado con diversos elementos científicos. Pero lo que importa es encontrar a los jóvenes, lo que importa es hacer justicia y castigar a todos los responsables, pero al parecer este derecho a la justicia sólo se podrá realizar no por la vía de las autoridades locales –federales o estatales– sino por la presión internacional, así como la investigación realizada por la autoridad local no fue suficiente ni objetiva y por alguna razón sesgada, hoy los resultados de lo hecho por la CIDH seguramente le obligará a rectificar.
Mientras tanto las campañas se ven apagadas y tímidas, en medio de una violencia creciente y sin freno que intimida a todos los ciudadanos, campañas que interesan solo a un pequeño sector de la población por no haber opciones suficientemente creíbles o consolidadas. Todos los candidatos, ellos o sus equipos cercanos, su primer círculo, se encuentra contaminado con personajes conocidos que generan la mayor e las desconfianzas.
Adicionalmente las divisiones internas de los principales partidos son evidentes y no abonan en nada a la necesaria cohesión social que se requiere para enfrentar los diversos y agudos problemas que enfrentamos, y –solo lo enunciaré para en otro momento analizarlo– la posibilidad real de que la elección sea anulada, pues solo se requiere que el 20 por ciento de las casillas no se instalen o funcionen irregularmente.
Y ese porcentaje de acuerdo a la problemática que hoy se observa está totalmente rebasada.
Titishando. El nuevo despotismo que se practica desde el gobierno federal, ahora reduce libertades de expresión, como en la evidente injerencia que cancela el noticiero de Carmen Aristegui, venganza por sus serias investigaciones se dice. Por otra parte ahora se pretende privatizar el agua, un enorme riesgo para todos los ciudadanos de este país. ¿Pri…vatizarán luego el aire…?

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