Marcial Rodríguez Saldaña

Iguala-Ayotzinapa: desaparición  forzada

 

Desde que ocurrieron los hechos de los seis crímenes y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, que hasta días después Peña Nieto consideró que era un asunto federal para encomendarle la indagatoria al procurador general de la República –en ese entonces Jesús Murillo Karam–, hemos sostenido que la investigación ha estado plagada de muchas inconsistencias cuyo objetivo ha sido ocultar la verdad de los hechos y proteger a Peña Nieto y a sus funcionarios.
1. La supuesta “verdad histórica” que pretendió imponer Peña Nieto por conducto de Murillo Karam sobre los 43 alumnos desaparecidos en el sentido de que fueron incinerados y así querer cerrar el caso, superar la tragedia, ha dado un vuelco, toda vez que el grupo interdisciplinario de expertos independientes que designó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para darle seguimiento al asunto, en su informe preliminar ha determinado que se debe elaborar un mapa de fosas encontradas y seguir buscando con vida a los normalistas desaparecidos, utilizando todas las tecnologías disponibles, con lo cual el expediente se mantiene abierto.
2. Con el propósito de mantener en el marco de la impunidad este caso, Peña y Murillo habían integrado una averiguación sobre el los normalistas diciendo que se trataría de la comisión de un delito simple de secuestro u homicidio, el cual tiene penalidades menores y elude la responsabilidad del Estado debido a que no protege bienes jurídicos internacionales; sin embargo, los expertos de la CIDH, han concluido que se debe reclasificar el delito tipificándolo como de desaparición forzada, de acuerdo a los estándares normativos internacionales que lo consideran imprescriptible, un crimen de lesa humanidad de trascendencia internacional y cuya sanción recaería en el presidente Enrique Peña Nieto como representante del gobierno mexicano.
3. El gobierno de Peña Nieto se comprometió con la CIDH a que otorgaría todas las facilidades para que los expertos en desapariciones forzadas realizaran sus trabajos, sin embargo lo que han hecho es obstaculizarlas, ya que sólo les han entregado parte del expediente, por lo que han requerido que les den el expediente completo, que resguarden todas las evidencias físicas, mantengan el registro de las violaciones a los derechos humanos, otorguen atención a las víctimas, establezcan políticas públicas frente a la desaparición forzada y la investigación criminal.
4. Los peritos de la CIDH han requerido que se les permita entrevistar a los integrantes del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, quienes conocieron del caso de los crímenes y desaparición forzada de los estudiantes normalistas, ya que estuvieron presentes en algún momento de los hechos, de tal manera que esto conlleve a descubrir cuál es el grado de responsabilidad que tuvieron al omitir actuar para evitar que se cometieran estas graves violaciones a los derechos humanos, lo cual desnudaría las intenciones de Peña Nieto-Murillo Karam de mantener un manto de protección hacia ellos y hacia el Ejército.
5. Jesús Murillo Karam debería ser sancionado por haber llevado a cabo una investigación tendenciosa con el objetivo de proteger y dar impunidad a funcionarios estatales y federales que aún no han sido sometidos a proceso como responsables de los crímenes cometidos y la desaparición forzada de los normalistas, pero en vez de ello Peña Nieto lo premia al nombrarlo secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, lo cual confirma el círculo de complicidades, corrupción e impunidad. El equipo de expertos de la CIDH seguirá con los trabajos de investigación y al plantear desde ahora la tipificación del delito de desaparición forzada, los tribunales internacionales tendrán que condenar por estas graves violaciones a los derechos humanos al Estado mexicano, cuya responsabilidad recaerá en Enrique Peña Nieto.

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