Humberto Musacchio

México, un país de tortura y muerte

Ya lo sabíamos, pero el relator especial de la ONU sobre tortura, Juan E. Méndez, lo confirmó en su informe sobre México dado a conocer en Ginebra: en nuestro país se aplican tormento y malos tratos durante y después de la detención y se supone que ese infierno termina cuando se pone al detenido a disposición de un juez, lo que no es precisamente cierto.
Para el señor Méndez, en la práctica de la tortura existe evidencia de lo que llama “participación activa” de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y también de las fuerzas armadas. Y más aún: señala la “tolerancia, indiferencia o complicidad” de médicos que no reportan las huellas del suplicio, defensores públicos a los que importa muy poco atender los casos que les encomiendan, fiscales que participan en el tormento o se desentienden de él, pues sólo les interesa proceder a la consignación para olvidarse del caso y hasta del fallo final que dictan jueces abúlicos, burocráticos.
Juan E. Méndez estuvo en México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, lapso en el que recibió “numerosas denuncias verosímiles” de víctimas, familiares y representantes. El relator de la ONU señala que en México resulta extremadamente difícil conocer las cifras reales sobre la práctica de la tortura porque no existe un registro nacional de casos y cada entidad tiene datos propios, además de que –debemos agregar– es difícil que las víctimas acudan ante el Ministerio Público a denunciar el maltrato de que fueron víctimas, ya sea porque permanecen detenidas o porque, debido a lo mismo, el Ministerio Público no le presta atención a las denuncias.
Por otra parte, diversas organizaciones civiles declararon ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que México es un “cementerio humano”, a lo que respondió el canciller José Antonio Meade diciendo que las ONG “escogen los señalamientos más duros y difíciles al hablar sobre la situación en México”, lo que por supuesto no borra el hecho de que la tortura sea un fenómeno generalizado.
En otros escenario, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, declaró que corresponde al poder Judicial definir si cabe calificar el caso de 43 de Ayotzinapa como desaparición forzada, a lo que de inmediato respondió la Procuraduría General de la República que esa definición no le corresponde al juez que lleva la causa, sino a la propia PGR.
Curiosamente, la PGR consignó a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, por secuestro y delincuencia organizada, por lo cual el ilícito no es de lesa humanidad, lo que “favorecería al Estado mexicano ante una eventual demanda ante la Corte Internacional de Derechos Humanos” (Jesús Aranda y Alfredo Méndez, La Jornada, 25/III/2015). Lo anterior significa que el Estado mexicano se cura en salud, pues si cabe calificar de desaparición forzada algún caso ése es, precisamente, el de los jóvenes de Ayotzinapa. Se opta por acusarlo de otros delitos, pues la desaparición forzada no prescribe, y para las autoridades el caso está cerrado. Y tan está cerrado, que ante la inminente llegada de la Semana Santa, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado decidió posponer la comparecencia del citado Gómez Robledo. Total, difícilmente los desaparecidos saldrá a la luz en estos días, pero los señores senadores ya tienen boletos de avión comprados y reservaciones en los destinos donde vacacionarán. ¡Quien fuera senador!