Paran por tercera vez policías y trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad

Exigen la destitución del secretario Marcos Esteban Juárez Escalera, y el cumplimiento del gobierno municipal de cubrir el pago completo de gastos funerarios de 30 mil pesos como se había pactado en la minuta a familiares de los dos policías asesinados en menos de 72 horas

Carlos Moreno A.

Policías municipales, entre viales, turísticos y preventivos junto con trabajadores administrativos pararon labores y realizaron un plantón afuera de la secretaría de Seguridad Pública por tercera vez, para exigir la destitución del jefe policiaco, Marcos Esteban Juárez Escalera y por el incumplimiento del gobierno municipal de cubrir el pago completo de gastos funerarios de 30 mil pesos como se había pactado en la minuta a los familiares de los dos policías asesinados en menos de 72 horas.
Policías denunciaron que el jefe policiaco Juárez Escalera les reclamó que no tener seguro de vida “ no es un pretexto para no salir a trabajar”, lo que generó el acuerdo entre los policías de regresar al plantón y paro de labores.
Desde las 11 de la mañana, los policías municipales que estaban en curso de adiestramiento de armas, proximidad social y derechos humanos salieron de la corporación e instalaron nuevamente el plantón, mientras que los trabajadores administrativos pararon labores en Licencias, Infracciones, Archivo y Peritos en unión a la demandas de los agentes policiacos.
Policías municipales consultados dijeron que familiares del policía vial asesinado el miércoles al medio día en la colonia Progreso, Lucio Hernández Ortiz, acudieron al ayuntamiento y pidieron el dinero para los gastos funerarios, pero les dijeron que sólo les pagarían 15 mil pesos pero no el pago del seguro de vida, el cual no tenían vigente los policías.
Apenas el viernes 20 de marzo, luego que un día antes los policías dieron por terminado el paro laboral de 11 meses y acordaron regresar a dar vialidad a las calles (inició el 28 de julio del año pasado y terminó el 19 de marzo), los agentes no regresaron a trabajar porque no había “garantías de seguridad”, por lo que el gobierno municipal les envió una carta compromiso firmada por el secretario de Seguridad Pública, Marcos Esteban Juárez Escalera; el alcalde, Luis Uruñuela Fey; y el secretario General del ayuntamiento, Francisco Javier Larequi Radilla, la cual no fue aprobada por los policías.
En dicha carta se les decía a los policías que el gobierno municipal se comprometía a tramitar de inmediato el seguro de vida para todo el persona operativo de la secretaría, así como de los directores y secretario”, además “En caso de algún situación o incidente en la cual ocurriera un percance donde resultara lesionado cualquier elemento operativo, le serán cubiertos todos los gastos médicos para su recuperación en el sistema del Sector Salud”.
En caso de fallecimiento de un policía, en dicha carta se indicó que “serán cubiertos todos los gastos funerarios y el pago a sus familiares por la cantidad que corresponda de acuerdo a la forma del fallecimiento”, pero no se precisó el monto del pago. También se indicó que dicha carta compromiso “tiene vigencia hasta el momento de la firma del seguro de vida que se encuentra en trámite”.
Pero los policías regresaron a laborar el sábado 21 de marzo, luego de una reunión privada entre Uruñuela Fey y una comisión de policías encabezada por el abogado de los policías, Jesús Antonio Lemus Beltrán, y el martes iniciaron un curso de adiestramiento.
Los policías consultados también denunciaron que el jefe policiaco Juárez Escalera les reclamó que el no tener seguro de vida “ no es un pretexto para no salir a trabajar”, lo que generó el acuerdo entre los policías de regresar al plantón y paro de labores.
Afuera de la corporación los inconformes volvieron a colocar una lona.
Los policías que regresaron al paro laboral son unos 2 mil, de los cuales en la dirección de la Policía Vial, permanecen unos 400 operativos y 200 son administrativos, mientras que en la dirección de la Policía Preventiva hay unos mil 200 policías, de los cuales unos 200 son turísticos.
Se precisó que 321 policías municipales han sido dados de baja de la corporación porque aceptaron su liquidación de forma “voluntaria”, en su mayoría que ya habían sido notificados de su baja por no aprobar los exámenes de control y confianza, pero no se precisó cuántos viales y preventivos fueron.
Además se indicó que 235 policías ya fueron notificados que serán dados de baja de la corporación pero no han aceptado su liquidación, y 484 policías en su mayoría preventivos están certificados pero faltan por ser evaluados unos 700 policías municipales. Se informó que todos estaban recibiendo el curso de adiestramiento.
En conferencia de prensa ayer en la mañana afuera de la corporación, el abogado de los policías paristas, Jesús Antonio Lemus Beltrán, confirmó la visita de los familiares de los policías asesinados, (uno el miércoles en la colonia Progreso y otro ayer en la madrugada en Renacimiento) al ayuntamiento.
Ahí, el abogado dijo, que en el ayuntamiento les indicaron a los familiares que les pagarían sólo 15 mil peso de gastos funerarios, cuando estaba pactado y firmado en la minuta con el alcalde 30 mil pesos y el pago del dinero por la póliza de seguro sería cubierto por el gobierno municipal, el cual justificaron que eso le corresponde al estado.
“La familia hizo los trámites conducentes a efecto de tener de manera primaria los gastos funerarios les dijeron que ellos sólo iban a responder por gastos funerarios de 15 mil pesos, cuando está pactado 30, porque al estado le corresponde la otra parte, pero el presidente municipal había dicho que el se iba hacer responsable al 100 por ciento de estos compromisos, no sabemos si esté enterado pero su personal batearon a la familia de los policías caídos”, dijo.
Añadió que “es la fecha y la hora que se está esperando que se haga efectivo la entrega de una póliza de seguro de vida para los policías, así como el que sepamos que se está gestionando el seguro social en el rubro 42 –que es más amplio en cuanto a servicios médicos–. Los policías saben que tienen la obligación legal de salir a trabajar porque les están pagando, pero también es cierto que el riesgo que implica su trabajo ellos requieren salir con la certeza que van a recibir el seguro de vida y seguridad social”.
Lemus Beltrán dijo que desde ayer los policías suspendieron los cursos en adiestramiento en armas y proximidad social que iniciaron el martes y los servicios administrativos como pago de infracciones, licencias por tiempo indefinido.
“Hoy (ayer) en la mañana la asamblea de policías ha tomado la determinación de exigir la renuncia, la remoción inmediata del secretario, Marcos Esteban Juárez Escalera, porque ha demostrado ser una persona agresiva y prepotente y no respalda al presidente municipal”, además “de momento se está suspendiendo toda actividad en la secretaría, incluyendo las administrativas; se solidarizan los trabajadores administrativos”.
El jueves 19 de marzo se dio por terminado el paro policías municipales que duró 11 meses, con la firma de un acuerdo entre la comisión de policías municipales encabezados por el abogado, Jesús Antonio Lemus Beltrán, y el alcalde, Luis Uruñuela Fey, en el que regresarían a trabajar 200 policías para dar vialidad pero sin armas y con apoyo de la Gendarmería.
Los policías iniciaron un primer paro de labores el 18 de abril del año pasado, en demanda de mejores condiciones laborales, como un incremento salarial, reactivación del seguro de vida y la destitución del entonces secretario de Seguridad Pública, Alfredo Álvarez Valenzuela, quien finamente renunció 23 días después, y el 10 de mayo dieron por concluido el paro.
Sin embargo, el 28 de julio los policías retomaron el paro de labores e hicieron un plantón afuera de la corporación policiaca, pues denunciaron irregularidades en la aplicación de los exámenes de control y confianza para el Mando Único y pretendían ser despedidos sin una notificación por escrito, además de que les querían pagar menos de liquidación que lo que les correspondía por ley.